Uruguay Al Día
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Escuche la entrevista con Álvaro Quintans.
El campo se plantó luego de que la deuda de Venezuela con Conaprole volviera al centro del debate público tras declaraciones del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, quien afirmó que los más de 60 millones de dólares adeudados por el régimen de Nicolás Maduro están “perdidos”. La frase, pronunciada con liviandad, encendió alarmas en el sector lechero y generó una fuerte reacción de las gremiales, que salieron a marcar distancia de una postura que consideran peligrosa y perjudicial para miles de productores.
En diálogo con Uruguay al Día, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Álvaro Quintans, fue claro aunque extremadamente cauto: la deuda no está cerrada, no puede darse por perdida y las declaraciones del ministro no fueron acertadas. Sin levantar el tono ni entrar en disputas partidarias, Quintans dejó definiciones que exponen una profunda preocupación del sector frente a lo que interpretan como una señal de resignación del Estado.
“La deuda no es de una empresa, es de 1.480 familias”, remarcó Quintans durante la entrevista. Detrás de Conaprole no hay capitales especulativos ni corporaciones extranjeras, sino pequeños y medianos productores, en su mayoría familiares, que sostienen sus tambos con trabajo diario y márgenes cada vez más ajustados. Para ese universo, los fondos adeudados por Venezuela no son una abstracción contable, sino ingresos concretos que impactaron —y siguen impactando— en el precio de la leche, en la viabilidad de las unidades productivas y en la permanencia de familias en el medio rural.
La deuda se originó en 2009, a partir de acuerdos firmados con Corpovex, empresa estatal venezolana encargada de la compra de alimentos. Uruguay cumplió con su parte, exportando productos lácteos a precios de mercado, similares a los que Venezuela pagaba en ese mismo período a gigantes internacionales como Fonterra o a la propia Sancor de Argentina. Ese punto fue especialmente subrayado por Quintans, desmontando uno de los argumentos que circuló desde el ámbito oficial: no hubo sobreprecios ni condiciones excepcionales para Conaprole.
Sin embargo, los pagos nunca llegaron. Con el paso de los años, la deuda se consolidó y hoy existe un juicio internacional en curso contra el Estado venezolano. “Hay un estudio de abogados trabajando, hay una demanda presentada”, recordó el presidente de la ANPL. En ese contexto, afirmar públicamente que la plata está perdida no solo resulta prematuro, sino que debilita la posición negociadora del país.
Consultado por Uruguay al Día sobre el rol del Ministerio de Ganadería, Quintans fue prudente, pero dejó un concepto contundente: “Yo creo que el ministro se equivocó en la declaración”. En el lenguaje gremial uruguayo, poco dado a la confrontación directa, esa frase no es menor. Implica una desautorización clara al enfoque planteado por Fratti, sin necesidad de adjetivos ni estridencias.
El trasfondo del asunto excede lo estrictamente comercial. Dar por perdida una deuda de esta magnitud tiene consecuencias políticas, económicas y sociales. Envía una señal preocupante a los productores, que sienten que el esfuerzo de años puede evaporarse sin que el Estado haga valer sus reclamos. También plantea interrogantes sobre la defensa de los intereses nacionales frente a terceros estados, especialmente cuando el deudor es un régimen con el que Uruguay mantuvo vínculos políticos y comerciales estrechos durante años.
Quintans evitó deliberadamente atribuir responsabilidades partidarias o ideológicas. No habló del Frente Amplio, no mencionó afinidades con el chavismo ni cuestionó al gobierno en su conjunto. Pero su cautela no neutraliza el fondo del mensaje: la deuda no debe darse por perdida y el Estado tiene la obligación de respaldar al sector productivo.
“Uruguay no es un país que dé nada por perdido”, afirmó, apelando a una idea profundamente arraigada en la identidad nacional. Esa frase, sencilla pero potente, resume el sentir de un sector que reclama firmeza, no resignación. Para los productores, aceptar el impago como un hecho consumado equivale a trasladarles el costo del incumplimiento venezolano, algo que consideran injusto e inaceptable.
El impacto social tampoco es menor. Cada dólar que no ingresa por esta deuda es dinero que no circula en el interior del país, que no se reinvierte en tecnología, que no mejora salarios ni condiciones de trabajo. En un contexto de sequías recurrentes, aumento de costos y cierre de tambos, la sensación de desamparo se profundiza.
La entrevista con Álvaro Quintans dejó en evidencia un malestar contenido. No hubo gritos ni acusaciones, pero sí una advertencia clara: minimizar el reclamo daña al sector lechero y compromete la defensa de la producción nacional. La pelota ahora está del lado del Poder Ejecutivo, que deberá decidir si acompaña al sector en el reclamo internacional o si, como temen los productores, opta por el camino más corto: el de bajar los brazos.
En juego no está solo una deuda millonaria, sino la credibilidad del país y la confianza de miles de familias que, todos los días, siguen ordeñando sin saber si el Estado estará a la altura cuando más lo necesitan.