La Policía Nacional concentra el 70,3% de las personas sancionadas disciplinariamente en Colombia entre enero y agosto de 2026, según un análisis publicado por la revista Cambio basado en información de la base de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación. De las 1.268 personas identificadas en el registro, 892 estaban vinculadas a esta institución, mientras que las 376 restantes pertenecían a otros grupos dentro de la base de datos.
Aumento en el número de sanciones
El informe, elaborado a partir de una consulta realizada el 15 de octubre de 2026, también evidenció un incremento en el número de uniformados sancionados en comparación con el mismo periodo del año anterior. La cifra pasó de 642 personas en los primeros ocho meses de 2025 a 892 en 2026, lo que representa una diferencia de 250 y un aumento del 38,9%.
Los datos corresponden a sanciones que empezaron a tener efecto durante ese periodo, pero no necesariamente a faltas cometidas en 2026. Por tanto, la fecha de inicio de la sanción no determina cuándo ocurrieron los hechos que dieron lugar al proceso disciplinario.
Procedencia de la información
Según el medio, la información proviene del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (Siri), administrado por la Procuraduría General de la Nación. Esta plataforma agrupa antecedentes sobre sanciones y restricciones para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado. Los registros incluyen decisiones reportadas por diversas autoridades, entre ellas, las dependencias disciplinarias de la Policía Nacional.
Por esta razón, que una sanción aparezca en el sistema no implica que haya sido impuesta directamente por la Procuraduría. La institución también registra decisiones adoptadas por otras autoridades competentes.
Número de sancionados y tipo de medida
Para determinar el número de personas sancionadas, la revista revisó los tipos y números de documento y contabilizó a cada persona una sola vez, incluso si tenía varias decisiones registradas. El análisis incluyó servidores y exservidores públicos, así como particulares sujetos a sanciones. La cifra de 1.268 personas corresponde a los antecedentes disponibles en la base consultada el 15 de octubre de 2026, la cual puede actualizarse conforme las autoridades reporten decisiones y novedades.
Entre enero y agosto de 2026 comenzaron a producir efectos 933 decisiones disciplinarias contra policías, según los datos analizados. La medida más frecuente fue la destitución acompañada de inhabilidad general para ejercer funciones públicas, presente en 635 decisiones. La segunda modalidad más común fue la suspensión con inhabilidad especial, registrada en 292 decisiones. Las seis restantes correspondieron a multas.
Distribución geográfica de las sanciones
En cuanto a la distribución territorial de las 933 decisiones disciplinarias contra uniformados, Bogotá lideró la lista con 187 registros. Le siguieron Antioquia con 119, Valle del Cauca con 91 y Atlántico con 87. Estos cuatro territorios sumaron 484 decisiones, un poco más de la mitad del total analizado.
Atlántico experimentó el mayor incremento en comparación con el mismo periodo de 2025. Los registros pasaron de 29 a 87 entre enero y agosto de cada año, lo que significa que se triplicaron, sumando 58 decisiones adicionales. En Bogotá, las decisiones aumentaron de 135 a 187, lo que representa una diferencia de 52. Magdalena también registró un incremento al pasar de 16 a 45, mientras que Norte de Santander pasó de 14 a 37.
Por el contrario, las cifras disminuyeron en Huila, donde los registros bajaron de 21 a nueve, y en Putumayo, que pasó de 17 a cuatro.
La Policía Nacional cuenta con la Inspección General y otras dependencias disciplinarias encargadas de examinar las conductas de sus integrantes y determinar si incumplieron con sus deberes. La Procuraduría General de la Nación también puede investigar a los uniformados y asumir procesos en manos de otras autoridades mediante la facultad conocida como poder preferente.
En consecuencia, las sanciones incluidas en el sistema Siri pueden tener origen en diferentes autoridades. La presencia de una decisión en la base de la Procuraduría no implica que ese organismo haya adelantado el proceso o impuesto la medida directamente. Cuando una sanción incluye una inhabilidad vigente, la persona queda impedida para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado, de acuerdo con el alcance de la decisión.
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