Distribuidoras de gas natural solicitan al gobierno una modificación en la Ley 32315 para potenciar la masificación
Las distribuidoras de gas natural del norte del Perú han solicitado al Gobierno que modifique la Ley 32315, la normativa que estableció la tarifa nivelada para el sector, con el objetivo de restituir el límite de consumo de 900 mil metros cúbicos mensuales contemplado en la propuesta original del Poder Ejecutivo. La petición responde a una caída significativa en las conexiones nuevas y a una reducción en las reservas probadas de gas del país.
Informe advierte disminución en conexiones y reservas de gas natural en Perú
Según un informe de Promigas, empresa matriz de Quavii —que agrupa las concesiones de Gases del Pacífico en Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca, y de Gases del Norte del Perú en Piura—, la masificación del gas se ha visto frenada, ya que las nuevas conexiones disminuyeron de 279 mil en 2024 a 147 mil en 2025. Además, las reservas probadas de gas cayeron a 6.639 giga pies cúbicos, reflejando una disminución en la disponibilidad del recurso.
Contexto de la masificación del gas en Lima y recomendaciones para ampliar el mercado regional
Para entender por qué la ausencia de una tarifa nivelada puede limitar la expansión fuera de Lima, es importante analizar cómo se masificó el servicio en la capital peruana. El gas de Camisea llegó desde Cusco a través de un sistema de ductos y contó desde un inicio con grandes consumidores, principalmente las centrales termoeléctricas de Chilca. Esta demanda estable y de alto volumen justificó inicialmente las inversiones en transporte y distribución, permitiendo que las redes se expandieran hacia hogares, comercios e industrias en Lima y Callao a través de la empresa Cálidda.
En las regiones, la situación es diferente. La menor presencia de industrias y comercios de alto consumo, junto con la utilización de gas natural licuado (GNL) o gas natural comprimido (GNC) transportado por carretera, encarecen el proceso y dificultan la viabilidad económica de nuevas inversiones. Aunque la Ley 32315 buscaba cerrar la brecha de precios entre Lima y las regiones, su restricción a un límite de 50 mil metros cúbicos mensuales en la compensación excluye a clientes con demandas mayores, como industrias y grandes comercios, que serían clave para sostener una expansión a largo plazo.
El impacto de la ley y los desafíos aún pendientes
La Ley 32315, publicada en abril de 2025, pretendía reducir las diferencias tarifarias y facilitar el acceso al gas natural en provincias, pero su restricción a un máximo de 50 mil m³ mensuales excluye a los grandes consumidores. Promigas argumenta que esta limitación impide que las concesiones regionales sean económicamente viables, ya que sin demandas de escala, no hay incentivos suficientes para ampliar la infraestructura regional, lo que afecta también la seguridad del suministro y la inversión futura. Hasta ahora, aún no se ha reglamentado plenamente la ley, lo que limita su implementación.
El informe del sector gas natural en Perú 2026 señala que, aunque el acceso al gas ha seguido creciendo, la tasa de nuevas conexiones disminuyó a 147 mil en 2025, comparada con 279 mil en 2024. A fin de año, el país contaba con 2,59 millones de conexiones, representando el 25% de la población, pero todavía con amplias áreas sin cobertura suficiente. La cobertura en Lima y Callao sigue siendo la más alta, con Cálidda sumando 2,08 millones de clientes y concentrando cerca del 80% de las nuevas conexiones del año.
Por otro lado, la disparidad en tarifas industriales y el incremento en los costos de transporte fuera de Lima y Callao dificultan la expansión del gas natural en el interior del país. Hasta diciembre de 2025, el costo del gas en Lima y Callao fue de 6,4 dólares por MMBTU, mientras que en la concesión Norte alcanzaba los 12,9 dólares y en la Sur Oeste, los 17,5 dólares. Estas diferencias de precios reflejan los mayores costos de transporte y las menores economías de escala en las regiones.
Promigas ha planteado que la tarifa nivelada debe ser temporal y vinculada a metas verificables, como la incorporación de nuevos usuarios, extensión de redes y disminución de costos, para estimular la inversión y la expansión del mercado regional. La modificación del límite de consumo en la ley podría ser crucial para que los grandes consumidores se integren a la red y contribuyan a sostener la infraestructura del gas en todo el país.
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