Detención de Luisa González en Ecuador y reacciones políticas
La excandidata presidencial y líder de Revolución Ciudadana, Luisa González, fue detenida este jueves por las autoridades ecuatorianas, en un acontecimiento que fue inicialmente denunciado por el expresidente Rafael Correa y posteriormente confirmado por la propia política. La Fiscalía informó que las detenciones se realizaron en el marco de una investigación por supuesta financiación política y gastos electorales durante la campaña presidencial de 2023.
Rafael Correa expresó en redes sociales: «¡Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta! Ecuador vencerá», aunque no proporcionó detalles adicionales sobre su situación. Horas después, González emitió un comunicado en el que confirmó su arresto y acusó a las autoridades de llevar a cabo una persecución política, denunciando un contexto de «dictadura» en el país.
Acusaciones y denuncia de persecución política
En su declaración, González afirmó que la situación en Ecuador se ha vuelto insostenible y acusó al gobierno de Daniel Noboa de sumergir al país en un estado de desastre económico, violencia y corrupción. La líder de Revolución Ciudadana sostuvo que las acciones del gobierno también implican una constante violación de libertades y persecución política, además de denunciar el maltrato y tortura a los presos políticos.
González agradeció la solidaridad recibida, calificó las acusaciones en su contra de «absurdas» y prometió responder con la dignidad de las ecuatorianas y ecuatorianos que, según afirmó, luchan por la libertad y un mejor futuro. También hizo un llamado a la unidad de su partido y las fuerzas progresistas del país, asegurando que la democracia llegará, eventualmente, a restablecerse en Ecuador.
Detalles del proceso judicial y cuestionamientos al caso
Según información de la Fiscalía ecuatoriana, las autoridades policiales llevaron a cabo órdenes de detención en las provincias de Pichincha y Manabí, dirigidas a tres personas investigadas por presunta participación en delitos de blanqueo de capitales. Sin embargo, la Fiscalía identificó a un total de siete personas en el proceso, entre ellas Wendy Onofre, secretaria del Movimiento RETO (Lista 33), quien se entregó voluntariamente en la provincia del Guayas.
El primer vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, aclaró que el caso no está vinculado a la época electoral y que las investigaciones corresponden a una causa previa. La Fiscalía investiga el denominado caso Laberinto, referido a presuntas irregularidades en la financiación política y en el gasto en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, particularmente sobre inconsistencias en los aportes y la procedencia de los recursos.
Contexto y denuncias de irregularidades
La denuncia principal proviene de Diana Atamaint, expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien indicó que González habría infringido normas electorales al no declarar documentalmente los fondos de campaña, aunque posteriormente las multas fueron saldadas y el caso archivado. No obstante, en junio pasado, la Fiscalía reabrió la investigación por presunto blanqueo de capitales y vinculó a otras cuatro personas relacionadas con la campaña de González.
Desde Revolución Ciudadana y la defensa de la excandidata han declarado que la detención es arbitraria e inconstitucional, denunciando violaciones a las garantías del debido proceso y a los derechos humanos. La organización responsabilizó al gobierno y a las instituciones del orden por su integridad física, psicológica y vida, alertando sobre una posible instrumentalización de la justicia y las fuerzas de seguridad contra la oposición política, en lo que calificaron como una forma de Lawfare.
Las reclamaciones incluyen una petición urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intervenir, y el rechazo a la falta de información clara sobre el paradero de González y el acceso de sus abogados a la detenida. La situación continúa siendo objeto de atención y controversia en el país.






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