Helen Cartwright
El desvío de fondos del Potenciar Trabajo en la vecina orilla ha alcanzado niveles de desfachatez que, incluso para los que estamos acostumbrados al ruido político argentino, resultan difíciles de digerir. En un intento desesperado por evitar el banquillo, Leandro Kebleris —procesado como pieza clave en una trama que salpica al Polo Obrero— puso sobre la mesa una cifra que marea: casi 88 millones de pesos. Sin embargo, en una resolución que pone un freno a la soberbia del dinero, la Justicia le cerró la puerta en la cara. No hubo «reparación integral» que valga para un daño que, según el juez Sebastián Casanello, es social y no meramente contable.
Kebleris está bajo la lupa por ser uno de los administradores de Coxtex S.A., una empresa que, según la investigación, funcionó como una verdadera «fábrica de facturas truchas». La maniobra es de una bajeza moral absoluta: se emitieron boletas apócrifas para justificar gastos inexistentes y, de esa forma, desviar el dinero que debía llegar a los más vulnerables hacia las arcas de la militancia y la campaña electoral. Este esquema de desvío de fondos del Potenciar Trabajo no es un error de gestión, es un plan sistemático para financiar la política con la plata de la gente que no tiene para comer.
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La trampa de las facturas apócrifas y el «curro» político
El mecanismo del desvío de fondos del Potenciar Trabajo funcionaba con una precisión quirúrgica para el mal. A través de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor, se presentaron facturas por servicios de prensa y publicidad que nunca existieron. Mientras miles de familias argentinas esperaban un apoyo para salir de la indigencia, los recursos se licuaban en esta red de «gerentes de la pobreza. Kebleris pretendía que, con el pago de esos 88 millones, la acción penal se extinguiera, una jugada que el magistrado calificó como una «salida privatizadora» inaceptable para un delito contra el Estado.
Es indignante ver cómo se intentó tratar este saqueo como si fuera un simple choque de autos donde se arregla con el seguro. Casanello fue tajante: aquí se afectaron bienes jurídicos de la sociedad en su totalidad. Aceptar el dinero hubiera sido mandar un mensaje nefasto: que en el Río de la Plata, si tenés la billetera gorda, podés robarle al Estado y después comprar tu impunidad en cómodas cuotas. El desvío de fondos del Potenciar Trabajo frustró planes de inclusión social y autonomía económica, dejando a miles de personas en la estacada mientras los dirigentes sociales hacían caja.
Belliboni y la sombra de la extorsión a los beneficiarios
La causa por el desvío de fondos del Potenciar Trabajo no se queda solo en los papeles de Kebleris. El tramo principal ya tiene a Eduardo Belliboni, el polémico líder del Polo Obrero, rumbo al juicio oral. Pero ojo, que la cosa se pone más oscura: la Cámara Federal no solo confirmó el fraude, sino que sumó las figuras de «amenazas coactivas» y «extorsión». Hay evidencia de que a los beneficiarios de los planes se les exigía ir a las marchas y aportar parte de su magro subsidio bajo la amenaza de perder la ayuda estatal. Es, literalmente, usar el hambre como látigo.
Desde nuestra perspectiva uruguaya, donde la transparencia es un valor que defendemos a capa y espada, ver este nivel de clientelismo resulta escalofriante. El dinero que Kebleris ofreció para «zafar» es una migaja comparado con la degradación institucional que estos grupos provocaron. El desvío de fondos del Potenciar Trabajo dejó al descubierto una estructura donde los pobres son usados como escudo humano para proteger los intereses económicos de una élite de «artivistas» que viven del presupuesto público.
Un juicio que debe servir de escarmiento regional
Con el rechazo a la oferta de Kebleris, la causa se encamina a un debate oral que promete ser histórico. Este segundo tramo del expediente se unirá al principal, donde 16 personas deberán rendir cuentas. La sociedad argentina reclama que el castigo sea ejemplar y que la plata robada vuelva a donde tiene que estar. El desvío de fondos del Potenciar Trabajo es la prueba de que, cuando no hay controles, la solidaridad se transforma en un negocio para unos pocos vivos que se llenan la boca hablando de los necesitados mientras les meten la mano en el bolsillo.
La ruta del dinero está trazada: empresas pantalla, convenios espurios y una ambición sin límites. La justicia tiene ahora la oportunidad de demostrar que la ley no tiene precio. Kebleris, Belliboni y todos los responsables del desvío de fondos del Potenciar Trabajo deben entender que la impunidad no se compra, ni siquiera con 88 millones de pesos. Es hora de que el banquillo de los acusados sea el lugar donde terminen quienes hicieron de la miseria ajena su medio de vida.
¿Es posible desmantelar estas estructuras clientelares cuando los que deberían controlar son socios del mismo sistema de corrupción?