Desencuentros y dudas financieras envuelven a la delegación argentina en la CARU

El freno uruguayo a una inversión «disparatada»

La diplomacia de los ríos suele ser un terreno de acuerdos silenciosos, pero la actual gestión compartida atraviesa un temporal de desconfianza. La delegación argentina en la CARU ha protagonizado en los últimos meses una serie de desencuentros con sus pares uruguayos, llevando el vínculo a un punto de crispación que no se veía desde los peores años del conflicto por las pasteras. El detonante principal fue una propuesta de la contraparte vecina para utilizar fondos de reserva del organismo internacional en la repavimentación de rutas nacionales dentro del territorio argentino.

Específicamente, la delegación argentina insistió en destinar US$ 15 millones para obras en la ruta 136, que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos. La delegación uruguaya, bajo la presidencia de Cecilia Bottino y en consulta directa con la Cancillería en Montevideo, rechazó de plano la iniciativa. El argumento fue jurídico y técnico: el mantenimiento de carreteras nacionales excede las competencias de la comisión administradora, y financiar obras provinciales argentinas con dinero del dragado y peajes compartidos resultaba, a ojos uruguayos, un absoluto despropósito.

Gastos de representación y decretos «ad honorem»

Pero el roce por las obras públicas es solo la punta del iceberg de una gestión que despierta dudas sobre su transparencia. Existe una polémica creciente en torno a los haberes que perciben los representantes argentinos. Según el decreto de nombramiento firmado por el presidente Javier Milei, los delegados argentinos asumen sus funciones de forma «ad honorem», manteniendo sus sueldos originales. Sin embargo, el presidente de dicha delegación, Raúl Luis Montero, solicitó formalmente que los gastos de representación —unos US$ 8.500 mensuales por miembro— sean depositados en una cuenta bancaria en Montevideo.

Este pedido ha generado una sombra de sospecha sobre la misión argentina, especialmente cuando trascendió que un chofer de la institución realizaría viajes mensuales para retirar el dinero en efectivo sin un destino final claro. Uruguay ha tomado una distancia prudencial, entendiendo que el manejo de los fondos de la contraparte es una cuestión interna argentina, pero el malestar es evidente. No corresponde que un organismo binacional se vea envuelto en suspicacias sobre retornos de dinero o falta de apego a los propios decretos presidenciales.

Desaires diplomáticos y la interna de Entre Ríos

La tensión escaló hasta lo simbólico durante los festejos por los 50 años del puente Paysandú-Colón. En un hecho calificado como un «desaire», ningún miembro de la presencia argentina  se hizo presente en el acto oficial, argumentando razones de «austeridad». Para los delegados uruguayos, la ausencia fue una factura cobrada por la negativa a financiar la ruta 136. Este tipo de gestos antipáticos dificulta la toma de decisiones en temas cruciales, como el dragado del río Uruguay a 34 pies, una obra vital para la competitividad del puerto de Fray Bentos.

Fuentes consultadas señalan que los integrantes argentinos es, además, rehén de una interna política feroz en el país vecino. El presidente Milei evitó nombrar a representantes de la provincia de Entre Ríos, rompiendo con una tradición de cercanía territorial, y colocó a figuras con la misión de «limpiar» cualquier rastro del kirchnerismo en el organismo. Esta politización extrema de una comisión técnica afecta la imagen de la gestión y posterga debates necesarios sobre la integración regional y el cuidado del recurso hídrico compartido.

El hidrógeno verde en el centro de la escena

Como si los problemas administrativos no fueran suficientes, la delegación argentina en la CARU también debe lidiar con la presión social por la futura planta de hidrógeno verde en Paysandú. El proyecto de la empresa HIF ha generado resistencia en Colón, donde una fiscal federal ya inició acciones por presunto «daño ambiental visual». Aunque Uruguay ha solicitado a la empresa incluir el impacto en la margen argentina en sus estudios, la coordinación binacional se ve entorpecida por el clima de hostilidad que impera en las reuniones de comisión.

Uruguay mantiene una postura de apertura al diálogo, pero firme en el respeto a los estatutos. La delegación argentina en la CARU parece estar más preocupada por resolver sus disputas domésticas y asegurar fondos de representación que por cumplir con el mandato de administrar el río con eficiencia. Mientras tanto, la Cancillería uruguaya observa con preocupación cómo un organismo estratégico se convierte en una fuente constante de titulares polémicos y sospechas de irregularidades financieras que ya han llegado a los estrados judiciales de la provincia de Entre Ríos.

¿Podrá la CARU recuperar su rol técnico y profesional antes de que las internas políticas terminen de dinamitar la cooperación binacional en el río Uruguay?