El senador filipino Ronald Dela Rosa se encuentra en las instalaciones del Senado, buscando evitar su detención tras la reciente publicación de una orden de arresto en su contra. Esta orden, emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI), se había mantenido en secreto desde noviembre del año pasado.
La Sala de Cuestiones Preliminares I del TPI ha confirmado la existencia de esta orden, que acusa a Dela Rosa de crímenes de lesa humanidad cometidos entre julio de 2016 y abril de 2018. Durante este periodo, se estima que al menos 32 personas perdieron la vida en el marco de la controvertida campaña contra las drogas impulsada por el expresidente Rodrigo Duterte, de quien Dela Rosa fue un cercano aliado.
El tribunal ha encontrado “motivos razonables” para considerar a Dela Rosa como coautor indirecto del crimen de lesa humanidad de asesinato. Según el comunicado del TPI, el senador participó en un plan que abarcó desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 16 de marzo de 2019, cuyo objetivo era eliminar a presuntos delincuentes, incluidos aquellos vinculados al consumo, venta o producción de drogas.
En el periodo mencionado, Dela Rosa ocupó varios cargos en la Policía Nacional de Filipinas, incluyendo el de jefe de la institución desde julio de 2016 hasta abril de 2018. Su rol fue clave en la implementación de la política de Duterte, que, según datos oficiales, dejó un saldo de 6.000 muertos, aunque organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra podría alcanzar hasta 30.000.
La Fiscalía del TPI ha expresado su satisfacción por la difusión de la orden de arresto, recordando que fue emitida originalmente bajo secreto. La investigación en torno a Dela Rosa se enmarca dentro de un proceso más amplio que también involucra a Duterte, quien enfrenta cargos similares por su papel en la misma campaña.
En medio de esta situación, Dela Rosa ha buscado refugio en el Senado, donde ha sido protegido tras un intento fallido de detención. El presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, ha confirmado que el senador cuenta con amparo, mientras que su abogado, Israelito Torreon, sostiene que no puede haber detención sin una orden judicial explícita en Filipinas.
La situación política en el país se complica aún más con la reciente candidatura de Sara Duterte, hija del expresidente, a las elecciones presidenciales de 2028. Esta noticia ha generado un runrún en la sociedad filipina, donde Duterte aún mantiene una base de seguidores leales.
El TPI ha decidido mantener bajo custodia a Duterte en La Haya, a la espera del inicio de su juicio por crímenes contra la humanidad relacionados con la misma campaña. El pasado 23 de abril, la corte confirmó todos los cargos en su contra, lo que ha intensificado el debate sobre su detención y entrega en Filipinas.
La situación de Dela Rosa y Duterte refleja un contexto político tenso en Filipinas, donde la lucha contra las drogas ha sido un tema divisivo. La comunidad internacional observa de cerca los acontecimientos, mientras que en el país, la polarización entre los partidarios y detractores de la política de Duterte se hace cada vez más evidente.
La orden de arresto contra Dela Rosa ha reavivado el debate sobre la justicia y los derechos humanos en Filipinas, un tema que ha estado en el centro de la atención global desde el inicio de la guerra contra las drogas. La respuesta del gobierno y la sociedad civil ante estos acontecimientos será crucial en los próximos meses.
La situación sigue evolucionando, y la atención se centra en cómo se desarrollarán los eventos en el Senado y en el TPI, donde la justicia internacional busca hacer frente a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad en Filipinas.
La orden de arresto fue emitida el 6 de noviembre de 2022.
