La comparecencia de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, ante el Parlamento no despejó el humo; por el contrario, parece haberlo espesado. El caso de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo, ya no es solo un expediente judicial sobre una negligencia médica con desenlace fatal. Se ha convertido en una crisis política de manual, donde la gestión ministerial quedó bajo la lupa tras una decisión que, para muchos, es inexplicable: la rebaja de cinco a tres años en la inhabilitación profesional de la médica.
Desde las bancadas opositoras, la sensación es de desconcierto absoluto. En los pasillos del Palacio Legislativo, se comenta que la defensa de la ministra no logró articular un argumento técnico que convenciera a los presentes. El legislador Lema fue tajante tras la sesión: “Hay una pérdida de confianza”. Y no se trata solo de una frase hecha para la tribuna; es el reflejo de un quiebre en la relación entre el Ministerio de Salud y los actores que observan el cumplimiento de las normas éticas en la medicina.
La renuncia que marcó un antes y un después
No es común que una comisión técnica clave renuncie en bloque. Cuando la mayoría de los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública dieron un paso al costado tras la resolución ministerial, el mensaje fue claro: no estaban dispuestos a avalar un criterio que contradecía lo que consideraban una sanción justa y proporcional. Esa escena, la de los escritorios vacíos y las firmas retiradas, fue el verdadero termómetro del malestar.
Mientras tanto, en la esfera cotidiana, los pacientes se preguntan por qué se flexibilizaron las penas para alguien que, mediante un proceso abreviado, admitió haber cometido una falta que terminó con la vida de una persona. La percepción de una justicia “para unos pocos” se instaló en las conversaciones de los pasillos médicos y en los grupos de redes sociales donde el caso se sigue paso a paso.
Un error de cálculo político
La estrategia de Lustemberg de presentarse en el Parlamento buscaba, en teoría, poner paños fríos. Pero el resultado fue el opuesto. Las explicaciones sobre los fundamentos de la rebaja de la sanción parecieron no calar ni siquiera en sus aliados políticos más cercanos. En política, cuando las explicaciones generan más preguntas que certezas, el terreno se vuelve pantanoso.
La oposición aprovechó el desconcierto. Cada contradicción detectada entre las decisiones de la ministra y las normas preestablecidas fue marcada como un punto de inflexión. Para el observador externo, la situación se siente como un juego de ajedrez donde el Ministerio ha perdido varias piezas clave y ahora intenta sostener la posición con argumentos que, a la vista de los resultados, parecen estar agotados.
¿Qué se juega ahora?
La crisis de confianza no es un detalle menor. La salud pública depende, en última instancia, de la credibilidad de sus autoridades. Si el ciudadano siente que las reglas de juego pueden cambiar según el escritorio donde se firme la resolución, la arquitectura de control se tambalea. El daño a la imagen del Ministerio, y en particular a la figura de su titular, parece profundo.
¿Logrará Lustemberg recuperar el mando de la situación o el caso Miralles será el ancla que termine de hundir su gestión? Por lo pronto, el Parlamento seguirá siendo el escenario de este pulso. Mientras tanto, afuera, la familia de la paciente, Soledad Barrera, sigue esperando que las instituciones funcionen no solo en los expedientes, sino en la ética que debe regir toda la práctica médica en Uruguay.
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