Giuseppe Rinaldi
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La cruda realidad de la crisis demográfica en Uruguay
Uruguay se encuentra en un punto de inflexión donde los números dejan de ser estadísticas para transformarse en una señal de alarma social. La actual crisis demográfica en Uruguay es la más profunda de su historia reciente, marcada por un fenómeno donde los habitantes ya no solo emigran, sino que el crecimiento natural se ha vuelto negativo. En el año 2024, los registros oficiales indicaron poco más de 29.000 nacimientos, una cifra que queda muy por debajo de las 35.000 defunciones reportadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Sin embargo, si se aplica una mirada técnica y ética más rigurosa, la cantidad de vidas que el país pierde anualmente asciende a cifras mucho más escalofriantes. Al sumar los 12.232 abortos registrados bajo el amparo de la ley vigente en ese mismo periodo, la mortalidad real del país superaría las 47.000 personas por año. Este desbalance es el motor principal de la dificultad poblacional en Uruguay, donde la pérdida de capital humano parece estar siendo gestionada, o incluso incentivada, por las propias políticas de Estado.
El impacto de la ley de interrupción del embarazo desde 2012
Desde que se aprobó la Ley 18.987, el país ha transitado un camino donde la interrupción voluntaria del embarazo se ha vuelto una práctica normalizada y financiada públicamente. Entre 2012 y 2024, se han realizado más de 117.000 abortos, lo que representa aproximadamente el 3,4% de la población total actual. Este dato es central para entender el desafío demográfico en el país, ya que estamos hablando de una generación entera que nunca llegó a nacer y que hoy debería estar integrándose al sistema educativo y social.
El argumento científico es ineludible: desde el momento de la concepción, existe un ADN único y diferenciado de los progenitores, lo que constituye una vida humana independiente. La situación poblacional crítica en Uruguay se agrava cuando el derecho a decidir sobre el propio cuerpo se coloca sistemáticamente por encima del derecho a la vida, el cual es la base de todos los demás derechos civiles. Esta desvalorización de la vida prenatal tiene consecuencias directas en la estructura poblacional de un país que se encoge a pasos agigantados.
Consecuencias económicas y el colapso previsional
Las repercusiones de la crisis demográfica en Uruguay no se limitan al plano ético o biológico, sino que golpean directamente el corazón de la economía nacional. Hoy las empresas y el sector productivo se quejan de la falta de mano de obra nacional calificada, una carencia que es el resultado directo de haber «matado» a miles de potenciales trabajadores en la última década. El shock de sentido común que necesita el país pasa por entender que sin nacimientos no hay futuro productivo posible.
Por otro lado, el sistema de jubilaciones se encamina hacia un colapso inevitable. Se critica constantemente que las pasividades son bajas, pero se ignora que la Complicación demográfica nacional está eliminando a los futuros aportantes que deberían sostener la seguridad social. El Estado uruguayo parece estar en una paradoja: mientras busca parches migratorios para compensar la falta de gente, permite y promueve la eliminación de sus propios compatriotas antes de que vean la luz del sol.
Un futuro comprometido por la falta de población
El debate sobre la población uruguaya en situación crítica suele desviarse hacia la migración, pero poco se habla de la responsabilidad estatal en la gestión de la vida. Se ha instalado una cultura donde la muerte parece ser la respuesta a problemas sociales o económicos, afectando tanto a los más indefensos en el vientre materno como a los jubilados que enfrentan carencias en el tramo final de sus vidas. El país no necesita simplemente que vengan extranjeros, necesita valorar y proteger a los uruguayos que están por nacer.
La sostenibilidad del Uruguay como nación soberana depende de su capacidad para revertir estas tendencias. Si la crisis demográfica en Uruguay continúa su curso actual, el peso de una población envejecida y una base juvenil inexistente hará que el país sea inviable económicamente en menos de dos décadas. Es imperativo que la política nacional de un giro de 180 grados y empiece a fomentar la natalidad con el mismo ímpetu con el que hoy se facilitan las interrupciones.
¿Es posible pensar en un Uruguay próspero y desarrollado cuando el Estado avala la pérdida de más de 11.000 potenciales ciudadanos cada año bajo el rótulo de la libertad individual?