En un clima de creciente urgencia, alimentado por la prolongada y brutal naturaleza del conflicto en Ucrania, la Unión Europea avanza con determinación en el debate sobre una propuesta que hasta hace muy poco tiempo parecía improbable y legalmente arriesgada: utilizar los activos soberanos rusos, congelados por las sanciones, para financiar de manera directa y sostenida la defensa y la eventual reconstrucción del país invadido. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este miércoles desde Copenhague que existe un “consenso creciente” entre los veintisiete estados miembros para que sea Rusia, y no únicamente los contribuyentes europeos, quien asuma la colosal factura económica y humana de la guerra que inició. Este cambio de paradigma refleja no solo una necesidad financiera acuciante, sino también una voluntad política de hacer que el agresor rinda cuentas de una forma tangible y sin precedentes.
“Rusia es la responsable, ha causado el daño y debe rendir cuentas”, declaró von der Leyen a la prensa en el marco de la cumbre informal de líderes europeos, sentando las bases de un argumento que es tanto moral como económico. La propuesta, que la Comisión defiende con vehemencia como una “vía legal sólida”, está diseñada para esquivar las profundas complejidades del derecho internacional que, tradicionalmente, protegen los activos soberanos de una confiscación directa. En su lugar, se plantea un ingenioso mecanismo financiero: utilizar los miles de millones de euros pertenecientes al Banco Central ruso, que se encuentran inmovilizados en diversas instituciones financieras europeas, principalmente en Bélgica, como una garantía colateral para un préstamo masivo destinado a Kiev. La clave de este mecanismo, según explicó la presidenta, es que “Ucrania deberá devolver este préstamo si Rusia paga las reparaciones”. De esta forma, la responsabilidad final del reembolso recaería sobre el agresor, creando un incentivo para que Moscú cumpla con sus obligaciones de reparación en un futuro acuerdo de paz.
La jefa del Ejecutivo comunitario subrayó que el apoyo a Ucrania está “blindado” y que, en un momento crucial en que el régimen de Vladimir Putin “pone a prueba” de forma constante la determinación y la unidad del bloque, es fundamental mantener un “sentido común de urgencia y unidad”. La idea de movilizar estos fondos no es completamente nueva, pero ha ganado una tracción significativa en las últimas semanas ante la imperiosa necesidad de asegurar un flujo de financiación estable y predecible para Kiev, cuyos recursos se ven mermados por el desgaste de la guerra. Alemania, una de las economías más influyentes y a menudo cautelosas del bloque, ha mostrado un respaldo claro a esta iniciativa. El canciller Olaf Scholz ha defendido públicamente una fórmula similar, que implicaría un préstamo de unos 140.000 millones de euros, una cifra que podría cambiar drásticamente la capacidad de resistencia de Ucrania, a devolver únicamente si Moscú indemniza a Kiev al finalizar el conflicto.
Desde los países bálticos, cuya proximidad geográfica e histórica con Rusia les confiere una perspectiva única sobre la amenaza, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, una de las voces más firmes y consistentes contra el Kremlin, insistió en la necesidad de actuar con la máxima celeridad. “Estamos trabajando sobre esta iniciativa para avanzar lo más rápido posible”, admitió, aunque reconoció con franqueza que el camino diplomático no está completamente despejado. “No todos los estados miembros están ahí, no tiene el apoyo de todos aún. No puedo poner un plazo, pero intentamos ir lo más rápido posible”, remarcó, evidenciando las intensas negociaciones que todavía se libran a puerta cerrada entre las capitales europeas para alinear posturas y mitigar los riesgos percibidos.
Las principales dudas y la resistencia más notable provienen de Bélgica, un país que juega un rol absolutamente central en este debate, ya que en su territorio, a través de la cámara de compensación Euroclear, se encuentra la mayor parte de los fondos rusos inmovilizados. El primer ministro belga, Alexander De Croo, ha expresado serias y fundamentadas reservas sobre la legalidad y, sobre todo, las posibles consecuencias a largo plazo de una medida de este calibre. La semana pasada, advirtió de forma contundente que un movimiento así “nunca ocurrirá”, argumentando el enorme riesgo de sentar un precedente peligroso para la estabilidad financiera global. “Si los países ven que la plata de los bancos centrales puede desaparecer cuando los políticos europeos lo consideren oportuno, podrían decidir retirar sus reservas de la eurozona”, razonó. Esta potencial fuga de capitales, según teme Bruselas, podría desestabilizar la moneda única y dañar irreparablemente la reputación de Europa como un refugio seguro y predecible para las inversiones internacionales.
En una postura más intermedia, buscando un equilibrio entre la audacia y la prudencia, se encuentra Francia. Su presidente, Emmanuel Macron, afirmó que cualquier opción que finalmente se acuerde debe ser “operativa” y “no tener ninguna debilidad” desde el punto de vista legal, para evitar futuros desafíos en tribunales internacionales. Si bien consideró positivo el impulso político de la Comisión, también se hizo eco de las preocupaciones belgas sobre la confianza en el sistema financiero. “Los europeos necesitamos seguir siendo un lugar atractivo y fiable. Cuando se congelan unos activos, se respeta el derecho internacional, y eso es lo que ha recordado el primer ministro belga”, argumentó Macron, en un intento por conciliar la necesidad de apoyar a Ucrania con la obligación de preservar la arquitectura financiera del continente.
Mientras tanto, otros socios como Suecia y Finlandia, ambos recientemente incorporados a la alianza atlántica y muy conscientes de la amenaza rusa, circularon un documento conjunto para dejar en claro su apoyo inequívoco a la propuesta. En el texto, defienden que usar los activos rusos es una medida vital para “fortalecer la defensa de Ucrania” y para sentar las bases de su eventual reconstrucción. “La supervivencia de Ucrania y la seguridad de Europa dependen de que se cubran sus necesidades financieras y de defensa de manera sostenible”, sentenciaron, pidiendo que la Unión juegue un “papel central” para proporcionar a Kiev una financiación “previsible y suficiente”. El debate, cargado de implicaciones geopolíticas y financieras, está sobre la mesa, y la decisión que tomen los líderes europeos en los próximos meses definirá no solo el futuro del apoyo a Ucrania, sino también las reglas no escritas del sistema financiero internacional para las décadas venideras.
