Federica Conti
El costo de vida en Uruguay se ha transformado en una suerte de condena inevitable para quienes habitamos este suelo. Sin embargo, las explicaciones que emanan desde las oficinas del Ministerio de Economía suelen ser, cuando menos, insultantes para la inteligencia del contribuyente. Nos dicen que somos caros porque somos pocos o porque los salarios son «demasiado altos», una falacia que confunde la fiebre con la enfermedad. La realidad es que Uruguay no es caro por un designio divino o geográfico; es caro porque cargar con la estructura de un Estado elefantiásico tiene un precio que se paga cada vez que pasamos por la caja del supermercado.
Esta narrativa oficial busca desviar la mirada del verdadero responsable: un gasto público desbocado que se financia a base de una presión fiscal asfixiante. Mientras los países pequeños más exitosos del mundo, como Suiza o Singapur, utilizan su tamaño como una ventaja competitiva de agilidad, nosotros lo usamos como excusa para el inmovilismo. El problema no es el tamaño del mercado, sino la voracidad de un sistema que confisca más de la mitad de lo que genera un trabajador bajo el disfraz de una «solidaridad» que rara vez llega a quienes realmente lo necesitan.
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El peso del Estado en el costo de vida en Uruguay
Para entender por qué nos cuesta tanto llegar a fin de mes, hay que mirar hacia las torres de los monopolios estatales. El costo de vida en Uruguay está artificialmente inflado por las tarifas de empresas como ANCAP, UTE y OSE, que operan sin la presión de la competencia. Estos organismos funcionan muchas veces como agencias de recaudación encubiertas, donde el ineficiente manejo de los recursos se traslada directamente al precio del combustible o de la luz. A esto se le suma un IVA del 22%, uno de los más altos de la región, que castiga por igual al que tiene y al que no tiene, encareciendo la canasta básica de forma brutal.
El elevado costo de vida en Uruguay refleja la ineficiencia estatal.
El peso impositivo no termina ahí. El IRPF, con sus escalas progresivas que penalizan el esfuerzo, y el IASS, que grava a quienes ya aportaron toda su vida, terminan de erosionar el poder de compra. Es un sistema diseñado para ordeñar al sector productivo para mantener una burocracia que no para de crecer. La regulación excesiva y las barreras arancelarias actúan como un muro que impide que los beneficios del comercio internacional lleguen al consumidor final, manteniendo precios de «primer mundo» con servicios que muchas veces dejan mucho que desear.
Productividad estancada y el costo de vida en Uruguay
Un salario real elevado solo es sostenible si hay un crecimiento genuino de la productividad. En nuestro país, el costo de vida en Uruguay corre a una velocidad que los sueldos no pueden alcanzar porque la eficiencia del trabajo está estancada. La intervención estatal, muchas veces aliada con cúpulas sindicales que parecen vivir en otra realidad, ha desconectado las remuneraciones del rendimiento real. Subir salarios por decreto sin una contrapartida en la producción de bienes y servicios solo genera inflación, esa ladrona silenciosa que termina empobreciendo a los sectores más vulnerables.
La falta de capitalización es evidente. Desde la Revolución Industrial sabemos que el progreso productivo es lo único que eleva la calidad de vida. Sin embargo, en sectores clave donde el gobierno mete la mano —salud, educación, energía y transporte— los costos se disparan mientras la calidad se estanca. El capital no se queda donde se lo castiga; se va hacia mercados donde la inversión es respetada y no vista como un botín de guerra para redistribuir una riqueza que, si no se crea primero, termina siendo una redistribución de la miseria.
El desmedido aumento del empleo público directo
Los datos son demoledores y no admiten interpretaciones ideológicas. Mientras la población uruguaya apenas creció un 2% en los últimos 25 años, el empleo público aumentó un escandaloso 35%. La mayor parte de este incremento se dio bajo las administraciones del Frente Amplio, con un pico notable durante la gestión de José Mujica. Este ejército de funcionarios debe ser mantenido por un sector privado cada vez más pequeño y asfixiado, lo que impacta directamente en el costo de vida en Uruguay.
En los países desarrollados, el gasto en alimentación ronda el 14% del presupuesto familiar; en Uruguay, esa cifra es significativamente mayor para gran parte de la población. Esa diferencia es ahorro que se pierde, es inversión que no se hace y es futuro que se hipoteca. La redistribución del ingreso mediante impuestos confiscatorios no genera riqueza, solo cambia de manos un dinero que, en manos del Estado, suele gastarse con una ineficiencia pasmosa. Es urgente una reforma que elimine monopolios, reduzca el gasto político y devuelva al ciudadano la soberanía sobre su propio sueldo.
¿Hasta cuándo podrá sostenerse un sistema donde el Estado consume la mayor parte de lo que produce su gente antes de que el motor productivo se funda definitivamente?