Marília Soares
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El asalto a la caja de los trabajadores
La confianza en el movimiento obrero organizado está sufriendo un embate sistémico. Los informes que emergen desde los tribunales y las asambleas gremiales dibujan un escenario de corrupción sindical en Uruguay que supera cualquier antecedente reciente. Lo que comenzó como rumores de pasillo en las obras y hospitales se materializó en 2025 en denuncias penales concretas, auditorías externas lapidarias y la expulsión de dirigentes históricos que, durante décadas, se presentaron como la reserva moral de la clase trabajadora.
En el centro de la tormenta aparecen el SUNCA y la FUS, dos de los gremios más poderosos y con mayor capacidad de movilización del país. Sin embargo, detrás de la mística de la lucha de clases, se habría tejido una red de apropiación indebida de fondos. Los datos aportados por la Justicia y el Ministerio de Educación y Cultura sugieren que la corrupción sindical Uruguay no fue solo un desvío de dinero para beneficio privado, sino también un combustible ilegal para el financiamiento de campañas electorales del Partido Comunista del Uruguay (PCU).
La causa Fosvoc y el drenaje en la construcción
El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) se encuentra en el ojo de la tormenta judicial por la denominada «causa Fosvoc». Según el fiscal Gilberto Rodríguez, se constató un desvío de al menos 1.200.000 dólares pertenecientes al Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción. Esta maniobra del SUNCA corrupción incluía el uso de cheques sin respaldo, transferencias bancarias no autorizadas y el cobro de prestaciones a nombre de personas inexistentes, lo que revela una planificación delictiva de alto nivel.
La investigación ya produjo condenas penales para ex dirigentes como Santiago Bernaola y Bruno Bertolio. No obstante, el impacto político es mayor: declaraciones de los propios involucrados señalan que parte de ese botín se utilizó para financiar la campaña de la lista 1001 en los comicios de 2024 y 2025. Nombres de peso como Óscar Andrade y Daniel Diverio han sido salpicados por testimonios que los ubican como figuras que, al menos, estaban en conocimiento de estas irregularidades estatutarias, lo que motivó una amonestación formal del MEC en enero de 2026.
El fin de la era Bermúdez y el lujo en la salud
Si lo del SUNCA fue una operación de ingeniería financiera, lo ocurrido en la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) se asemeja más a un feudo personal. Jorge «Fogata» Bermúdez, quien lideró el sindicato por un cuarto de siglo, fue expulsado en octubre de 2025 tras una auditoría que reveló hechos de la FUS auditoría fondos difíciles de digerir para el afiliado promedio. Se detectó que fondos sindicales terminaban en cuentas personales de Bermúdez y del ex secretario de finanzas, Héctor Dos Santos.
Los lujos descritos en la investigación interna son obscenos frente a la realidad de los trabajadores de la salud. Un despacho personal con aire acondicionado central, un automóvil BMW de alta gama con chofer a disposición del gremio y el pago de pasajes aéreos para familiares con la caja de la FUS son solo algunos de los hallazgos. Este nivel de corrupción sindical en Uruguay derivó en una asamblea donde el otrora intocable dirigente fue abucheado y expulsado, dejando paso a una denuncia penal que hoy duerme el sueño de los justos en los despachos fiscales.
Impunidad y lentitud en los juzgados
A febrero de 2026, la percepción ciudadana es de una alarmante parsimonia judicial. Si bien en el caso del SUNCA hubo procesamientos, el grueso de la trama política y el destino final de los millones desviados siguen sin aclararse del todo. La corrupción sindical en Uruguay parece gozar de un blindaje que dificulta el avance de las pericias sobre los nexos con el financiamiento partidario. Ni el PCU ni el propio Bermúdez han ofrecido una explicación pública coherente que limpie la imagen de una dirigencia que hoy es vista con sospecha por sus propios representados.
La demora en las investigaciones fiscales no hace más que alimentar la indignación de los trabajadores que ven cómo sus aportes, deducidos mes a mes de sus salarios, terminaron financiando BMWs y afiches electorales. El Ministerio de Educación y Cultura ha sido contundente en sus observaciones, pero la sanción administrativa es apenas un rasguño frente a la magnitud del robo. El sistema democrático uruguayo se enfrenta al reto de demostrar que la corrupción sindical en Uruguay tiene consecuencias reales, caiga quien caiga, para recuperar la legitimidad de la herramienta gremial.
¿Podrá el sindicalismo uruguayo depurar sus filas de manera real o estamos ante el inicio de una crisis de representatividad sin retorno para las dirigencias comunistas?