Contrato de Cardama: Graciela Bianchi eleva pedido de informes por reuniones en Presidencia

La política nacional no conoce de descansos veraniegos y el inicio de 2026 lo confirma con una jugada de alto voltaje parlamentario. La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, presentó formalmente un pedido de informes dirigido a la Presidencia de la República con el fin de arrojar luz sobre las negociaciones en curso por el contrato de Cardama. La legisladora nacionalista apunta directamente a los encuentros mantenidos entre el Poder Ejecutivo y el abogado Gonzalo Fernández, quien actúa en representación del astillero español encargado de construir las patrullas oceánicas para la Armada Nacional.

En el documento, que fue entregado a la presidenta de la Comisión Permanente, Bettiana Díaz, Bianchi cuestiona la opacidad que, a su juicio, rodea los últimos movimientos vinculados al contrato de Cardama. La senadora pretende conocer con exactitud cuántas reuniones se llevaron a cabo en la Torre Ejecutiva, quiénes fueron los asesores presentes y, fundamentalmente, si el presidente Yamandú Orsi participó personalmente en alguno de estos encuentros con el representante de la empresa extranjera.

Las dudas sobre las garantías en el contrato de Cardama

Uno de los puntos más sensibles que Bianchi puso sobre la mesa refiere a la garantía de fiel cumplimiento, un requisito que ha sido el talón de Aquiles del contrato de Cardama desde su concepción. La legisladora pretende saber si Fernández trasladó alguna propuesta, aunque fuera de carácter verbal, para sustituir o modificar dicha garantía, que ha sido cuestionada técnicamente en reiteradas oportunidades. En el pedido de informes se exige detallar en qué consistieron esas propuestas y cuál fue la respuesta oficial del gobierno de Orsi ante tales planteos.

La desconfianza de la oposición radica en la posibilidad de que se estén flexibilizando condiciones contractuales para evitar la caída de una compra que ya viene con demoras y ruidos administrativos importantes. Para Bianchi, es imperativo que el país sepa si el contrato de Cardama sigue siendo beneficioso para las arcas públicas o si se están haciendo concesiones que comprometen la seguridad jurídica del Estado uruguayo en la adquisición de estas unidades navales imprescindibles para el patrullaje de nuestra zona económica exclusiva.

El marco legal del pedido de informes por el contrato de Cardama

La solicitud de la senadora se ampara en el artículo 70 de la Ley de Presupuesto Quinquenal, que entró en vigencia precisamente este 1º de enero de 2026. Esta normativa refuerza la obligación de Presidencia y todas sus reparticiones de proporcionar datos e informes a los legisladores en plazos perentorios. El contrato de Cardama se convierte así en uno de los primeros temas de fricción bajo este nuevo marco legal, que busca agilizar la transparencia y el control parlamentario sobre las decisiones del segundo piso de la Torre Ejecutiva.

Dado que el Parlamento se encuentra en receso, el trámite fue canalizado a través de la Comisión Permanente. Ahora, el equipo de Yamandú Orsi dispone de un plazo máximo de 60 días para remitir toda la información solicitada sobre el contrato de Cardama. En caso de que se venza ese periodo sin una respuesta satisfactoria, Bianchi podrá reiterar el pedido, obligando a la cámara respectiva a hacer suyo el reclamo, lo que acortaría los tiempos de respuesta a tan solo 15 días adicionales bajo apercibimiento de responsabilidad política.

Un escenario de confrontación por el contrato de Cardama

Este movimiento de Bianchi no es un hecho aislado, sino que marca el tono de lo que será el control de la oposición sobre la gestión de las empresas públicas y las compras estatales de gran porte. El contrato de Cardama ha sido un flanco abierto de críticas desde el periodo anterior, y el hecho de que el astillero español haya contratado a una figura de la talla de Gonzalo Fernández —exministro y referente jurídico del Frente Amplio— agrega una capa de suspicacia que los nacionalistas no están dispuestos a ignorar.

La Armada Nacional aguarda con urgencia la llegada de los buques, pero la arena política parece estar lejos de calmarse. La incertidumbre sobre si las patrullas oceánicas llegarán en los plazos previstos o si el contrato de Cardama terminará naufragando en medio de cuestionamientos legales es el gran interrogante de este verano. Mientras Bianchi espera las respuestas de Orsi, el debate público se traslada a la conveniencia de seguir adelante con un astillero que, según informes técnicos previos, no tendría la solvencia inicialmente declarada para cumplir con el encargo.

¿Será capaz el gobierno de Yamandú Orsi de despejar todas las dudas sobre el contrato de Cardama antes de que la presión parlamentaria desgaste la imagen de su equipo económico y de defensa?