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Contrabando de cigarrillos en Salto: operativo de Aduanas y detención del camión
La Dirección Nacional de Aduanas ejecutó un operativo en el kilómetro 462 de la Ruta 3, donde interceptó un camión de la empresa DAC que trasladaba mercadería ilegal. La acción fue resultado de un trabajo de inteligencia que permitió identificar movimientos sospechosos en la zona norte del país.
Descubren 280.000 cigarrillos en el operativo de contrabando en Salto
Durante la inspección se detectó un pallet cubierto con bolsas negras. Al abrir los paquetes en el depósito de la empresa, ubicado en la ciudad de Salto, se hallaron 28 cajas con 280.000 cigarrillos valuados en $3.080.000, según informó la DNA.
Fiscalía investiga vínculos y posible participación de funcionarios en el contrabando
El fiscal Augusto Martinicorena dispuso revisar cámaras de vigilancia y rastrear el origen de los paquetes. La hipótesis principal es determinar si hubo participación de funcionarios en el envío o si el chofer desconocía el contenido de la carga.
La Dirección Nacional de Aduanas incautó un camión con 280.000 cigarrillos de contrabando en Salto. Foto: Dirección Nacional de Aduanas.
Contrabando de cigarrillos en Salto y su impacto en la economía local
Este caso evidencia la persistencia del contrabando de tabaco en el norte del país. Las autoridades sostienen que las bandas aprovechan la diferencia de precios con Brasil y Paraguay para introducir cigarrillos ilegales al mercado uruguayo, afectando la recaudación fiscal y la competencia comercial.
Impacto económico y repercusiones del contrabando en Uruguay
El contrabando de cigarrillos en Salto no solo representa un delito aduanero, sino también una seria amenaza para la economía formal del país. Según estimaciones de la Dirección Nacional de Aduanas, este tipo de maniobras genera pérdidas millonarias al Estado, afectando la recaudación fiscal y favoreciendo el comercio ilegal. Además, las marcas de tabaco registradas denuncian una competencia desleal que distorsiona los precios en el mercado interno y perjudica la producción nacional.
En los últimos años, Uruguay ha intensificado sus controles fronterizos, especialmente en zonas como Artigas, Rivera y Salto, donde las rutas del contrabando son más activas. Sin embargo, las redes criminales han sofisticado sus métodos, utilizando empresas legales como fachada, tal como ocurrió en este caso con el camión de encomiendas.
El Ministerio del Interior y la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos analizan ahora si este cargamento forma parte de una operación mayor vinculada a organizaciones internacionales. La investigación busca determinar si hubo participación de funcionarios públicos o privados y rastrear el origen exacto de los cigarrillos.
Más allá del caso puntual, el operativo en Salto refuerza la necesidad de políticas integrales de control, cooperación regional y campañas de sensibilización sobre el daño económico y social que provoca el contrabando.
La Dirección Nacional de Aduanas informó que continuará fortaleciendo los operativos de control en rutas estratégicas, con el objetivo de desarticular las redes de contrabando que operan en el litoral. Además, se coordinarán acciones con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para establecer responsabilidades y determinar si el caso de contrabando de cigarrillos en Salto forma parte de un circuito mayor de tráfico ilícito.
El fiscal Augusto Martinicorena, a cargo del caso, aseguró que se están analizando los registros de cámaras de seguridad, las rutas de despacho y las guías de transporte emitidas por la empresa involucrada. También se solicitaron peritajes sobre el origen de los cigarrillos incautados, para determinar si provienen de Paraguay, un país identificado como principal fuente de productos de contrabando en el Cono Sur.
El caso, que sorprendió por la magnitud del cargamento y la participación indirecta de una firma de encomiendas reconocida, reaviva el debate sobre los mecanismos de control logístico y la responsabilidad de las empresas transportistas frente a envíos ilegales.
Más allá de las sanciones legales, el episodio pone sobre la mesa un desafío recurrente para Uruguay: cómo frenar el flujo constante de contrabando sin afectar la operativa comercial legítima.