El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció este lunes 31 de agosto de 2026 en Montevideo que existió una «confusión» en las declaraciones del presidente Yamandú Orsi respecto al retiro de la acción judicial en Argentina vinculada a la instalación de la planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú.
El mandatario había afirmado el pasado viernes durante la inauguración de obras en la Ruta 4, a la altura de Guichón, que la denuncia penal en el vecino país había quedado sin efecto, calificándolo como un avance diplomático en materia de confianza bilateral. Sin embargo, la fiscal argentina Josefina Minatta ratificó que el expediente continúa su curso en los tribunales.
Aclaración sobre el diferendo en Paysandú y la causa judicial
Sánchez explicó en diálogo con Informativo Sarandí que el malentendido se originó al superponerse dos expedientes distintos planteados desde la vecina orilla. Por un lado, las objeciones formales presentadas por la provincia de Entre Ríos debido al impacto visual y la ubicación original sobre el río Uruguay fueron descartadas tras el traslado de la planta a un predio de Ancap.
Por otro lado, el jerarca detalló que la acción penal impulsada por la fiscal Minatta responde a cuestionamientos de sectores contrarios al hidrógeno verde y sus potenciales efectos ambientales. «Eso se sustanciará en la Justicia argentina», indicó el secretario de Presidencia, al tiempo que remarcó que las decisiones adoptadas en territorio nacional son estrictamente soberanas.
Repercusiones políticas y negociaciones pendientes
El proyecto industrial, que contempla desembolsos superiores a los US$ 5.000 millones, todavía aguarda la firma definitiva de su contrato de inversión. Uno de los temas centrales en la mesa de trabajo con la compañía es el acuerdo con UTE para el abastecimiento y la transmisión eléctrica, dado que la demanda prevista equivale a casi toda la capacidad actual de fuentes renovables del país.
En paralelo, Sánchez cruzó con dureza a los dirigentes del Partido Nacional que cuestionaron a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, por las demoras en las tratativas. El representante del Ejecutivo retrucó que la iniciativa había sido presentada formalmente en 2022 por la administración anterior sin haberse concretado contratos definitivos, señalando que el actual gobierno prioriza la seguridad jurídica y las garantías técnicas.
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