El futuro del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, se encuentra bajo un fuerte foco político y ético. La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) decidió actuar de oficio ante denuncias de un posible conflicto de intereses, luego de que se confirmara que el jerarca combina su cargo con actividades médicas en mutualistas privadas. El caso abrió una discusión que trasciende lo jurídico y se instala en el terreno de la credibilidad institucional.
Requisitos previos para comprender el conflicto
Para analizar esta situación es esencial comprender el marco normativo uruguayo sobre incompatibilidades públicas. La Constitución, en su artículo 200, prohíbe a los directores de entes autónomos ejercer funciones privadas vinculadas con la institución que dirigen. A su vez, el Código de Ética en la Función Pública (Ley 19.823) extiende esa limitación a toda relación que pueda generar un beneficio particular o afectar la imparcialidad del cargo.
En este contexto, la Jutep evalúa si el ejercicio simultáneo de Danza en La Española, Cams y Médica Uruguaya vulnera estas normas, dado que ASSE mantiene contratos con dichas instituciones.
Estructura del conflicto de intereses
Durante la gestión de Danza, ASSE realizó contrataciones directas con mutualistas donde él ejerce como médico. Según el sitio de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, se registran adquisiciones a Médica Uruguaya, Cams y La Española.
Estas operaciones, aunque dentro de los márgenes administrativos, podrían configurar una situación de incompatibilidad funcional.
Por ejemplo, el 25 de julio de 2025 se realizó una compra directa a Médica Uruguaya por $70.386,10, y el 15 de agosto, otra a Cams por $107.417. En noviembre, ASSE contrató a la Asociación Española por un insumo de laboratorio. Estas transacciones despertaron cuestionamientos de la oposición, que considera que existe una vulneración directa del principio de conflicto de intereses.
Postura del gobierno
El oficialismo cerró filas en defensa de Danza. El presidente Yamandú Orsi, la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg y el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez aseguraron que no se configuró una irregularidad ética. Lustemberg afirmó que “no hay conflicto de interés directo ni indirecto”, y que las relaciones entre ASSE y las mutualistas son limitadas y sin convenios significativos.
Sin embargo, desde la coalición republicana, se insiste en que la interpretación de la norma debe ser estricta para preservar la confianza en la administración pública.
Desarrollo ampliado del caso y su impacto político
El debate sobre el conflicto de intereses que rodea a Álvaro Danza no solo tiene implicancias legales, sino también éticas y políticas. Su figura, hasta hace poco reconocida por la eficiencia administrativa dentro de ASSE, se encuentra hoy en el centro de una controversia que expone los límites del sistema de control institucional en Uruguay. La Jutep, que actúa de oficio, busca determinar si la doble función del jerarca vulnera los principios de imparcialidad y transparencia que deben regir la función pública.
Este tipo de situaciones no es nuevo en la política uruguaya. En los últimos años, varios jerarcas enfrentaron cuestionamientos similares por ejercer simultáneamente cargos públicos y actividades privadas relacionadas con sus funciones. Sin embargo, el caso Danza adquiere una relevancia especial por tratarse del mayor prestador estatal de salud del país, un área sensible donde la confianza ciudadana resulta esencial.
Mientras tanto, dentro del oficialismo se multiplican las posturas. Algunos legisladores prefieren esperar el dictamen final de la Jutep antes de tomar decisiones políticas, mientras que otros consideran necesario revisar las normas de incompatibilidades para evitar interpretaciones ambiguas. Desde la oposición, la coalición republicana insiste en que el conflicto de intereses está claramente configurado, y que la permanencia de Danza debilita la credibilidad institucional.
Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la transparencia pública también han intervenido en el debate, señalando la importancia de fortalecer los mecanismos de control preventivo. Según estas entidades, la discusión no debería centrarse únicamente en la culpabilidad de un funcionario, sino en la capacidad del Estado para anticipar y evitar los riesgos éticos que derivan de la superposición de funciones.
En términos jurídicos, el fallo de la Jutep podría sentar precedente. Si se confirma la incompatibilidad, implicará que ningún jerarca de entes estatales podrá ejercer actividades privadas relacionadas, aun cuando no exista vínculo directo con la gestión. Esto generaría una reinterpretación más estricta de los límites entre lo público y lo privado, fortaleciendo la cultura de integridad en la administración uruguaya.
Por otro lado, si la resolución resulta favorable a Danza, el gobierno de Yamandú Orsi saldría políticamente fortalecido al defender con éxito la conducta de su jerarca. No obstante, quedará abierta la discusión sobre la necesidad de reformar la legislación para reducir las zonas grises que permiten la coexistencia de funciones potencialmente conflictivas.
En cualquier escenario, este conflicto de intereses marcará un antes y un después en la gestión ética del Estado. Su desenlace será una señal clara sobre cómo Uruguay, país reconocido por su institucionalidad sólida, enfrenta los dilemas modernos de la transparencia y la responsabilidad pública.
