En el país existen 3 millones 209 mil 261 personas con discapacidad, según el Censo Nacional del 2017. (Foto: Andina)
Observaciones sobre el presupuesto para personas con discapacidad
La presidenta del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), Mercedes Villalobos, advirtió que los gobiernos regionales no estarían cumpliendo con la asignación presupuestal establecida por ley para atender a esta población. Como ejemplo, mencionó el caso de Cusco, donde —según indicó— se habría destinado una cantidad muy inferior a la que correspondería por norma.
Durante una entrevista televisiva por el Día de la Persona con Discapacidad en el Perú, Villalobos señaló que las autoridades regionales y locales deben destinar el 1% de su presupuesto institucional de apertura (PIA) a iniciativas dirigidas a las personas con discapacidad.
Cumplimiento de la ley en la asignación de recursos
La obligación está establecida en la Ley N.° 32139, publicada el 22 de octubre de 2024. La norma dispone que el 0,5% del presupuesto se destine a obras y acciones para mejorar la accesibilidad de la infraestructura urbana, mientras que el otro 0,5% debe financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios de las oficinas regionales y municipales de atención a las personas con discapacidad.
Villalobos detalló casos como el de Cusco. Según sus declaraciones, el Gobierno Regional cuenta con un presupuesto de aproximadamente S/3.520 millones, por lo que le correspondería destinar alrededor de S/35 millones a los dos ámbitos contemplados en la ley.
Sin embargo, la funcionaria afirmó que este año solo se habría asignado medio millón de soles, una cifra que, de acuerdo con su explicación, estaría muy por debajo del monto que debería reservarse para estas iniciativas.
Impacto de la falta de recursos en la población
La presidenta del Conadis sostuvo que la falta de recursos repercute en la implementación de medidas de accesibilidad y en la disponibilidad de servicios dirigidos a esta población.
Entre las necesidades pendientes mencionó la adecuación de espacios públicos, el acceso al empleo y la creación de centros de cuidado diurno. Estos últimos permitirían que las familias que tienen a su cargo a una persona con discapacidad cuenten con alternativas de atención mientras realizan sus actividades laborales.
Capacitación y concienciación de nuevas autoridades
Ante la próxima incorporación de nuevos alcaldes y gobernadores regionales, Mercedes Villalobos señaló que se coordinará con el Ejecutivo la capacitación de las autoridades electas para que conozcan la obligación de destinar recursos a la atención de las personas con discapacidad.
La presidenta del Conadis insistió en que la falta de presupuesto no responde a la ausencia de recursos previstos por ley, sino a la decisión de las autoridades de no asignarlos. “La persona con discapacidad no necesita estirar la mano para decir: ‘Dame presupuesto’. El presupuesto está”, afirmó.
Villalobos también pidió que se sancione a los funcionarios que incumplan la Ley N.° 32139. “Y sancionarlos, porque si no se cumple, tienen que sancionarlos penalmente a los alcaldes y a los gobernadores que no acaten esta ley”, manifestó.
Ampliación del programa Contigo
Durante la entrevista, Villalobos también destacó el anuncio del Gobierno sobre la ampliación del programa Contigo, que entrega una pensión no contributiva a personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza.
Según informó el diario oficial El Peruano, el 14 de octubre la presidenta Keiko Fujimori anunció que el próximo año se incorporarán 100 mil nuevos beneficiarios al programa mediante una ampliación presupuestal. Villalobos explicó que el programa entrega una pensión de S/300 cada dos meses y que, de acuerdo con sus declaraciones, existían 116.200 personas en lista de espera.
La funcionaria señaló que este apoyo económico permite a los beneficiarios afrontar gastos relacionados con pañales, traslados y terapias, entre otras necesidades. La ampliación anunciada busca aumentar la cobertura de un programa dirigido a personas con discapacidad severa en situación de pobreza. No obstante, la incorporación de los nuevos beneficiarios deberá concretarse mediante las medidas presupuestales y administrativas correspondientes.
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