El 21 de agosto de 2025, la ciudad de Cali vivió uno de los episodios más duros de los últimos tiempos: dos explosiones dejaron al menos 20 muertos y varias decenas de heridos. Los ataques fueron atribuidos a disidencias de las FARC y volvieron a encender un miedo que en Colombia parecía ir apagándose, el mismo que durante más de medio siglo marcó la vida diaria de millones de personas.
Las imágenes de calles destruidas y familias llorando se viralizaron rápidamente en redes sociales. Según el alcalde de Cali, Alejandro Eder, lo ocurrido fue un acto terrorista que golpea de lleno la estabilidad del país. Desde su visión, el Gobierno nacional debe actuar con más firmeza para frenar a las organizaciones criminales que controlan el narcotráfico.
Una ciudad sitiada por la violencia
Uno de los atentados ocurrió cerca de una base de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. A pesar de la gravedad de los hechos, el presidente Gustavo Petro no decretó el estado de conmoción interior en el departamento, lo que generó críticas desde distintos sectores. El diario El Tiempo habló incluso de una puja de poder entre lo nacional y lo regional, que termina perjudicando a la población civil.
El Gobierno anunció que pedirá que las bandas vinculadas al narcotráfico sean reconocidas como grupos terroristas a nivel internacional. Con esto, busca que puedan ser perseguidas por autoridades de otros países. Sin embargo, especialistas remarcan que la medida llega tarde: ya en junio la misma región había sufrido una serie de ataques contra estaciones de Policía y comunidades enteras.
Elecciones en medio del miedo
Colombia se acerca a las elecciones presidenciales de mayo de 2026 con un clima cada vez más tenso. Tras la histórica llegada de la izquierda al poder con Petro, la derecha busca recuperar el mando. A la inseguridad se suma una crisis económica que golpea los bolsillos de las familias: el precio de productos básicos como la yerba, el pan y la leche sube sin freno, lo que complica aún más llegar a fin de mes.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) advirtió que el problema no se limita al narcotráfico. También siguen vigentes las masacres y los asesinatos de líderes sociales. Solo entre enero y agosto de 2025 se registraron 50 masacres con 165 víctimas, muchas en ciudades del Valle del Cauca como Cali, Tuluá, Jamundí o Buga.
El asesinato de un precandidato
El panorama político se ensombreció aún más con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, joven precandidato presidencial. Fue herido en un atentado en Bogotá y falleció dos meses después. La Fiscalía calificó el hecho como un magnicidio, recordando lo ocurrido en 1989 con el líder liberal Luis Carlos Galán.
Su padre, Miguel Uribe Londoño, tomó la posta como candidato del partido Centro Democrático, símbolo de la derecha. El hecho generó gran impacto, no solo por la pérdida de un dirigente joven, sino porque revivió la mezcla peligrosa entre armas y política en Colombia.
El factor Uribe y la polarización
A todo esto se suma la condena en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de manipulación de testigos. Fue sentenciado a 12 años de prisión, aunque la medida quedó en suspenso mientras avanza la apelación. El caso, calificado como “el juicio del siglo”, intensificó la polarización: para algunos se trata de justicia, para otros de persecución política.
En este escenario, el Gobierno de Petro intenta sostener su proyecto mientras la violencia se mete en los hogares comunes. Familias que ayer estaban preocupadas por la guita para llegar a fin de mes hoy también tienen que lidiar con el miedo a que la violencia les toque la puerta. La sombra del terrorismo vuelve a cubrir un país que todavía busca paz después de décadas de conflicto.
