Más de 40 funcionarios declararon por el caso de El Pinal.
Negación de participación en el operativo
El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, negó haber intervenido en las decisiones que permitieron la participación de agentes extranjeros durante un operativo de seguridad en El Pinal, donde fue localizado y desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. En una declaración atribuida a su audiencia judicial del 18 de octubre, aseguró que la investigación no contiene pruebas específicas que lo vinculen con esos hechos.
Divulgación de sus declaraciones
Fragmentos de la intervención fueron difundidos por la periodista Azucena Uresti en redes sociales. En el audio, Jáuregui cuestionó las conclusiones de las autoridades ministeriales y sostuvo que los elementos presentados no demuestran que haya dado instrucciones o participado en acuerdos para facilitar la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
Procedimientos judiciales y renuncia
El exfuncionario enfrenta procedimientos relacionados con la presunta intervención irregular de personal extranjero en tareas de seguridad en Chihuahua. El exfuncionario afirmó, antes de su detención, que presentó su renuncia tras los hechos de abril en Morelos, Chihuahua, donde murieron dos agentes de la CIA durante una acción contra un narcolaboratorio. La Fiscalía General de la República (FGR) también obtuvo una orden de aprehensión en su contra por una acusación de traición a la patria en materia de seguridad nacional.
Durante su declaración ante el juez, el exfiscal señaló que la investigación incluyó testimonios de más de 40 funcionarios de la Fiscalía General del Estado, además de pruebas técnicas sobre comportamientos telefónicos y registros de geolocalización. Según su versión, después de varias horas de audiencia no se presentó una referencia directa que demostrara su participación en las decisiones relacionadas con el operativo.
Argumentos de defensa
Jáuregui sostuvo que no existe una orden, un mensaje de WhatsApp o una declaración de algún funcionario que acredite que autorizó la intervención de agentes extranjeros. También cuestionó que la Fiscalía utilizara videos de reuniones con dos servidores públicos para sustentar sus conclusiones. El exfuncionario argumentó que esos encuentros eran habituales debido a sus responsabilidades como titular de la Fiscalía estatal y a la comunicación frecuente que mantenía con otros integrantes de la institución.
En el audio difundido, Jáuregui también se refirió a su salida de la Fiscalía General del Estado, luego de que se conociera la participación de agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal. Aseguró que su renuncia no tuvo como propósito evadir responsabilidades por los acontecimientos, sino evitar que su permanencia al frente de la institución pudiera interferir en las investigaciones internas.
El exfiscal añadió que considera independiente el criterio de la fiscal Wendy Chávez, quien participa en las indagatorias estatales, y afirmó que su defensa refutará las conclusiones ministeriales en la etapa procesal correspondiente. Entre los puntos que expuso durante su intervención destacan la declaración de más de 40 funcionarios estatales y otros servidores públicos, la presentación de pruebas técnicas relacionadas con teléfonos y ubicaciones GPS, la ausencia, según su versión, de órdenes o mensajes que lo vinculen directamente con la intervención extranjera, y su argumento de que la renuncia buscó evitar posibles interferencias en las investigaciones.
Implicaciones del caso y nuevos procedimientos judiciales
El exfiscal afirmó que el caso tiene implicaciones políticas y planteó que las actuaciones de las autoridades deben analizarse también desde la perspectiva de la democracia y la independencia de las instituciones. Durante su declaración, hizo referencia al comandante Oseguera, quien murió en un accidente relacionado con las acciones para desarticular el laboratorio clandestino. El exfiscal planteó como comparación el caso del comandante Oseguera, quien falleció mientras participaba en las labores para desarticular uno de los narcolaboratorios más grandes del país.
Jáuregui cuestionó qué habría ocurrido si el mando hubiera sobrevivido y posteriormente enfrentara un proceso penal por los hechos. También expresó que las personas afectadas por el operativo contra el laboratorio podrían beneficiarse de las controversias y actuaciones judiciales posteriores. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a la postura del exfuncionario y no constituyen una conclusión judicial sobre el caso.
La situación jurídica de Jáuregui dio un giro después de su detención, el 17 de octubre. Durante la audiencia estatal, un juez de control determinó que podía enfrentar ese procedimiento en libertad, sujeto a medidas cautelares como entregar su pasaporte, presentarse periódicamente y evitar acercarse a testigos. No obstante, al concluir la diligencia, agentes de la FGR ejecutaron una orden de aprehensión federal. El exfiscal enfrenta una investigación federal por la presunta participación no autorizada de agentes extranjeros en actividades de seguridad en Chihuahua.
El exfiscal fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México. El procedimiento federal es distinto de la causa estatal por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición, aunque ambos están relacionados con el operativo en El Pinal. La acusación federal se vincula con la presunta participación no autorizada de agentes extranjeros en actividades de seguridad en territorio mexicano. La FGR sostiene que estos hechos podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional.
Jáuregui, por su parte, mantiene que no existen elementos que acrediten su intervención directa y afirmó que presentará sus argumentos durante el proceso judicial. Su responsabilidad penal deberá determinarse mediante las actuaciones y resoluciones de las autoridades competentes.
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