El acceso de los uruguayos al mercado global está bajo asedio administrativo. Lo que se presentó como una modernización del sistema de franquicias de compras es, en realidad, una emboscada fiscal diseñada para asfixiar el comercio electrónico y obligar al consumidor a pagar un 22% de IVA, incluso en destinos que deberían estar protegidos por tratados internacionales. La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), bajo la directiva del Ministerio de Economía, ha desplegado una red de requisitos burocráticos tan absurdos que, según los principales operadores logísticos del país, tornarán inaplicable la exoneración de impuestos.
La trampa del registro en las Franquicias de compras
El eje del conflicto reside en la resolución que entrará en vigor el próximo 1° de mayo. Si bien el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA) con Estados Unidos garantiza que los envíos desde ese país no deben pagar IVA, la Aduana uruguaya ha decidido «legislar por la puerta de atrás». La nueva norma exige que cada tienda minorista estadounidense (desde gigantes como Amazon o Adidas hasta pequeños vendedores) se registre formalmente ante la Escribanía de la DNA en Montevideo para que el comprador uruguayo pueda acceder al beneficio.
Esta exigencia es calificada por los couriers como una «traba deliberada». Es una utopía pensar que un vendedor de Texas o una tienda mediana en Nueva York realizará trámites notariales, presentará certificaciones de residencia fiscal y firmará notas de solicitud en Uruguay solo para vender tres pares de zapatos al año. El resultado es matemático: si la empresa no se registra —y la gran mayoría no lo hará—, el paquete que hoy entra libre de impuestos pasará a estar gravado con un 22% de IVA de forma automática.
El «Impuesto Temu» y la voracidad recaudadora
Detrás de este movimiento se esconde el fantasma de la plataforma china Temu. El aluvión de paquetes de bajo costo ha puesto nerviosos a los grandes centros comerciales y al comercio local, que han presionado al MEF para frenar la competencia. Sin embargo, la respuesta estatal no ha sido bajar los costos internos, sino encarecer la canasta de consumo de la clase media mediante el llamado «Impuesto Temu».
Desde el sector de couriers, quienes prefieren mantener el anonimato por temor a represalias administrativas, la lectura es unánime: se está yendo a contrapelo del mundo. Mientras otros países de la región simplifican procesos para bajar precios, Uruguay añade capas de control policial-tributario. La DNA no solo exigirá registros de las tiendas, sino que obligará a los usuarios a inscribirse con firma digital avanzada y a autorizar de antemano el levantamiento del secreto bancario sobre sus tarjetas de crédito para que el organismo pueda «curiosear» sus transacciones si lo considera necesario.
Violación del espíritu del TIFA y el desempapelamiento
Esta resolución no solo es un golpe al bolsillo, sino un retroceso en la cacareada política de «desempapelamiento» del Estado. Al exigir certificaciones notariales extranjeras y trámites presenciales para empresas del exterior, Uruguay está levantando un muro digital. Es un ataque directo al espíritu de libre comercio con Estados Unidos, camuflado bajo tecnicismos de «facilitación de comercio» que en la práctica funcionan como un cepo.
Un golpe a la canasta familiar y al derecho a elegir
Muchos uruguayos recurren a las franquicias de compras no por lujo, sino por necesidad. Ante los precios prohibitivos de la ropa y el calzado en los shoppings locales, el e-commerce era la única válvula de escape. Ahora, el Gobierno decide que para comprar una prenda en el exterior, el ciudadano debe entregar sus datos financieros y esperar que una multinacional extranjera quiera hacer un trámite en la Ciudad Vieja de Montevideo. La conclusión es dolorosa: se prioriza la recaudación fiscal y el lobby de los grandes comerciantes por sobre el derecho del ciudadano a buscar el mejor precio para su familia.
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