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Caso Nelson Duarte: condena comunitaria para el oficial que denunció corrupción

La justicia militar le impuso 300 horas de trabajo comunitario al oficial retirado tras interceptar en la calle a Armando Castaingdebat.

Capitán retirado Nelson Duarte a la salida de una audiencia.
Nelson Duarte enfrentará 300 horas de trabajo comunitario impuestas por el fuero castrense. Foto captura

El capitán retirado Nelson Duarte volvió a quedar en el centro de la tormenta institucional tras ser procesado por el fuero militar bajo el delito de «irrespetuosidad». El juez Ricardo Irachet lo sentenció a cumplir 300 horas de tareas comunitarias, luego de un incidente ocurrido en plena vía pública con el entonces ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat.

La pesada sanción tiene su origen en un cruce registrado en junio de 2024. Según los antecedentes revelados por El Observador, el oficial intentó ser recibido en la sede ministerial tras recibir actas de calificación truchas —sin firmas, fechas ni foliatura— que pretendían hacerle firmar de apuro. Al ver que le cerraban las puertas, Duarte interceptó el auto de Castaingdebat en la calle; cuando el jerarca le dijo que pidiera audiencia con la secretaria, el militar le tiró a la cara que era «igual de corrupto que todos los anteriores». Por ese exabrupto, el fiscal Fernando Ariel Ciarán llegó a pedir cárcel efectiva en un penal común.

Diez años pagando el precio por destapar la corrupción

La historia de Duarte no empezó con ese altercado. El oficial lleva más de una década en un desgastante mano a mano contra la cúpula del Ejército. En 2013, cuando vestía el uniforme de teniente, destapó una red de irregularidades que incluía tropas trabajando gratis para una empresa privada de piscinas, fabricación de aberturas de madera para un coronel dentro de cuarteles y contrabando de bebidas desde el Chuy en vehículos oficiales.

A pesar de que las investigaciones internas confirmaron que las trampas eran reales, la cúpula militar archivó el asunto con sanciones menores y nunca mandó el caso a la Justicia ordinaria. El único que terminó pagando los platos rotos fue el propio Duarte: lo congelaron una década sin ascensos, lo pasearon por cuanto traslado humillante existiera y, cuando en 2021 volvió a filmar contrabando de combustibles y neumáticos, lo sacaron de circulación mandándolo a la casa a cobrar el sueldo sin trabajar, para finalmente pasarlo a retiro obligatorio.

El patrón de las Fuerzas Armadas en América Latina

El calvario de Duarte refleja una práctica viciada que se repite en varios estamentos militares del cono sur: el castigo ejemplarizante para el denunciante de la corrupción por encima de la persecución al corrupto. En la región, la figura del whistleblower o informante interno dentro de las estructuras armadas suele chocar contra la pared del «código de honor» y las leyes de obediencia debida.

Mientras en otros ámbitos del Estado se busca proteger a quien saca a la luz el desvío de fondos públicos, en las fuerzas militares de la zona suele aplicarse la doctrina del aislamiento. Se persigue, se degrada y se inventan causales administrativas para sacarse de encima a los oficiales que rompen el pacto de silencio, utilizando los fueros castrenses como una herramienta de cobro de cuentas.

Hostigamiento a la defensa y restricción perimetral

El conflicto escaló a niveles insólitos y tocó directamente a la abogada y esposa del capitán, María Martínez. Ambos denunciaron que el Ejército colocó carteles con sus fotos en las carteleras de las unidades para prohibirles el ingreso a cualquier dependencia. La actual ministra de Defensa, Sandra Lazo, confirmó que el ministerio investiga la legitimidad de semejante medida.

Pero la tensión tuvo su punto más alto en el Comando de Apoyo Logístico del Ejército, donde Martínez sufrió agresiones verbales y amenazas de parte del coronel Alfredo Larramendi mientras intentaba presentar un escrito. El episodio terminó en el Juzgado de Familia Especializado de 9° Turno, que le aplicó al coronel una medida cautelar con restricción de acercamiento a 500 metros de la abogada hasta febrero de 2027, tras comprobarse actos de intimidación y violencia institucional.

Una batalla legal que promete seguir en los tribunales

El fallo contra Duarte deja al descubierto la falta de garantías para quienes deciden combatir la corrupción desde adentro de los cuarteles. Mientras el oficial espera que se le fije el lugar donde tendrá que pagar con horas de trabajo comunitario por perder los estribos, su defensa mantiene firme la demanda penal contra el Ejército por falsificación de documentos públicos.

El caso marca un precedente peligroso sobre cómo el fuero castrense sigue resolviendo vendettas personales bajo el rótulo de la «disciplina». La investigación por el fraude en las calificaciones sigue su curso en el fuero penal ordinario, donde se definirá si las trampas administrativas utilizadas para echar al capitán terminan condenando a los jerarcas que apretaron el gatillo institucional.

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