El caso Charles Carrera evidencia las fragilidades de una acusación penal que confunde la costumbre administrativa con el delito. La fiscalía sostiene que el exdirector ministerial fraguó el registro de Víctor Hernández como «oficial ayudante» para otorgarle asistencia médica y vales de alimentación en el Hospital Policial, configurando una estafa al Estado y una malversación de fondos públicos.
Sin embargo, el andamiaje narrativo de la fiscalía tambalea cuando se contrasta con la praxis histórica del Ministerio del Interior. La defensa técnica del exsenador, integrada por los juristas Lucía Fernández y Juan Manuel González Rossi, asestó un golpe analítico durante la audiencia al poner sobre la mesa la carátula de ingreso del mismísimo exministro Eduardo Bonomi al Hospital Policial. La documentación demuestra de forma incontestable que Bonomi, ocupante de la máxima jerarquía civil de la cartera entre 2010 y 2020, también fue fichado falsamente en los registros informáticos bajo el rango de «oficial subayudante» para ser intervenido quirúrgicamente en los años 2016, 2017 y 2019.
El acuerdo probatorio alcanzado para incorporar esta boleta al juicio sin posibilidad de impugnación posterior desmonta la teoría del engaño singular formulada por la fiscalía. Si la propia cúspide ministerial empleaba la rotulación ficticia de grados policiales como un mecanismo burocrático estandarizado para habilitar coberturas médicas a jerarcas y civiles en situaciones excepcionales, resulta jurídicamente insostenible imputarle a Carrera la invención de un «ardid» malicioso diseñado en exclusiva para beneficiar de forma espuria a un tercero.
El informe económico que desató la furia de la fiscalía
La contienda procesal en el caso Charles Carrera escaló a niveles de fricción inusuales cuando se debatió la admisibilidad de la pericia técnica elaborada por el economista Michael Borchardt, exdirector de la Unidad de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. La defensa pretendía introducir este documento de dos páginas para destruir el argumento central del Ministerio Público, el cual afirma que la atención a civiles generó un perjuicio patrimonial directo a la caja de retenciones de los efectivos policiales.
El peritaje de Borchardt concluye categóricamente que la Dirección Nacional de Sanidad Policial no se financia prioritariamente con la caja de aportes de los funcionarios policiales, sino que en más de un 80% su presupuesto proviene de Rentas Generales. Según esta perspectiva técnica, la asistencia brindada en el nosocomio militar y policial responde a partidas presupuestales consolidadas del Tesoro Nacional —similares a las que sostienen a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)—, por lo que el alegado «daño patrimonial» al Estado o a los aportantes individuales carece de sustento económico real.
Ante este dictamen que dinamita la existencia de un perjuicio económico punible, la fiscalía reaccionó con un bloqueo dogmático. La fiscal Valeria Bovio cuestionó el encuadre procesal del profesional, sugiriendo que admitir el escrito implicaba «bajar el estándar» probatorio al permitir que un informe privado entrara como prueba documental sin cumplir los requisitos de una pericia judicial formal.
La vehemencia de la oposición fiscal provocó la inmediata réplica del defensor González Rossi, quien acusó al organismo acusador de actuar con una «rotunda mala fe». El abogado recordó con acidez que el informe cuestionado ya integraba la propia carpeta de investigación del Ministerio Público porque Borchardt había prestado declaración previa. Asimismo, remarcó la evidente asimetría procesal de la fiscalía, que pretendía ingresar sus propias pericias caligráficas acompañadas de informes escritos mientras le negaba el mismo derecho a la contraparte.
La jueza Diovanet Olivera debió disponer un receso de emergencia para aplacar los ánimos. Al reanudar la sesión, la magistrada apeló a los principios elementales de lealtad procesal e igualdad de armas para desestimar las objeciones fiscales, admitiendo la comparecencia de Borchardt en calidad de perito y disponiendo la incorporación de su informe técnico.
La controversia médica y la intimidad de las historias clínicas
El enfrentamiento alcanzó su punto más crítico cuando la defensa de Carrera intentó incorporar la pericia médica elaborada por la legista Frances Borches, especialista que analizó los tomos de la historia clínica de Víctor Hernández. La fiscalía saltó de inmediato a calificar la prueba como «ilegal», argumentando que no constaba en el expediente que la víctima hubiera levantado expresamente el secreto médico para que una perito de parte revisara sus antecedentes de salud.
La acusación de ilegalidad desató una dura reprimenda por parte del abogado defensor, quien tildó la postura del Ministerio Público como una «mala fe inaudita» y una chicana procesal destinada a desarmar la estrategia de la defensa a las puertas del juicio oral donde el Ministerio Público solicita cuatro años de penitenciaría. González Rossi, en su calidad de profesor adscripto de Medicina Legal, argumentó apoyado en el criterio del catedrático Hugo Rodríguez Almada que la médica perita accedió a los folios porque formaban parte de la carpeta fiscal pública y judicializada, adonde llegaron previa autorización de la propia víctima a las instituciones sanitarias.
«Le piden cuatro años de prisión a una persona y le quieren impedir que utilice las pruebas para defenderse», enfatizó la defensa, exponiendo lo que consideró una aplicación selectiva del derecho a la intimidad por parte de los fiscales. Los juristas recordaron con ironía que cuando la fiscalía decidió incorporar como prueba estelar las grabaciones ocultas realizadas por Hernández al propio Carrera, las nociones sobre la expectativa razonable de privacidad y el consentimiento no parecieron preocupar a los acusadores.
Tras suspender la audiencia durante media hora para estudiar la objeción, la jueza Olivera adoptó una vía intermedia al disponer que la pericia de la legista será admitida condicionalmente, quedando supedita a que el propio Hernández ratifique y valide el acceso a sus datos médicos cuando abra la ronda de declaraciones testificales en el juicio oral.
Las secuelas jurídicas que decidirá el Tribunal de Apelaciones
La resolución de la magistrada no dejó satisfecha a ninguna de las partes y transformó la recta final de la audiencia en un escenario de apelaciones cruzadas. La fiscalía anunció de inmediato que recurrirá la decisión ante el Tribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno, insistiendo en que la vulneración del derecho a la intimidad médica constituye un vicio insubsanable que no puede quedar a merced de una convalidación posterior en el debate oral.
Por su parte, la defensa de Carrera presentó su propia apelación contra el condicionamiento impuesto por la jueza. Los abogados defensores sostienen que someter la validez de una pericia médica exculpatoria al arbitrio y la voluntad de la víctima y testigo principal de la acusación coloca al imputado en una situación de indefensión y vulnera de forma flagrante el principio de igualdad de armas garantiado por la Constitución.
Este nuevo contencioso procesal paraliza el avance del control de acusación y traslada la responsabilidad de definir las reglas del juicio a los ministros del tribunal de alzada. El fallo que emitan los magistrados de segunda instancia no solo determinará qué documentos y testimonios podrán exhibirse en el juicio oral, sino que fijará un precedente crucial sobre los límites del secreto médico y la validez de las costumbres administrativas dentro de los órganos del Estado.
Mientras tanto, el trasfondo del caso sigue alimentando una agria disputa política e institucional. La revelación de que la Dirección de Sanidad Policial remitió masivamente al Parlamento las historias clínicas completas de decenas de pacientes sin recabar el consentimiento de los titulares —hecho calificado en sala por la defensa como un «atropello grueso» que permanece en la impunidad— demuestra cómo la gestión de la prueba en esta causa ha estado atravesada por filtraciones, vulneraciones de datos personales y un uso oportunista de la información estatal.
El desenlace de este tramo preliminar dejará al descubierto si el juzgamiento a Charles Carrera se fundamenta en la comprobación objetiva de actos de corrupción sistemática o si, por el contrario, la causa se sostiene sobre una persecución penal sesgada que pretende criminalizar discrecionalidades administrativas que durante décadas fueron moneda corriente en los pasillos del Ministerio del Interior.
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