El caso Álvaro Danza se convirtió en el centro de la agenda política nacional. La decisión de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) de descartar incompatibilidades entre el rol de Danza como presidente de ASSE y su actividad como médico privado desató una ola de repercusiones en todos los partidos.
Mientras el oficialismo defendió la resolución como una muestra de transparencia institucional, la oposición denunció lo que considera un “salvataje político”, alegando que se ignoró el dictamen jurídico de la propia asesoría de la Jutep.
Contexto del caso
Álvaro Danza, médico internista y actual presidente de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), fue cuestionado por ejercer simultáneamente en tres mutualistas privadas: la Asociación Española, Cams de Soriano y Médica Uruguaya.
El Partido Nacional y otros sectores opositores sostuvieron que esa doble actividad violaba las normas de incompatibilidad previstas para cargos públicos de alta jerarquía.
Sin embargo, este jueves la Jutep resolvió que no existía incompatibilidad, lo que provocó una inmediata respuesta política.
La resolución de la Jutep
El fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública concluyó que Danza no infringió las normas de incompatibilidad, pese a ejercer en el sector privado.
Según el informe final, su rol en las mutualistas no comprometía la independencia de su función pública, siempre que no mediara beneficio económico derivado de decisiones adoptadas desde ASSE.
La resolución fue aprobada por mayoría, aunque —según trascendió— ignorando el informe jurídico interno de la asesoría de la Jutep y del director Luis Calabria, que señalaban lo contrario.
Reacciones de la oposición
La oposición calificó el fallo como una “afrenta a la ética pública”.
El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, expresó en la red social X que se trató de un “salvataje político a Danza”, denunciando que se dejaron de lado informes técnicos “contundentes”.
Por su parte, el senador Martín Lema sostuvo que la renuncia de Danza a sus cargos privados antes del fallo “confirma que estaba actuando mal” y criticó al gobierno por “defender lo indefendible”.
El senador Sebastián Da Silva fue más directo: “Están rompiendo todo. Es indignante que defiendan lo indefendible solo por ser amigo del presidente”, dijo en declaraciones a Telemundo.
El diputado Juan Martín Rodríguez acusó a la Jutep de ser un “organismo garante de la (des)honestidad” y denunció un manejo “político” del caso.
Las voces del oficialismo
Desde el Frente Amplio, las reacciones fueron opuestas. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, respaldó a Danza y destacó su decisión de suspender sus actividades privadas “para evitar cualquier duda”.
El senador Sebastián Sabini (MPP) afirmó que “Álvaro Danza es un profesional de primer nivel” y elogió su compromiso con el sistema público: “En un mundo donde prima el interés individual, su actitud lo eleva”, señaló.
En la misma línea, Daniel Caggiani pidió disculpas públicas de la oposición hacia Danza y su familia: “Lo difamaron públicamente y la Jutep confirmó que no existía incompatibilidad”.
Debate sobre ética pública y confianza institucional
El caso Álvaro Danza no solo evidenció la grieta política, sino que reabrió el debate sobre la independencia de los organismos de control.
Expertos en derecho administrativo consultados por medios locales advirtieron que el fallo, aunque jurídicamente válido, deja abierta la discusión sobre los límites éticos entre la gestión pública y la actividad privada.
La legitimidad de la Jutep quedó en el centro de la polémica, con acusaciones cruzadas sobre su imparcialidad. Algunos juristas sostienen que debería reformarse el mecanismo de designación de sus autoridades para garantizar neutralidad técnica.
Un caso que trasciende lo jurídico
La controversia también impacta en la percepción ciudadana sobre la transparencia gubernamental. Según analistas, la resolución puede fortalecer la narrativa de la oposición sobre un “blindaje político” dentro del oficialismo, especialmente en año electoral.
Por otro lado, sectores del Frente Amplio argumentan que se trata de una persecución política basada en interpretaciones sesgadas del marco legal.
En el plano institucional, el caso Álvaro Danza expone las tensiones entre lo ético y lo político, recordando que la independencia de la Jutep es esencial para sostener la confianza pública.
Consecuencias políticas inmediatas
Tras conocerse la decisión, varios dirigentes opositores reclamaron reactivar la interpelación a la ministra de Salud y al propio presidente de ASSE.
El tema promete instalarse en el Parlamento y ocupar parte del debate electoral.
Danza, por su parte, renunció voluntariamente a toda actividad médica privada “para evitar interpretaciones erróneas”.
La resolución, sin embargo, no cerró el capítulo: al contrario, lo amplificó.
Análisis final
El caso Álvaro Danza trasciende el debate jurídico. Representa una prueba de fuego para la credibilidad de los organismos de control y un punto de inflexión en la relación entre ética y poder en Uruguay.
Mientras la oposición denuncia un “salvataje político”, el oficialismo defiende la transparencia del proceso. El país vuelve a debatir hasta qué punto la confianza pública puede sostenerse cuando las decisiones técnicas parecen teñidas de intereses partidarios.
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