Casas de tortura en Uruguay: un drama oculto en los barrios más vulnerables
Un documento reciente del programa Barrios sin Violencias dejó al descubierto un escenario que hasta ahora permanecía en la sombra: la existencia de casas de tortura en Uruguay, jóvenes captados por el narcotráfico y una dinámica delictiva que se profundiza en los barrios más vulnerables del país. El informe, elaborado por investigadores externos y entregado al Ministerio del Interior, describe una realidad marcada por tiroteos frecuentes, homicidios, sicariato y la presencia de “cocinas improvisadas” dedicadas a producir pasta base, elementos que conforman un entramado criminal que preocupa a las autoridades.
En ese contexto surge la historia de Magdalena Seona, una mujer que pasó más de veinte años inmersa en adicciones y situaciones de riesgo extremo. Vivió en la calle, se relacionó con grupos peligrosos y transitó escenarios donde la violencia era parte de lo cotidiano. Ella misma reconoce que estuvo cerca de terminar presa y, entre risas, dice que logró evitarlo porque fue “más rápida” que la Policía. Según contó en una entrevista radial, cuando miró a su alrededor y entendió que su destino sería la cárcel o la muerte, decidió cambiar su vida.
Seona recuerda que su recuperación comenzó gracias al apoyo de su madre y al deseo de reconectar con su hijo. A partir de esa transformación, se formó como terapeuta en adicciones y hoy trabaja en el programa Barrios sin Violencia, interviniendo en zonas complejas de Montevideo desde un lugar que combina experiencia personal, sensibilidad social y conocimiento profundo de las dinámicas criminales que se viven en los barrios afectados.
Una estrategia basada en la interrupción comunitaria de la violencia
El programa, financiado y coordinado por el Ministerio del Interior, se ejecuta mediante organizaciones sociales que actúan de forma independiente de la Policía. Este diseño busca que los llamados interruptores de violencia tengan legitimidad propia y puedan dialogar con grupos criminales, algo que sería imposible si fueran percibidos como agentes estatales.
La tarea diaria implica evaluar riesgos, detectar tensiones, intervenir para evitar escaladas violentas y mediar en conflictos que involucran amenazas, deudas, desplazamientos forzados o disputas territoriales. Los interruptores pueden negociar acuerdos informales, gestionar reubicaciones de personas en peligro y derivar a vecinos hacia servicios públicos que ayuden a reducir la vulnerabilidad. El objetivo central es interrumpir ciclos violentos antes de que terminen en homicidios o ataques armados.
Desde abril de 2024, el programa realizó unas 300 intervenciones en diversos barrios. Sin embargo, su implementación encontró dificultades: la rotación de interruptores fue alta, algunos tuvieron problemas de consumo, otros presentaron bajos rendimientos y ciertos casos revelaron incompatibilidades laborales que afectaron la continuidad del trabajo territorial.
Conclusiones del informe: violencia extrema y prácticas criminales avanzadas
El documento técnico, que permaneció reservado durante meses, identifica una serie de problemas graves que preocupan a los especialistas. Entre ellos destacan tiroteos reiterados, homicidios cometidos bajo lógica de sicariato y el uso de estructuras precarias como “cocinas improvisadas” para procesar droga. La detección de casas de tortura en Uruguay aparece como uno de los elementos más alarmantes: se trata de viviendas utilizadas para castigar, disciplinar o intimidar dentro del propio ecosistema narco.
Según explicaron policías consultados para el informe, estas casas funcionan como espacios de coerción interna, donde los grupos criminales imponen reglas, castigan deudores, presionan a rivales o reprimen intentos de deserción. El fenómeno, aunque conocido a nivel internacional, había sido poco documentado de forma formal en Uruguay.
Durante el desarrollo del programa también surgió otro hallazgo inquietante: se detectó un episodio que vinculaba a policías con integrantes de bandas delictivas. La investigación reveló que algunos efectivos habían participado en desalojos forzados de vecinos para facilitar la ocupación o venta de drogas en viviendas que pertenecían a ellos mismos. Ese caso encendió alertas sobre la necesidad de reforzar controles internos.
El contexto social que favorece la captación de jóvenes
Uno de los apartados más preocupantes del informe señala que los jóvenes uruguayos en zonas vulnerables están especialmente expuestos a ser captados por el narcotráfico. Las causas incluyen la deserción escolar, la falta de oportunidades laborales y la presencia cotidiana de referentes criminales que ofrecen ingresos rápidos, pertenencia y reputación. En ese escenario, muchos adolescentes quedan atrapados en un entramado delictivo del que luego es difícil salir.
Los autores del informe advierten que la asimetría entre grupos criminales complica los intentos de mediación y dificulta la intervención de los interruptores. Cuando una banda ejerce un dominio territorial fuerte, el margen de maniobra de quienes buscan evitar la violencia se reduce considerablemente, lo que limita la eficacia del programa.
Un desafío que combina prevención, apoyo social y control territorial
Las conclusiones del informe, sumadas a las historias de vida de quienes como Seona lograron salir del circuito violento, muestran que la problemática no es solo policial: es estructural. La presencia de casas de tortura en Uruguay, la captación de jóvenes por grupos narcos y las dinámicas de violencia extrema desnudan un desafío que requiere políticas sostenidas, prevención comunitaria y respuestas multidimensionales.
Dejá tu comentario
Para comentar tenés que estar registrado y con sesión iniciada.
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.
