Cardenal Baltazar Porras retenido en Venezuela durante control migratorio en Maiquetía
El episodio que dejó al cardenal Baltazar Porras retenido en Venezuela generó preocupación dentro y fuera del país caribeño, luego de que funcionarios del Aeropuerto Internacional de Maiquetía le anularan el pasaporte cuando se disponía a viajar hacia Colombia y, posteriormente, a España para cumplir compromisos eclesiales. La información fue confirmada por fuentes cercanas al prelado y por organizaciones de derechos humanos, que señalaron el hecho como un nuevo ejemplo del hostigamiento que el régimen de Nicolás Maduro mantiene sobre figuras críticas.
De acuerdo con el relato brindado por Porras a la Conferencia Episcopal Venezolana, el control migratorio se extendió por un tiempo inusualmente largo, hasta que un superior del funcionario de turno le informó que su documento “presentaba problemas” y que, por tanto, no podría abandonar el país. Durante todo el procedimiento, un soldado lo acompañó de manera permanente, incluso cuando pidió ir al baño, en un despliegue que el prelado calificó como intimidatorio.
El bloqueo migratorio se produjo en un contexto marcado por una fuerte tensión política tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, comicios que la comunidad internacional consideró fraudulentos y que derivaron en una oleada de represión contra opositores, activistas y religiosos que mantienen posiciones críticas. En ese clima, el hecho de que el cardenal Baltazar Porras retenido en Venezuela fuera impedido de viajar no pasó inadvertido.
La retención del documento y el hostigamiento al cardenal
Porras denunció que, tras llevarlo a una zona restringida del aeropuerto, los funcionarios le exigieron firmar documentos alegando un supuesto “incumplimiento de normas para viajar”. Intentó tomar fotografías para registrar la situación, pero le fue prohibido bajo amenaza de detención. Tampoco obtuvo copia de los documentos que firmó y, al retirarse de la terminal, no recibió información sobre el paradero de su pasaporte.
Según explicó, fue una empleada de información la que le sugirió abandonar el aeropuerto y dirigirse directamente a la sede central del Saime en Caracas para buscar respuestas. Para organismos defensores de derechos humanos, esta cadena de arbitrariedades confirma que el cardenal Baltazar Porras retenido en Venezuela fue víctima de un procedimiento irregular orientado a limitar su movilidad.
Óscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, sostuvo que el episodio se inscribe dentro de una política sistemática del régimen chavista: restringir pasaportes como mecanismo de control político. “El bloqueo migratorio se ha convertido en un patrón para frenar a voces disidentes”, señaló.
Un episodio que refleja el clima político de Venezuela
La retención ocurrió el mismo día en que el Comité Noruego entregaba el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder opositora que permanece en la clandestinidad desde hace once meses y cuya presencia en Oslo fue imposibilitada por las amenazas y controles del régimen. Su hija asistió en su nombre y, pocas horas después, Machado confirmó que buscaba llegar a Noruega “en unas horas”.
En ese marco, el caso del cardenal Baltazar Porras retenido en Venezuela fue interpretado como un mensaje directo hacia la Iglesia venezolana, históricamente crítica del chavismo. La propia figura del prelado ha sido objeto de ataques en el pasado, tanto bajo el gobierno de Hugo Chávez como en el de Maduro, debido a sus declaraciones sobre la crisis humanitaria y la erosión de libertades.
Líder religioso de amplia trayectoria, Porras ha ocupado cargos relevantes en la estructura eclesial latinoamericana. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana entre 1999 y 2006, vicepresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano entre 2007 y 2011 y administrador apostólico de Caracas desde 2018. Su voz tiene peso regional y es escuchada con atención en el Vaticano.
Antecedentes de restricciones y presiones
El cardenal ya había denunciado otro episodio de hostigamiento en octubre, cuando militares le impidieron viajar por tierra al pueblo de Isnotú para participar de una misa por el natalicio de José Gregorio Hernández, el primer santo venezolano. Según narró entonces, fue rodeado por efectivos armados que alegaban una suspensión del vuelo originalmente previsto, pese a que el traslado sería por vía terrestre.
Ese antecedente refuerza la idea de que el cardenal Baltazar Porras retenido en Venezuela no se trató de un hecho aislado. Para observadores internacionales, la medida forma parte de una estrategia más amplia que busca neutralizar voces con alta legitimidad social en un momento en que el país atraviesa una de sus crisis políticas más profundas.
Reacciones y consecuencias: un nuevo foco de tensión
La Conferencia Episcopal Venezolana expresó su “profunda preocupación” por la situación y exigió la devolución inmediata del pasaporte del cardenal. La oposición política también repudió el hecho, interpretándolo como una nueva señal de la deriva autoritaria del gobierno. En redes sociales, la noticia generó indignación y multiplicó las denuncias por vulneraciones a la libertad de tránsito.
Para analistas consultados por medios regionales, el episodio deja planteada una interrogante de fondo: ¿hasta dónde puede escalar el uso del aparato migratorio para controlar a figuras influyentes en un país cuyos niveles de conflictividad política siguen en aumento?
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