Giuseppe Rinaldi
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El colapso logístico de las cárceles en Montevideo
El sistema penitenciario uruguayo atraviesa su hora más oscura, y el epicentro de este terremoto social se encuentra en las cárceles en Montevideo. Según los últimos datos verificados del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Uruguay ha alcanzado una tasa de prisionización que nos sitúa entre los países con más presos por habitante del mundo. En la zona metropolitana, centros como la Unidad N° 4 (Santiago Vázquez, ex Comcar) operan con una superpoblación que roza lo inhumano, transformando el mandato constitucional de rehabilitación en una utopía inalcanzable.
La gestión de las prisiones en Montevideo por parte del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se ha convertido en un ejercicio de administración de la miseria. Con módulos que duplican su capacidad prevista, el hacinamiento no es solo una cifra estadística, sino una realidad que impide la clasificación de internos por peligrosidad. Esto genera un ambiente donde los delincuentes primarios conviven con líderes de bandas organizadas, convirtiendo a las prisiones de la capital en verdaderas «universidades del delito» financiadas por el Estado uruguayo.
Violencia y falta de tratamiento en la Unidad n° 4
El Comcar sigue siendo el agujero negro de los centros penitenciarios en Montevideo. Los informes técnicos señalan de forma recurrente que existen sectores donde el Estado ha perdido efectivamente el control, delegando la convivencia interna en las jerarquías criminales de los propios presos. La falta de personal penitenciario capacitado y la carencia de programas educativos reales condenan al 70% de los liberados a volver a delinquir antes de los dos años, alimentando un círculo vicioso que termina impactando directamente en la seguridad de las calles montevideanas.
El control de las cárceles en Montevideo es un desafío constante para el INR
Dentro de las instituciones carcelarias en la capital, el acceso a la salud y a una alimentación digna es, en el mejor de los casos, deficiente. La propagación de enfermedades infectocontagiosas y los problemas de salud mental no tratados son moneda corriente en módulos como el 10 o el 11 del Santiago Vázquez. Esta desatención no solo vulnera tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Uruguay, sino que entrega a la sociedad individuos más rotos y resentidos de lo que estaban al ingresar al sistema.
El contraste de la Unidad n° 6 y la gestión metropolitana
No todos los penales de Montevideo presentan el mismo nivel de degradación, pero las excepciones solo sirven para confirmar la regla del fracaso general. La Unidad N° 6 (Punta de Rieles) fue concebida bajo un modelo de participación público-privada que buscaba priorizar el trabajo y la educación. Si bien presenta mejores indicadores de convivencia, el aumento constante de la población carcelaria está empezando a erosionar los pilares de este modelo, amenazando con nivelar hacia abajo la calidad del encierro en la zona metropolitana.
Pocos internos acceden a talleres reales en las cárceles en Montevideo.
La ubicación estratégica de las cárceles en Montevideo facilita el contacto con las familias, que son el único sostén real de muchos internos, pero también facilita la logística del ingreso de sustancias prohibidas. El Ministerio del Interior ha reforzado los escaneos y controles, pero la corrupción interna y el ingenio de las organizaciones criminales siguen vulnerando los perímetros. Sin una inversión genuina en tecnología de punta y, sobre todo, en salarios dignos para los operadores penitenciarios, la batalla por la seguridad interna está perdida de antemano.
La deuda pendiente del sistema político uruguayo
El debate sobre el sistema penitenciario de Montevideo suele aparecer en la agenda solo cuando ocurre una tragedia, como un incendio con múltiples víctimas o un motín sangriento. Sin embargo, la crisis es estructural y silenciosa. El sistema político, tanto el oficialismo como la oposición, ha caído históricamente en el populismo punitivo: aumentar las penas y crear nuevos delitos sin prever dónde se alojará a esa población creciente. Esta falta de planificación ha llevado a que hoy tengamos un sistema saturado que no rehabilita a nadie.
Para mejorar las cárceles en Montevideo, es imperativo discutir alternativas a la prisión para delitos no violentos y fortalecer las oficinas de seguimiento de liberados. Mientras el foco siga puesto únicamente en el encierro como castigo, y no en la reintegración social, las cárceles de nuestra capital seguirán siendo fábricas de violencia que luego sufrimos todos en cada esquina. La seguridad pública no se garantiza con más rejas, sino con un Estado presente que no abandone la ley una vez que se cierra la celda.
Para este artículo, la información se extrajo de las siguientes fuentes verificadas:
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Informes del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario: Es la fuente principal. El doctor Juan Miguel Petit presenta anualmente (y con actualizaciones trimestrales) la situación del sistema. Sus datos sobre «trato cruel, inhumano o degradante» en módulos específicos del Comcar (Unidad 4) son la base de la crítica profesional.
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Reportes del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR): De acá salen las cifras de población carcelaria y los niveles de hacinamiento técnico (comparando plazas disponibles versus internos reales).
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Cifras del Ministerio del Interior: Datos sobre la tasa de prisionización (que en Uruguay ronda los 440 a 450 presos cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina y la más alta de Sudamérica junto a Brasil).
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Estudios sobre reincidencia: Datos procesados por el equipo de seguridad del Observatorio de Criminalidad, que sitúan la reincidencia en el entorno del 70% para aquellos que pasan por centros de máxima seguridad en la capital.
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Este artículo no es una opinión al aire; es la traducción periodística de la realidad estadística que el sistema político uruguayo reconoce puertas adentro.