La madrugada de este 3 de enero de 2026 quedará grabada en los libros de historia como el día en que se precipitó la caída de Maduro. En un operativo militar estadounidense que sorprendió al mundo entero, el dictador venezolano fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y trasladado de inmediato a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo. Sin embargo, más allá de los delitos federales en suelo norteamericano, el fin del mandato de Maduro representa el principio del fin de la impunidad para un régimen que ha sido documentado por los organismos internacionales como uno de los más cruentos de la historia reciente latinoamericana.
Desde hace casi una década, la sombra de la justicia internacional venía acechando al Palacio de Miraflores. La Corte Penal Internacional (CPI), bajo la investigación «Situación Venezuela I», acumuló pruebas irrefutables de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mando. El desplazamiento del gobierno permite ahora que esos testimonios de torturas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual sistemática cobren una relevancia procesal sin precedentes, en un escenario donde el sistema judicial venezolano ya había sido declarado incapaz de juzgar a sus propios verdugos.
El patrón de represión tras la caída de Maduro
Las investigaciones lideradas por el fiscal Karim Khan detallaron que la violencia en Venezuela no era fruto de excesos individuales, sino una política de Estado deliberada. Con el desalojo institucional, salen a la luz nuevamente los relatos de asfixia, descargas eléctricas en genitales y «casi ahogamientos» sufridos por cientos de opositores en centros de detención como El Helicoide. Estos métodos, diseñados para aniquilar la disidencia, fueron el combustible que mantuvo al régimen en el poder hasta esta madrugada, cuando la estructura de seguridad finalmente colapsó.
El expediente judicial que ahora cobra fuerza tras la caída de Maduro incluye la persecución de miles de ciudadanos por motivos políticos desde abril de 2017. Según los informes de la CPI, las fuerzas de seguridad del Estado, junto con grupos paramilitares conocidos como «colectivos», ejecutaron un ataque generalizado contra la población civil. La impunidad parecía ser la norma, pero el arresto del dictador en un operativo relámpago cambia el tablero y pone a los responsables directos frente a una posible condena a perpetuidad.
Informes internacionales y la caída de Maduro
Incluso figuras que en su momento evitaron confrontar directamente con el chavismo terminaron por documentar el horror. Michelle Bachelet, en su rol como Alta Comisionada de las Naciones Unidas, fue lapidaria en sus informes anuales. Tras la caída de Maduro, sus denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas especiales (FAES) adquieren un peso renovado. El mundo recuerda hoy las cifras escalofriantes: más de 800 muertes anuales en operativos que no eran más que asesinatos selectivos para sembrar el terror en los barrios populares.
La caída de Maduro también revive el trabajo de la Misión Internacional Independiente de la ONU, que en 2022 identificó técnicas de tortura aberrantes como «la crucifixión» y «el pulpo». Estos métodos, que inmovilizaban a las víctimas en posiciones de tensión extrema para aplicarles castigos físicos, evocan las épocas más oscuras de las dictaduras del Cono Sur. Hoy, con el dictador fuera del mando, el sistema de inteligencia que operaba a través de la DGCIM y el SEBIN queda expuesto ante la comunidad internacional como una maquinaria de producción de dolor y muerte.
El incierto panorama judicial tras la caída de Maduro
Aunque el régimen intentó blindarse en diciembre de 2025 derogando la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma, los expertos coinciden en que esa maniobra no tiene efectos retroactivos. La caída de Maduro ocurre en un marco donde la jurisdicción de la CPI sigue plenamente vigente para los crímenes cometidos mientras Venezuela era parte del tratado. La justicia internacional ha sido lenta, pero la captura del líder del Cártel de los Soles marca un punto de no retorno para quienes pensaron que el poder los protegería para siempre.
La sociedad venezolana, que ha resistido años de privaciones y violencia, observa este desenlace con una mezcla de alivio y sed de justicia. La caída de Maduro es apenas el primer paso de un largo proceso de reconstrucción democrática y reparación de las víctimas. Los canales institucionales, tantas veces ignorados por el chavismo, serán ahora el escenario donde se dirimirá el destino de un hombre que prefirió convertir a su país en un centro de operaciones criminales antes que ceder el mando a través de las urnas.
¿Logrará la justicia internacional una condena ejemplar que sirva de advertencia para otros regímenes autoritarios, o se diluirá el proceso en los laberintos de la diplomacia global?
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