El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha recibido ya 303 solicitudes formales de personas que piden ser reconocidas como víctimas de la guerra contra las drogas del expresidente filipino Rodrigo Duterte, quien está detenido en Países Bajos.
El Registro del TPI ha informado de que la Sección de Participación y Reparaciones a las Víctimas está trabajando para prestar ayuda a las víctimas, en particular a las que hubieran participado en procedimientos anteriores del tribunal, aunque ha recalcado que la cifra publicada de solicitudes es un «número limitado» en comparación la cifra de víctimas que querían participar.
El listado es el resultado del trabajo con redes y grupos de apoyo a las víctimas en un proceso «transparente e inclusivo», según la institución, que ha trabajado con formularios en tagalo, cebuano, inglés y francés y ha mantenido reuniones con los candidatos en las que les ha informado de sus derechos.
La vista de confirmación de cargos contra Duterte está prevista para el 23 de septiembre, aunque el expresidente niega todos los cargos y atribuye el proceso a una venganza política.
El Gobierno filipino reconoce más de 7.000 muertes de «traficantes» en el marco de la camapaña contra las redes de tráfico de droga de las fuerzas de seguridad en la época de Duterte. Las autoridades sostienen que en todos esos casos los sospechosos se resistieron al arresto con violencia y por eso murieron. Sin embargo, el propio Duterte animaba a los agentes a matar a los sospechosos en declaraciones públicas.
Duterte fue detenido en Manila el pasado 11 de marzo y entregado a la corte en virtud de una orden de detención en su contra por presuntos crímenes contra la humanidad durante la guerra contra las drogas que emprendió durante su mandato, así como durante su mandato como alcalde de Dávao entre 2011 y 2016, caracterizadas por la extrema brutalidad de las fuerzas de seguridad.
Filipinas, cabe recordar, se incorporó al TPI el 1 de noviembre de 2011, pero en 2018 presentó una notificación de retirada que se hizo efectiva el 17 de marzo de 2019. No obstante, la corte ha mantenido la competencia respecto de los presuntos crímenes que se habían cometido en Filipinas mientras era Estado Parte, entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.
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