Corrupción en SUNCA es el concepto que resuena con fuerza en los pasillos judiciales, aunque el eco parece perderse en la lentitud de los procesos de la Fiscalía General de la Nación. A abril de 2026, la investigación por la mega estafa que sacudió al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) se encuentra en un punto de parálisis que genera indignación entre los trabajadores. El desvío de aproximadamente 1.2 millones de dólares del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) no es solo un número en una planilla; es el dinero de miles de obreros que fue drenado mediante depósitos fraudulentos y prestaciones para personas inexistentes.
La maniobra, que fue detectada y denunciada en 2025, ya cuenta con condenas penales para tres exdirigentes del sindicato, todos vinculados al Partido Comunista del Uruguay (PCU). Entre ellos destaca Estela Rey, exgerente financiera del Fosvoc, quien fue sentenciada a más de dos años de penitenciaría. Rey no era una figura menor; se la identificaba como una pieza de extrema confianza del hoy senador Óscar Andrade durante sus años al frente del sindicato. Sin embargo, a pesar de las confesiones que apuntan a que el dinero robado se utilizó para financiar las campañas electorales del PCU en 2024 y 2025, la cúpula política se mantiene en un silencio sepulcral.
Las implicancias políticas de la Corrupción en SUNCA y el rol de los fondos sociales
El alcance de la Corrupción en SUNCA trasciende lo netamente delictivo para instalarse en el corazón de la política nacional. Durante las audiencias judiciales, varios de los implicados afirmaron haber actuado bajo directivas superiores, señalando que el capital sustraído de los aportes de los trabajadores terminó alimentando la maquinaria propagandística del partido. Esta revelación coloca bajo una luz incómoda a figuras de primer orden como Óscar Andrade y el diputado Daniel Diverio. Ambos legisladores, que han construido sus carreras sobre la defensa del trabajador, hoy enfrentan el señalamiento de excompañeros que los sitúan como conocedores, o al menos beneficiarios indirectos, del saqueo.
La desaparición de 1.200.000 dólares destinados a soluciones habitacionales para familias de la construcción es una herida abierta en el sector. Mientras los obreros continúan aportando mes a mes a un fondo social que debería protegerlos, la falta de explicaciones satisfactorias por parte de los líderes comunistas profundiza la desconfianza. Andrade ha negado públicamente cualquier vínculo del partido con estos fondos, pero la ausencia de una auditoría externa independiente y la falta de transparencia en los movimientos financieros del sindicato alimentan las sospechas de una trama mucho más profunda y sistémica de lo que se ha admitido hasta ahora.
El silencio del fiscal Gilberto Rodríguez
La mirada de la opinión pública se posa hoy sobre el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez. A pesar de la gravedad de las acusaciones y de la existencia de condenas previas que confirman la asociación para delinquir y el lavado de activos, la investigación parece haber entrado en un «congelador» administrativo. No ha habido citaciones recientes a los cabecillas mencionados en el proceso, ni se han reportado avances significativos en la trazabilidad del dinero que supuestamente financió las campañas políticas.
Esta lentitud fiscal es vista por muchos como una señal de debilidad institucional. El deber del fiscal es reunir la prueba necesaria para formalizar a los responsables del saqueo, pero el paso de los meses sin novedades sugiere que la responsabilidad penal de los verdaderos arquitectos de la maniobra podría quedar en la impunidad. La sociedad civil y los propios afiliados al sindicato aguardan señales claras de que la justicia no se detendrá ante el peso político de los implicados.
Impacto en la credibilidad sindical
El daño reputacional para el SUNCA es incalculable. Un sindicato que históricamente se ha jactado de su combatividad y honestidad hoy se ve envuelto en un caso de corrupción de guante blanco. La utilización de 193 transacciones irregulares para vaciar las arcas del Fosvoc demuestra una planificación meticulosa que difícilmente pudo pasar desapercibida para los órganos de control interno. La pregunta que queda en el aire es quiénes más se beneficiaron de este esquema y por qué la estructura de control del Partido Comunista permitió, durante tanto tiempo, que el dinero de los obreros fuera desviado con fines electorales.
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