La burla de la inseguridad en Ciudad Vieja: 25 videos, un delincuente libre y un barrio entregado

La inseguridad Ciudad Vieja ya no es una sensación térmica ni un dato estadístico que se pueda maquillar en una conferencia de prensa; es el hambre de impunidad que devora a quienes intentan levantar el país «a pulmón». Lo que vivieron Noelia y Matías este domingo en su cafetería «Endúlzate by Noe» no es solo un robo. Es una humillación pública perpetrada por la delincuencia y avalada por la inacción de un sistema judicial y policial que parece haber firmado la rendición en el casco histórico de Montevideo.

En Sarandí, entre Alzáibar y Colón, el Estado uruguayo ha decidido retirar sus banderas. La escena es propia de una distopía: delincuentes que conocen el terreno mejor que la Guardia Republicana, una cuadra que se queda a oscuras porque cualquier «pichi» tiene acceso a la llave de la luz pública, y un sistema de cámaras que sirve de poco cuando la Fiscalía decide que 25 videos no son prueba suficiente para encerrar a un malviviente conocido por todos.

La impunidad que alimenta la inseguridad Ciudad Vieja

Es difícil encontrar un caso que sintetice mejor el desprecio por el ciudadano honesto. Noelia aportó 25 registros fílmicos donde se ve el modus operandi, el rostro y la vestimenta de los delincuentes. Sin embargo, la respuesta judicial es un cachetazo: como el autor se cambió de ropa, «podría haber un error». Esa garantía procesal, que en Uruguay parece proteger más al victimario que a la víctima, es la que hoy tiene a «El Tico» —un delincuente identificado por los vecinos— caminando por la zona con un palo en la mano, intimidando a quienes apenas terminaron de limpiar los vidrios rotos de su local.

La inseguridad en Ciudad Vieja ha creado una casta de intocables. El relato de Noelia es desgarrador: el presunto autor fue conducido a la seccional y, apenas recuperó la libertad, volvió al lugar del crimen para increpar y amenazar a los dueños. ¿Cómo se le explica a un comerciante que paga sus impuestos que debe «comerse» la presencia de su agresor en la puerta de su trabajo? ¿Quién se hace cargo del pánico de cinco mujeres que entran a trabajar a las 6 de la mañana en una zona donde, según denuncian, «no anda nadie»?

Lo que ocurre en la calle Sarandí es la crónica de un abandono planificado. El hecho de que un delincuente pueda bajar una llave de luz en la vía pública para dejar la cuadra en penumbras y robar con comodidad es una negligencia técnica y política imperdonable. La Intendencia y el Ministerio del Interior parecen ignorar que en Ciudad Vieja se ha instalado una «zona liberada» donde las reglas las pone el que tiene la piedra y la reja rota, no el que tiene la ley de su lado.

El esfuerzo de Noelia y Matías, dos jóvenes de 31 y 32 años que construyeron su negocio con ahorros y sacrificio, está siendo destruido por la burocracia de una Fiscalía que exige niveles de prueba de laboratorio para delitos que ocurren a plena luz del día y frente a decenas de lentes. «Dormimos en el piso al lado de la puerta, porque no nos podíamos mover porque estábamos sin rejas», relató la propietaria. Esa frase debería resonar en los despachos de los fiscales y ministros: ciudadanos durmiendo en el suelo de sus negocios para que no les roben lo poco que les queda.

Mientras tanto, la respuesta oficial es el silencio o la promesa de patrullajes que nunca llegan cuando la luz se apaga. La cafetería vecina fue robada tres veces en una semana. No es una racha de mala suerte, es el colapso del orden público. Si el Estado no es capaz de garantizar que un delincuente identificado con nombre y apellido permanezca lejos de sus víctimas, entonces el Estado ha fracasado en su función más básica: la protección de la vida y el trabajo.

La inseguridad en Ciudad Vieja está logrando lo que ninguna crisis económica pudo: que los emprendedores quieran bajar la cortina para siempre. No es el miedo al robo lo que quiebra la voluntad, es la certeza de saberse desprotegidos. Es ver que el delincuente tiene más derechos a usar la calle que el trabajador. Uruguay no puede permitirse que su casco histórico sea «tierra de nadie», pero mientras la Fiscalía siga pidiendo «permiso» para imputar a quienes rompen rejas y amenazan con palos, el mensaje para los honestos seguirá siendo el mismo: sálvese quien pueda.

Es hora de que los responsables dejen de mirar las cámaras desde el monitor de un despacho y bajen a la calle Sarandí a las 8 de la noche. Quizás ahí, entre la oscuridad y el miedo, entiendan que cada minuto que «El Tico» y sus secuaces pasan libres, es un clavo más en el ataúd de la convivencia ciudadana.