La polémica por la instalación de la planta de hidrógeno en Paysandú sumó un nuevo capítulo judicial que promete elevar la temperatura diplomática en el litoral. La fiscalía federal de Concepción del Uruguay determinó que la demanda impulsada por legisladores argentinos contra el estado uruguayo y la firma chilena HIF Global debe tramitarse en los juzgados locales de Entre Ríos. Esta resolución judicial es vista por los asambleístas y políticos de la región como un paso crucial para frenar lo que consideran un riesgo inminente para el ecosistema del río compartido.
Qué pasó con la demanda judicial
La fiscal federal María Josefina Minatta emitió un dictamen clave el pasado 18 de marzo. En el documento, la funcionaria rechazó la idea de que la causa deba ser tratada directamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, manteniendo el expediente en la jurisdicción de Concepción del Uruguay. Esta decisión técnica tiene un trasfondo político y ambiental profundo: permite que el juzgado federal ordinario comience a solicitar medidas de prueba, reconocimientos judiciales de las costas y análisis químicos del agua de forma más ágil.
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Datos clave del hecho
La demanda fue presentada por los legisladores peronistas Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl. El eje del reclamo sostiene que el proyecto de HIF Global, ubicado a escasos tres kilómetros de la Mercedes argentina de Colón, no respeta las obligaciones de consulta previa y control ambiental estipuladas en el Estatuto del Río Uruguay. La planta, que representa una inversión de más de 5.000 millones de dólares, busca producir e-metanol y e-gasolina a gran escala, un proceso que requiere un uso intensivo de recursos hídricos.
Cifras o declaraciones relevantes
La inacción y falta de gestión llevó a esta situación de tener que solicitarle a la justicia que actúe», disparó Guillermo Michel, apuntando contra el actual gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio. Por su parte, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, pidió «ser cuidadosos en el tono» para evitar que la irracionalidad le gane al diálogo, recordando el traumático antecedente del bloqueo de puentes por la pastera Botnia.
Impacto y por qué importa
La instalación de la planta de hidrógeno en Paysandú ha despertado los fantasmas de hace dos décadas. Para los vecinos de Colón y las organizaciones ambientalistas, la cercanía de la refinería de combustibles sintéticos —apenas cuatro kilómetros en línea recta de la costanera argentina— es una amenaza directa a la calidad del agua y el turismo regional.
Consecuencias económicas o sociales
Si el conflicto escala al nivel de las papeleras, el impacto económico en los pasos fronterizos podría ser devastador para el comercio binacional. Sin embargo, en esta oportunidad, la preocupación no es solo por los efluentes, sino por la magnitud del proyecto industrial de HIF Global, que prevé producir 876.000 toneladas de e-metanol al año. El temor social radica en que el río Uruguay se convierta nuevamente en un sector agropecuario uruguayo de batalla legal internacional ante la falta de acuerdos técnicos claros en la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay).
Sectores afectados
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Turismo en Colón: La percepción de un río contaminado podría alejar a los veraneantes argentinos y uruguayos.
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Sector Energético de Uruguay: Un freno judicial argentino podría demorar una de las inversiones extranjeras más importantes de la historia del país.
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Pescadores artesanales: La alteración de la temperatura o composición del agua afectaría directamente la biodiversidad del Queguay y el cauce principal del río.
Qué puede pasar ahora
Con la competencia judicial definida, el próximo paso será la apertura de la etapa probatoria. El juzgado federal de Concepción del Uruguay podría ordenar peritajes técnicos sobre el proyecto de impacto ambiental presentado por HIF ante las autoridades uruguayas.
Escenarios posibles
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Medidas cautelares: No se descarta que la justicia argentina solicite la suspensión preventiva de las obras hasta que Uruguay proporcione toda la información técnica requerida.
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Relocalización: El gobernador Frigerio ha manifestado que la planta «tiene que relocalizarse», una postura que podría endurecer la posición argentina en las mesas de diálogo bilateral.
Medidas o decisiones esperadas
Se espera que el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, mantenga una línea de negociación abierta con el Presidencia de la República argentino para evitar que el litigio llegue a la Corte Internacional de La Haya. El antecedente del derrame de ácido sulfúrico en la planta de UPM en Fray Bentos la semana pasada solo ha servido para alimentar la desconfianza de los asambleístas entrerrianos.
Contexto y claves del conflicto
Para entender por qué la planta de hidrógeno en Paysandú genera tanta fricción, hay que mirar el mapa y la historia. La ubicación elegida está en una zona de alta sensibilidad ecológica, cerca del Área Protegida Islas del Queguay.
Antecedentes y jurisprudencia
El caso «Botnia-UPM» fijó una jurisprudencia clara: el deber de informar y consultar es obligatorio para ambos países cuando una obra puede afectar la calidad de las aguas del río Uruguay. La fiscalía argentina se apoya en este precedente para sostener que Argentina tiene derecho a intervenir en el proceso de aprobación de una planta que, aunque esté en suelo uruguayo, comparte el mismo ecosistema hídrico.
Cierre
La resolución de la justicia argentina sobre la planta de hidrógeno en Paysandú marca el inicio de un camino legal que pondrá a prueba la madurez diplomática de los gobiernos de Orsi y Milei. Mientras Uruguay defiende su derecho al desarrollo industrial y la transición energética, en la orilla argentina la consigna es clara: no se aceptará un proyecto de esta magnitud sin garantías ambientales totales. La «nueva Botnia» ya no es un fantasma, sino un expediente judicial activo que definirá el futuro del litoral.
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