Ley de Empleo Integral: el ambicioso plan de Orsi para incentivar el trabajo en sectores críticos

El Poder Ejecutivo puso sobre la mesa una de sus cartas más fuertes en materia social y económica: la Ley de Empleo Integral. Presentada este jueves por el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, la propuesta no es solo un cambio de nombre para las normativas vigentes, sino un giro de 180 grados en la forma en que el Estado uruguayo entiende la promoción del trabajo. El foco ya no está puesto simplemente en «cómo» se contrata, sino en «a quién» se contrata, priorizando a aquellos que el mercado laboral uruguayo suele dejar de lado.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario fue claro: se busca dar una mano real a quienes la tienen más difícil. Hablamos de jóvenes que rebotan en cada entrevista por falta de experiencia, mujeres que llevan adelante solas sus hogares y personas mayores de 50 años que, tras un despido, sienten que el sistema les cerró las puertas. Con la Ley de Empleo Integral, el Gobierno apuesta a que el Estado sea el socio de las pequeñas y medianas empresas, cubriendo una parte importante de los salarios para fomentar contrataciones genuinas.

Esta nueva normativa viene a sustituir a la Ley de Promoción del Empleo (Nº 19.973), buscando pulir lo que no funcionaba y potenciar los aciertos de leyes anteriores. Con un presupuesto de 10 millones de dólares anuales aportados por Inefop, el objetivo es mover la aguja del desempleo en los sectores que más lo sufren.

Un cambio de paradigma: poner a la persona en el centro

Lo que diferencia a esta propuesta de las anteriores es su visión humana. El ministro Juan Castillo explicó que se tomó lo mejor de la Ley de Empleo Juvenil y de Fomento al Empleo, pero con un enfoque integral. Ya no se trata de parches temporales, sino de una política que estará vigente durante todo el período de gobierno.

La lista de beneficiarios es amplia y atiende a la diversidad de la sociedad uruguaya actual. Entre los grupos prioritarios se encuentran:

• Jóvenes de 15 a 29 años buscando su primer empleo.

• Mujeres jefas de hogares monoparentales.

• Personas mayores de 50 años con dificultades de reinserción.

• Personas afrodescendientes, trans y personas con discapacidad.

• Personas recientemente liberadas del sistema penitenciario (hasta 3 años).

¿De cuánto son los subsidios al empleo?

Para que una empresa se cope y contrate, los números tienen que cerrar. El proyecto plantea una escala de subsidios al empleo que varía según la vulnerabilidad y el perfil del trabajador. No es un monto fijo, sino un porcentaje del salario que el Estado reintegra a la empresa, con un tope de 3,7 BPC (Bases de Prestaciones y Contribuciones).

Por ejemplo, si una empresa decide contratar a una mujer jefa de hogar en situación de vulnerabilidad con un sueldo de $38.000, el Estado podría subsidiar hasta $25.300 de ese salario. Es un alivio enorme para el empleador y una oportunidad de oro para la trabajadora.

En el caso de los jóvenes de entre 15 y 24 años que lleven más de tres meses desempleados, el subsidio cubre un tercio del sueldo si es mujer y un cuarto si es varón. Pero si ese joven está en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, el apoyo estatal sube al 66% para mujeres y al 50% para varones. Los casos de mayor incentivo llegan al 80% del salario para personas trans, con discapacidad o liberados del sistema carcelario.

Beneficios extendidos para las PYMES

El tejido empresarial uruguayo se sostiene sobre las pequeñas empresas. Por eso, la Ley de Empleo Integral tiene un apartado especial para aquellas firmas que tengan hasta 19 trabajadores. En estos casos, los subsidios no se cortan al año, sino que pueden extenderse hasta los 18 meses, con una reducción gradual durante el segundo año para que la transición sea lo más suave posible.

Además de los incentivos directos, se busca que el empleo sea de calidad. Los contratos tendrán una duración de entre 6 y 12 meses, con un período de prueba de 45 días. Un dato no menor para proteger la vida familiar: se prohíben los horarios rotativos para jóvenes y mujeres jefas de hogar, asegurando que el laburo no choque con los estudios o la crianza.

El sector público y el programa «Yo Estudio y Trabajo»

El Estado también tiene que dar el ejemplo. La ley regula formalmente el programa «Yo Estudio y Trabajo», que hasta ahora se manejaba con una base legal un tanto gris. Ahora, el ingreso será por sorteo universal y se obliga a los organismos públicos y empresas con participación estatal a destinar al menos el 50% de sus vacantes para becarios y pasantes a este régimen.

Dentro de ese cupo, hay una fuerte apuesta a la equidad con cuotas específicas: 50% para mujeres, 15% para sectores vulnerables, y porcentajes destinados a personas afrodescendientes, trans y víctimas de violencia de género. Es una forma de asegurar que el mercado laboral uruguayo sea, por fin, un reflejo de toda la sociedad.

Emprendedurismo y formación profesional

No todo es relación de dependencia. La ley también piensa en los que quieren armar lo suyo. Se habilita un subsidio del 50% de los aportes patronales para emprendimientos nuevos (hasta 2 años de antigüedad) que estén liderados en su mayoría por personas de los colectivos prioritarios.

Y como el mundo del trabajo cambia rápido, la formación es la clave. Quienes entren a trabajar bajo esta ley tendrán prioridad en los cursos de INEFOP y en el programa Uruguay Certifica. La idea es que, si el contrato se termina a los 12 meses, esa persona salga con más herramientas, mejores competencias y, ojalá, el ciclo educativo terminado.

En definitiva, la Ley de Empleo Integral se presenta como una herramienta potente para combatir la desigualdad desde la raíz: el acceso al trabajo. Con el respaldo de Yamandú Orsi y la gestión de Juan Castillo, el proyecto ahora pasa a la cancha parlamentaria, donde se espera que el debate sea profundo pero ágil, dada la urgencia de muchos uruguayos por conseguir ese primer o nuevo lugar en el mundo del trabajo. Lograr que la Ley de Empleo Integral sea un éxito dependerá de que las empresas vean en estos subsidios no solo un ahorro, sino una inversión en el talento diverso de nuestro país.