Caso Cardama Jorge Díaz: el prosecretario contra las cuerdas por filtrar secretos

Parece que en el Caso Cardama Jorge Díaz se olvidó de que ahora está del otro lado del mostrador. Los senadores Javier García y Andrés Ojeda le enviaron una carta fulminante al presidente Yamandú Orsi, exigiendo una sanción inmediata para el prosecretario de Presidencia. ¿El motivo? Díaz publicó en sus redes fragmentos de un informe jurídico que el propio Ministerio de Defensa había declarado como «información reservada». Es decir, lo que le negaron al Parlamento por ser «estratégico», el prosecretario lo usó para ganar una discusión en Twitter. Un mamarracho institucional que huele a falta grave.

La situación del proceso de adquisición de patrulleras oceánicas se vuelve cada vez más espesa. Mientras el país enfrenta un litigio internacional millonario con el astillero español, el jerarca decidió que era buena idea «tuittear» partes de un texto de la abogada Cristina Vázquez. Según los senadores, esta actitud es «institucionalmente inadmisible». No se puede decir que algo es secreto para los representantes del pueblo y, al mismo tiempo, usarlo de forma «antojadiza» para hacer política en redes sociales. La lealtad institucional, bien gracias.

El informe reservado en el Caso Cardama Jorge Díaz

El nudo de la cuestión es que el informe completo sobre la rescisión del contrato con Cardama es un misterio para la oposición. El Ministerio de Defensa lo guardó bajo siete llaves el pasado 9 de febrero, argumentando que su difusión podría perjudicar a Uruguay en el juicio. Sin embargo, en el incumplimiento de garantías contractuales parece que las reglas no aplican para todos. El prosecretario citó fragmentos que, casualmente, contradicen la postura del exsecretario Rodrigo Ferrés sobre la necesidad de intimar a la empresa española.

Esta «divulgación selectiva» en la comisión bicameral investigadora es lo que más calienta a los legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado. García y Ojeda sostienen que si el informe es verdaderamente estratégico, Díaz cometió un delito al revelarlo. Y si no lo es, entonces el Gobierno le mintió al Parlamento al negárselo. Es un callejón sin salida donde el prosecretario quedó pegado por su propia incontinencia digital.

¿Qué sanciones piden para Jorge Díaz?

Los senadores no se anduvieron con chiquitas y citaron artillería pesada del Código Penal y la Ley de Acceso a la Información Pública. Para ellos, lo que pasó en el Caso Cardama Jorge Díaz encuadra en «faltas administrativas graves».

• Violación de reserva: La Ley 18.381 castiga el acceso o divulgación indebida de información confidencial.

• Código Penal: Citaron el artículo 302, que pena a quien revele secretos conocidos por su empleo que causen perjuicio.

• Denuncia obligatoria: Recordaron que los funcionarios deben denunciar delitos sin demora ante la Justicia.

• Coherencia institucional: Piden a Orsi que restablezca el respeto al Poder Legislativo tras este «manoseo» de información.

El impacto político del Caso Cardama Jorge Díaz

Este cruce pone al presidente Yamandú Orsi en una posición incomodísima. Por un lado, tiene a su mano derecha, un hombre de peso como Díaz, y por el otro, una acusación formal de que su gobierno utiliza información sensible de manera «fragmentaria y caprichosa». En el proceso de adquisición de patrulleras oceánicas, lo que está en juego no es solo una sanción administrativa, sino la seriedad del Estado uruguayo ante un juicio internacional.

Si el prosecretario filtró que la rescisión era una «opción» y no una «recomendación», le acaba de regalar un argumento de oro al astillero español para ganarle el juicio a Uruguay. En el Caso Cardama Jorge Díaz, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. La oposición ya avisó: si hay reserva, se respeta para todos; si no, es una tomadura de pelo a la democracia.

Conclusión editorial

Lo del prosecretario es, por lo menos, una imprudencia temeraria. En el Caso Cardama Jorge Díaz, se cruzó una línea roja: la de usar el secreto de Estado como herramienta de debate partidario. Orsi tiene ahora la pelota en su cancha: o sanciona a su asesor y demuestra que la ley es pareja, o convalida que en su gobierno los secretos son solo para los que no piensan como él. A llorar al campito con la transparencia si el «dueño» de la información es el primero en filtrarla cuando le conviene.