Patrullas oceánicas en Uruguay: la danza de nombres para un negocio que ya nació torcido

Parece que el mar uruguayo por fin va a dejar de ser una zona liberada, o al menos eso es lo que nos quieren vender ahora. Tras el bochornoso episodio de la rescisión del contrato con aquel astillero que nunca había construido un barco de estas características, el gobierno anunció que tiene sobre la mesa cinco nuevas propuestas para las tan mentadas patrullas oceánicas en Uruguay. Entre empresas chinas, estadounidenses y españolas, la pregunta que nos hacemos todos es: ¿esta vez van a elegir a alguien que sepa de qué lado está la proa?

La gestión de las buques de patrulla marítima se ha convertido en una novela de suspenso y mala praxis. El mandatario fue claro: esta vez se busca a una «empresa acostumbrada» a hacer estas cosas. Es de sentido común, ¿no? Pero claro, después de lo que pasó, hasta lo más obvio parece una revelación divina. El país no puede permitirse otro cheque en blanco a aventureros mientras nuestra soberanía marítima sigue siendo un colador por falta de equipamiento adecuado.

Entre China y Estados Unidos: la geopolítica de las patrullas oceánicas en Uruguay

La elección de quién construirá las embarcaciones de vigilancia oceánica no es solo un tema de tuercas y tornillos; es un movimiento de ajedrez geopolítico. Con ofertas que vienen de potencias enfrentadas, el gobierno tiene que hilar fino. No se trata solo de cuánto nos va a salir el chiste, sino de qué tipo de tecnología vamos a meter en nuestras aguas y a quién le vamos a quedar debiendo el favor. Se espera que en los próximos días se elijan «al menos dos opciones» para empezar a definir el futuro de nuestra defensa.

La transparencia, esa palabra que tanto le gusta decir a los políticos pero que pocas veces aplican, ahora parece ser el eje central. Según se informó, el criterio para las naves de control marítimo será la solvencia técnica y la seguridad de que el barco, efectivamente, va a flotar y cumplir su función. Es increíble que en 2026 tengamos que aclarar que queremos comprarle algo a alguien que ya lo haya hecho antes.

Una investigadora parlamentaria que huele a quemado

Mientras el Ejecutivo mira astilleros, el Parlamento prendió el ventilador. Se creó una comisión bicameral investigadora que va a mirar bajo la alfombra de todo el período 2010-2026 respecto a este tema. El fracaso con el astillero anterior dejó muchas dudas sobre cómo se manejan los fondos públicos. Las patrullas oceánicas en Uruguay parecen ser el centro de una maraña de decisiones cuestionables que ahora los legisladores dicen que van a «desentrañar».

• Cinco propuestas en danza: Empresas de China, EE. UU. y España están en la fila.

• Filtro por experiencia: Ya no se aceptan novatos; el constructor debe tener currículum.

• Transparencia bajo la lupa: La investigadora parlamentaria buscará responsables del tiempo perdido.

• Urgencia marítima: Mientras se discute, la pesca ilegal sigue haciendo su agosto en nuestras aguas.

¿Cuánto nos cuesta el «sentido común» en las patrullas oceánicas en Uruguay?

El gobierno dice que no es un tema de «tope de gasto», sino de tranquilidad. Pero seamos sinceros: la tranquilidad de los uruguayos se rompe cada vez que vemos millones de dólares volando en contratos que se rescinden a mitad de camino. La compra de los barcos de patrulla naval es una necesidad imperiosa para la Armada, pero no puede ser la excusa para seguir despilfarrando el dinero de los contribuyentes en gestiones que parecen amateur.

Es «milagroso» —para usar una palabra de moda en el gobierno— que todavía tengamos esperanzas de que esto salga bien. La soberanía no se defiende con discursos ni con conferencias de prensa prolijas; se defiende con barcos que funcionen. Las unidades de vigilancia en alta mar son el examen final para una gestión que viene de un aplazo rotundo en materia de compras militares.

El Parlamento soberano y la sombra de Cardama

El mandatario dijo que no le tiene miedo a la investigadora y que el Parlamento es soberano. Menos mal. Lo que es preciso es que de esa comisión salgan verdades y no solo chicanas políticas. El país necesita saber por qué se eligió a una empresa española que no tenía experiencia y por qué perdimos tanto tiempo mientras nuestro mar estaba desprotegido. Los buques de seguridad oceánica ya son un símbolo de lo que no hay que hacer en contrataciones del Estado.

En conclusión, estamos ante una nueva oportunidad, pero el margen de error es cero. El gobierno tiene las ofertas, tiene el presupuesto y, supuestamente, ahora tiene el «sentido común». Solo falta que elijan bien y que, por una vez, las patrullas oceánicas en Uruguay dejen de ser un titular de escándalo para convertirse en una realidad que cuide nuestras riquezas naturales. Estaremos atentos para ver si cumplen o si volvemos a comprar un barco de papel.