El golpe final a la chimenea sanducera
Lo que durante años fue un rumor de pasillo en los vestuarios, hoy se transformó en una realidad de puño y letra. La planta de portland de Paysandú se encamina hacia un apagón operativo que cambiará para siempre la fisonomía industrial del departamento. El directorio de Ancap confirmó finalmente lo que los gremios Fancap y Sunca temían: el apagado definitivo del horno y un plan de «readecuación» que suena más a desmantelamiento que a modernización.
Esta medida, que según las autoridades comenzará a ejecutarse en abril, implica que la planta cementera de Paysandúdejará de ser un polo de producción integral para concentrarse únicamente en tareas de logística y distribución. El centro de gravedad del negocio del cemento se desplazará definitivamente hacia Minas, dejando en el litoral uruguayo un tendal de dudas y una herida social que difícilmente cierre con promesas de ahorro presupuestal.
Traslados forzosos y el fantasma del desempleo
La reestructuración no es solo un movimiento de piezas en un tablero contable; tiene nombres y apellidos. Según Eduardo Zabala, dirigente de Fancap, unos 50 funcionarios públicos serán arrancados de su entorno para ser trasladados a Lavalleja, mientras que apenas 60 quedarán en la fábrica de portland para tareas menores. Lo más doloroso, sin embargo, recae sobre los trabajadores tercerizados de las ramas extractivas.
Para estos 75 operarios nucleados en el Sunca, el futuro inmediato no tiene oficinas en el sur, sino un formulario de ingreso al seguro de paro. Es el eslabón más débil de la cadena el que termina pagando los platos rotos de una gestión que busca «ahorrar» 9 millones de dólares a costa del bienestar de las familias sanduceras. En el complejo industrial de ANCAP, la sensación es de una entrega negociada donde el directorio resuelve y el obrero simplemente colabora con su propio sacrificio.
Versiones encontradas y una interna política hirviente
El manejo de la información en torno a la instalación de producción de cemento ha sido, por decir lo menos, errático. Mientras los dirigentes sindicales Paulo García y Eduardo Zabala bajaban la confirmación del directorio a la asamblea, en el Parlamento las versiones se cruzaban. Los diputados Fermín Farinha y Walter Verri señalaron las contradicciones entre lo que dice la ministra y lo que ejecutan las autoridades de la petrolera estatal, generando un clima de desconfianza absoluta.
Incluso dentro del Frente Amplio, el diputado Juan Gorosterrazú intentó poner paños fríos tras comunicarse con la presidenta de Ancap, Cecilia San Román. Según esta versión, «no hay una resolución firme» sobre los traslados y el seguro de desempleo, una afirmación que choca de frente con lo comunicado a los delegados gremiales en las reuniones bipartitas. Esta falta de transparencia no hace más que aumentar la angustia en la unidad de portland en Paysandú, donde los trabajadores sienten que están siendo parte de un juego de sombras.
La inviabilidad del proyecto alternativo
Fancap no se quedó de brazos cruzados y presentó un proyecto alternativo para intentar salvar la producción en la Cementera sanducera. Sin embargo, la respuesta oficial fue el clásico «reconocemos los puntos positivos, pero no es el momento. Para el gobierno, la prioridad es el ahorro inmediato y la concentración de recursos en Lavalleja, ignorando el impacto regional de dejar a Paysandú sin su capacidad extractiva y de horneado.
El ahorro de 9 millones de dólares que pregona Ancap parece ser el único norte de una brújula que perdió el sentido social de la empresa pública. Mientras el directorio se felicita por los números, en las inmediaciones de la planta de portland de Paysandú los comercios y las familias empiezan a sacar cuentas de cuánto dinero dejará de circular en el departamento. Es la crónica de un apagón anunciado, donde la eficiencia se mide en despidos y desarraigo.
¿Será este el inicio del fin para la presencia industrial del Estado en el litoral o todavía queda margen para revertir el apagado del horno?
