Marília Soares
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El bolsillo del contribuyente como rehén del pasado
La realidad económica del Uruguay de 2026 parece caminar por dos carriles que nunca se cruzan: el de la asfixia del ciudadano común y el del despilfarro institucional. En una decisión que ha despertado una ola de indignación, el Senado aprobó recientemente un incremento del 15% en el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Este nuevo impulso al Gasto estatal se da en un contexto donde el trabajador promedio siente el peso de tributos cada vez más altos, mientras observa cómo el dinero público se deriva hacia lo que muchos consideran una «maquinaria de malgasto» alimentada por viejas rencillas ideológicas.
Bajo la consigna de la búsqueda de desaparecidos, se ha montado una estructura que, año a año, devora millones de dólares de los contribuyentes. El argumento de «encontrar la verdad» funciona hoy como un cheque en blanco para la casta política, especialmente para los sectores de ultra izquierda que han transformado el dolor del pasado en un negocio sumamente rentable. Este Gasto público persistente se destina a una búsqueda de restos que, tras décadas de fracasos y hallazgos esporádicos, parece haber perdido cualquier sentido de utilidad social para gran parte de la población que hoy tiene prioridades mucho más urgentes.
El desmantelamiento de la formación estratégica por el Gasto estatal
Para dimensionar el alcance de esta política, basta mirar lo ocurrido con el edificio de Bulevar Artigas casi Palmar. Allí, donde hoy funciona la cuestionada institución, operaba anteriormente el Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN). Era un espacio de excelencia académica bajo la órbita del Ministerio de Defensa, donde civiles y militares se formaban en estrategia nacional con profesores de primer nivel. Sin embargo, en 2012, durante la administración de José Mujica, ese centro fue sacrificado en favor de un nuevo organismo que hoy simboliza el incremento descontrolado del Erario nacional.
Quienes dirigen actualmente este organismo son señalados por la crítica como políticos que no encontraron lugar en las urnas o defensores de causas que solo miran con un ojo. Estos funcionarios perciben sueldos fabulosos que salen directamente de los impuestos de todos los uruguayos. Estas Finanzas estatales no solo financia salarios de privilegio, sino que sostiene una burocracia que se retroalimenta de la narrativa del odio y la venganza, alejándose de cualquier intención de reconciliación nacional real y efectiva para la sociedad uruguaya moderna.
Un presupuesto que crece a espaldas de la gente
La votación en el Senado el pasado martes 10 de febrero dejó en claro que la complicidad para mantener este Presupuesto oficial cruza algunas fronteras partidarias. Con el apoyo del Frente Amplio y algunos sectores del Partido Colorado, se le dio el visto bueno a una inyección de fondos que supuestamente es «crucial» para seguir excavando. Sin embargo, el cuestionamiento de fondo es técnico y ético: se están destinando recursos récord a un grupo de personas que, en su gran mayoría, fueron ex guerrilleros que atentaron contra las instituciones democráticas hace más de cincuenta años.
Resulta paradójico que en el Uruguay actual se siga priorizando el Recursos del Estado para pagar pensiones y equipos de búsqueda para quienes cometieron delitos de sangre u homicidios en el marco de la lucha armada. Mientras tanto, el contribuyente que se levanta a las seis de la mañana para trabajar ve cómo se le encarece el costo de vida a través de tarifas y regulaciones. El financiamiento de este «negocio macabro» es visto por los sectores críticos como una bofetada a la meritocracia y un premio a quienes, en su momento, decidieron tomar las armas contra la libertad de todos los uruguayos.
El impacto real del Gasto estatal en la economía familiar
Cada peso que se destina a sostener esta infraestructura ideológica es un peso que se le quita a la seguridad, a la salud o a la baja de impuestos. El Gasto estatal en la búsqueda de huesos que están bajo tierra hace décadas no le reporta ninguna utilidad tangible a la familia uruguaya que hoy no llega a fin de mes. Esta desconexión entre la agenda de los políticos y la realidad de la calle es lo que alimenta el descontento hacia una institución que parece tener coronita a la hora de pedir más recursos, sin rendir cuentas claras sobre la eficiencia de su gestión.
La narrativa de la «memoria» se ha convertido en el escudo perfecto para evitar el ajuste que el resto de la sociedad ya está haciendo. El Gasto estatal en esta materia es, en definitiva, la financiación de una visión parcial de la historia uruguaya, sostenida por una élite que vive del presupuesto público. Mientras no exista una auditoría seria que ponga fin al despilfarro en organismos que solo generan división, el uruguayo de a pie seguirá siendo el que pague la cuenta de una fiesta a la que nunca fue invitado y que solo beneficia a unos pocos privilegiados del sistema.
¿Es sostenible que un país con las urgencias de Uruguay siga destinando sumas millonarias a un organismo que parece más enfocado en la revancha que en la defensa real de todos los derechos humanos?