Marília Soares
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El peso de un Estado que gasta más de lo que genera
La economía uruguaya enfrenta nuevamente el fantasma del desequilibrio financiero. El dato del déficit fiscal, situado en el 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB), no es simplemente una cifra fría en una planilla del Ministerio de Economía y Finanzas. Representa la incapacidad crónica del sistema político para adecuar su estructura de gastos a los ingresos reales de una sociedad que ya soporta una carga impositiva considerable. A pesar de los discursos de prudencia, el deterioro de las cuentas públicas se ha vuelto una tendencia persistente que condiciona la inversión y el empleo genuino.
El problema radica en que, mientras al sector privado se le exige resiliencia y eficiencia, el sector público parece operar bajo una lógica distinta. El gasto primario continúa creciendo por encima de la actividad económica, incluso en períodos donde no existen crisis sanitarias o climáticas de magnitud. Esta rigidez fiscal, advertida en múltiples ocasiones por centros de estudios locales, demuestra que el ajuste se ha convertido en una mala palabra para quienes gestionan los recursos de todos.
Estructuras costosas y un déficit fiscal que no perdona
A lo largo de las últimas administraciones, el Estado ha mantenido y, en algunos casos, expandido una burocracia que consume gran parte de los recursos tributarios. Cargos políticos, asesores, viáticos y programas que carecen de auditorías externas rigurosas sobre su impacto real terminan alimentando el déficit fiscal. Esta estructura no solo es costosa en términos monetarios, sino que genera una inercia donde cualquier intento de racionalización es bloqueado por intereses corporativos o electorales.
La consecuencia directa de esta falta de austeridad es el mantenimiento de tarifas públicas e impuestos que asfixian a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Para el productor rural, el comerciante de barrio o el profesional independiente, el déficit fiscal se traduce en una presión tributaria que limita sus márgenes de maniobra. El mensaje implícito que recibe el contribuyente es que el esfuerzo siempre debe ser ajeno, mientras la política conserva sus privilegios y su ritmo de gasto.
Las advertencias internacionales sobre el déficit fiscal
Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han sido claros en sus consultas periódicas con el gobierno uruguayo. La sostenibilidad de las finanzas públicas depende de reformas estructurales que Uruguay sigue postergando. El actual ministro de Economía, Gabriel Oddone, ha iniciado misiones de transparencia fiscal con el FMI para mejorar la calificación de riesgo, pero la realidad del 4,7% de déficit fiscal dificulta cualquier mejora sustancial en la percepción de los mercados internacionales.
El financiamiento de este bache fiscal se realiza, inevitablemente, mediante la emisión de deuda pública. Lo que muchas veces se presenta como una solución técnica es, en realidad, un impuesto diferido que recaerá sobre las generaciones futuras. Cuando el déficit fiscal se vuelve estructural, la deuda deja de ser una herramienta de inversión para transformarse en el combustible de un motor estatal que gira en falso, consumiendo capital que debería destinarse a infraestructura o educación de calidad.
El costo real de la inacción fiscal
No se trata únicamente de un debate entre economistas; el desorden en las cuentas públicas tiene un impacto social palpable. Un déficit fiscal elevado presiona sobre la inflación, lo que afecta directamente el poder adquisitivo de los asalariados y jubilados. Además, condiciona la capacidad de respuesta ante verdaderas emergencias nacionales, ya que el margen de maniobra financiero se agota en el pago de intereses de deuda y en el mantenimiento de estructuras superfluas.
El desafío para 2026 es romper con este círculo vicioso. La pregunta que recorre los pasillos de la Torre Ejecutiva y el Parlamento es si existirá la voluntad política necesaria para revisar el gasto innecesario. Sin una reforma que exija eficiencia y transparencia en cada peso invertido, el déficit fiscal seguirá siendo el síntoma de un Estado que se niega a mirarse al espejo y aceptar que no puede seguir viviendo por encima de sus posibilidades.
¿Estamos ante el inicio de una reforma estructural profunda o simplemente ante un nuevo capítulo de promesas que se diluyen en el próximo ciclo electoral?