Gonzalo Sualina
La «limpieza» de la jefatura de Salto: El Ministerio del Interior intentó, con un movimiento de piezas rápido en el tablero de ajedrez policial, dar por cerrado un capítulo que amenaza con convertirse en un escándalo de proporciones institucionales. La confirmación del traslado del Crio. Gral. Fabián Severo a la Jefatura de Rivera ha sido presentada bajo el rótulo políticamente correcto de una «reorganización», pero en los pasillos de la Jefatura de Salto el aire se corta con un cuchillo y la lectura de los efectivos es unánime: se trata de una salida de emergencia para proteger a una cúpula que ya no podía sostenerse bajo el peso de las acusaciones en la policia de salto.
Según fuentes policiales consultadas por Uruguay Al Día, este «enroque» de jerarcas no es más que una maniobra de distracción diseñada para descomprimir la presión que hoy ejerce el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). La realidad es que el traslado de mando es la respuesta directa a una serie de denuncias por acoso laboral y anomalías en la gestión que los propios uniformados, rompiendo el histórico código de silencio, decidieron llevar ante las autoridades competentes. Lo que en Montevideo se dibuja como un cambio estratégico, en el litoral se vive como un intento de tapar el sol con un dedo frente a un grupo de trabajadores que ya no están dispuestos a tolerar el hostigamiento sistémico.
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Un expediente que quema en el Ministerio de Trabajo y la policia de salto
La presentación realizada ante la Oficina de Trabajo no es un hecho menor ni un simple reclamo administrativo. Se trata de una denuncia que golpea el corazón del comando salteño, señalando prácticas que vulneran la dignidad del personal policial. Según fuentes policiales consultadas por Uruguay Al Día, los relatos que fundamentan la denuncia describen un ambiente de trabajo tóxico, donde la persecución y el maltrato se habían vuelto moneda corriente. La gravedad es tal que el MTSS ya dispuso la apertura de un expediente investigativo, una medida que pone en jaque la narrativa de normalidad que el Ministerio del Interior intenta proyectar.
Esta situación coloca al Estado uruguayo en una posición sumamente delicada. Al estar vigente el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar entornos laborales libres de violencia. El hecho de que el Ministerio del Interior opte por trasladar a las jerarquías denunciadas en lugar de suspenderlas preventivamente para facilitar la investigación, es visto por muchos como una señal de complicidad institucional. La Inspección General tiene ahora la potestad de actuar de forma subsidiaria, lo que significa que el caso podría escalar mucho más allá de las fronteras del departamento de Salto.
La paradoja del traslado a Rivera
El destino elegido para el Crio. Gral. Fabián Severo no es aleatorio. Rivera, otro punto caliente en la frontera, recibirá a un jefe que se retira de Salto con una mochila cargada de cuestionamientos. Lo que resulta paradójico es que, mientras se habla de una reorganización para mejorar la eficiencia del servicio, se traslada el foco del conflicto de un punto del país a otro sin resolver el problema de fondo: la cultura del abuso de poder dentro de las jerarquías policiales.
Según fuentes policiales consultadas por Uruguay Al Día, existe un profundo malestar entre el personal de escala básica que ve cómo los mandos altos son «premiados» con nuevos destinos cuando las papas queman, mientras que el subordinado que denuncia queda expuesto a posibles represalias. Esta percepción de que existe una justicia para los jerarcas y otra para la tropa es lo que ha terminado por dinamitar la moral interna en la jefatura salteña. La salida de Severo no borra el expediente del MTSS ni cura las heridas de un personal que se siente desprotegido por su propia institución.
El fin de la impunidad y el rol de la justicia administrativa
Es la primera vez en la historia reciente de la Policía de Salto que un Comando entero debe enfrentar una investigación de este calibre ante el Ministerio de Trabajo. Este precedente marca un antes y un después en la forma en que los efectivos policiales se relacionan con sus superiores. La idea de que el uniforme o los galones otorgan una carta blanca para el maltrato está empezando a desmoronarse frente a la fuerza de los hechos y la valentía de quienes decidieron denunciar.
La pregunta que queda flotando es qué pasará cuando la investigación del MTSS arroje resultados definitivos. ¿Seguirá el Ministerio del Interior sosteniendo la tesis de la «reorganización» si se comprueban fehacientemente los casos de acoso laboral? Por ahora, el movimiento de piezas parece haber cumplido su objetivo primordial: sacar de la escena principal a los protagonistas del escándalo antes de que la situación se volviera incontrolable. Sin embargo, en la era de la información y con medios como Uruguay Al Día siguiendo el rastro de la verdad, ya no hay rincones lo suficientemente oscuros para esconder las malas prácticas.
La gestión policial en el norte del país entra en una zona de turbulencia. El cambio de mando en Salto no será un proceso de transición pacífico, sino el inicio de una etapa de vigilancia ciudadana y gremial sobre el comportamiento de quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos, pero que a menudo olvidan que también deben cuidar a quienes tienen a su cargo