El fracaso del sistema de protección infantil
La muerte en el INAU de un adolescente de 15 años ocurrida este viernes ha dejado a la institución bajo un fuego cruzado de críticas y dudas razonables. El joven, que se encontraba bajo la tutela del Estado en una clínica de salud mental privada, falleció tras un cuadro clínico que empeoró en cuestión de horas. Este desenlace fatal no es solo un hecho aislado, sino que se suma a un historial de vulnerabilidades que parecen no tener fin en los centros que el organismo terceriza para la atención de patologías psiquiátricas.
Lo que hace que esta tragedia en centro juvenil sea aún más difícil de explicar es el contexto sanitario del centro. En las últimas 24 horas, el adolescente cursó una gastroenterocolitis que también afectó a otros dos niños y dos adolescentes del mismo pabellón. A pesar de que se llamó a la emergencia médica en dos oportunidades el día jueves, el cuadro del paciente se agravó de tal manera que, para cuando llegó la asistencia final en la madrugada del viernes, las maniobras de reanimación fueron totalmente inútiles.
Muerte en el INAU y las dudas sobre la clínica psiquiátrica
El centro donde ocurrió la tragedia es una clínica de salud mental con convenio, ya que el Estado uruguayo no cuenta con infraestructura propia para estos casos. Cada muerte en el INAU que sucede en un entorno privado pone bajo la lupa la efectividad de los controles y el rigor de los monitoreos que la institución dice realizar. En este caso, el joven fallecido compartía dormitorio con otros internos que también enfermaron, lo que sugiere una posible falla en los protocolos de aislamiento y atención temprana ante un brote infeccioso.
La directora del hogar informó que el paro cardiorrespiratorio fue el desenlace final, pero el Fallecimiento que sacude al INAU tiene raíces más profundas que un simple parte médico. Desde el organismo informaron a los medios que se inició una «investigación de urgencia» para determinar si hubo omisiones en el cuidado del menor. Sin embargo, para la opinión pública, este tipo de procesos administrativos suelen ser percibidos como una forma de diluir responsabilidades mientras el dolor de la pérdida queda en manos de la familia.
El rol de Fiscalía en la muerte en el INAU del menor
La Fiscalía de 5to turno ha tomado las riendas de la investigación para aclarar si existió negligencia médica o falta de atención por parte del personal de la clínica. Una muerte en el INAU de estas características requiere de una autopsia minuciosa que determine si la gastroenterocolitis fue la causa principal o si hubo otros factores asociados a la medicación psiquiátrica que el joven recibía. El hecho de que se necesitara asistencia de emergencia tres veces en menos de un día es un dato que los investigadores no van a dejar pasar por alto.
Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública (MSP) también fue notificado de este caso que conmueve a la institución para evaluar las condiciones higiénico-sanitarias del establecimiento. Resulta imperdonable que en un lugar de salud, un brote digestivo termine con la vida de un adolescente de 15 años. Mientras los otros internos afectados evolucionan favorablemente, el vacío legal y humano que deja este fallecimiento obliga a replantearse si el Estado puede seguir lavándose las manos delegando el cuidado de sus hijos a empresas privadas que buscan, ante todo, rentabilidad.
Consecuencias y reclamos tras la muerte en el INAU
Desde los sindicatos y organizaciones de derechos humanos, la muerte en el INAU ha sido catalogada como una muestra más del abandono sistemático de la infancia vulnerable. No se trata solo de falta de presupuesto, sino de una gestión que parece no priorizar la vida de quienes más lo necesitan. La intervención psicosocial para los compañeros del fallecido es un paso necesario, pero no borra la imagen de un sistema que falló en su promesa de amparo y seguridad.
La autopsia será el veredicto final que defina el rumbo de esta causa judicial. Si se comprueba que esta muerte en el INAU pudo haberse evitado con una hospitalización a tiempo el jueves por la tarde, estaríamos ante un caso grave de responsabilidad penal. Mientras tanto, la institución sigue sumida en una crisis de confianza que no se soluciona con comunicados de prensa ni con «investigaciones» internas que raramente terminan con sanciones reales para los responsables de los convenios.
¿Cuántas vidas más de adolescentes deben perderse en clínicas privadas para que el Estado uruguayo asuma de una vez por todas la gestión directa de la salud mental de sus protegidos?
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