Marília Soares
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La solidaridad de escritorio frente al infierno del litoral
En un despliegue de cinismo administrativo que pocas veces se ve con tanta claridad, el presidente de la Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Gonzalo Casaravilla, le puso un candado —aparentemente definitivo— a cualquier esperanza de una rebaja de UTE en Salto. Sus declaraciones no solo confirman una visión centralista que termina en el Río Negro, sino que revisten un tono de superioridad que resulta insultante para quienes conviven con temperaturas que promedian los 40 grados. Para el jerarca, que reside en la comodidad climática de Montevideo, el padecimiento de los salteños se soluciona con una «solidaridad» verbal, mientras las facturas de luz siguen llegando con montos impagables.
La negativa a un Beneficio tarifario de UTE en Salto no es nueva, pero los argumentos esgrimidos esta vez cruzan la frontera de lo racional. Casaravilla, con una trayectoria que incluye haber presidido la propia UTE durante los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez, conoce perfectamente los números del ente. Sin embargo, optó por una retórica casi fatalista, sugiriendo que el calor extremo es simplemente «lo que le toca a cada uno según el territorio en el que vive». Es una lógica de resignación que ignora que las políticas públicas están, precisamente, para equilibrar las desigualdades geográficas y climáticas que la propia naturaleza impone.
El escudo de la Constitución para ocultar la falta de voluntad
El argumento predilecto para frenar el costo de luz para los salteños ha sido, una vez más, el principio de igualdad establecido por la Constitución de la República. Resulta curioso que se apele a la igualdad para mantener una tarifa plana en un país donde las necesidades energéticas son diametralmente opuestas según la zona. En Salto, el uso del aire acondicionado o de sistemas de refrigeración no es un lujo de clase alta; es una necesidad básica de supervivencia y salud pública que el ente estatal prefiere cobrar a precio de oro.
La postura de Casaravilla deja entrever que, bajo su mando en el organismo binacional, la balanza siempre se inclinará hacia el lado de la recaudación fiscal y no hacia el bienestar de los usuarios. Resulta paradójico que la energía que se genera en las propias narices de los salteños, gracias a la represa de Salto Grande, termine siendo un peso económico insoportable para la producción y el consumo local. El centralismo montevideano parece no entender —o no querer entender— que la igualdad constitucional no es tratar a todos por igual, sino dar a cada uno lo que necesita según su situación particular.
Una trayectoria de negativas constantes al litoral
El hecho de que Casaravilla haya sido el máximo jerarca de UTE en el pasado explica, en gran medida, la rigidez del sistema actual frente a la rebaja de UTE en Salto. No estamos ante un tecnicismo legal infranqueable, sino ante una decisión política que se arrastra desde hace más de una década. La «solidaridad» que el jerarca dice sentir en carne propia es apenas un saludo a la bandera, un gesto vacío que no paga facturas ni alivia la asfixia económica de las familias del norte uruguayo.
Mientras el presidente de la delegación uruguaya asegura que en Montevideo «estos días» solo ocurren diez veces al año, en Salto el verano se extiende por meses, transformando los hogares en hornos eléctricos. La negativa a implementar una tarifa diferencial no es solo un error administrativo, es una falta de sensibilidad social que profundiza la brecha entre el país de servicios de la capital y el país productivo del interior. Si la CTM no puede influir en que la riqueza generada en el departamento se traduzca en un alivio real para su gente, cabe preguntarse para qué sirve realmente la representación uruguaya en dicho organismo.
El costo de enfriar el norte en un sistema injusto
La realidad es que, sin una rebaja de UTE en Salto, el desarrollo regional sigue estando limitado por el costo operativo de la energía. Comercios que cierran, industrias que no se instalan y familias que deben elegir entre prender un ventilador o comprar comida; ese es el saldo de la política tarifaria que Casaravilla defiende a capa y espada. La apelación al territorio como un destino inalterable es la claudicación del Estado en su rol de protector de los ciudadanos más vulnerables frente a las inclemencias del tiempo.
El debate por la rebaja de UTE en Salto no va a desaparecer con una declaración condescendiente desde una oficina con vista a la rambla. Por el contrario, la indignación crece al ver que quienes tienen el poder de decisión eligen escudarse en tecnicismos para no tocar la caja del Estado. El norte del país produce la energía, pero Montevideo se queda con el beneficio y el resto de los uruguayos con la factura más alta de la región. Corregir esta asimetría es una cuestión de justicia básica que, por lo visto, no figura en la agenda de la actual administración de Salto Grande.
¿Es aceptable que un jerarca que vive en la comodidad del sur despache el sufrimiento climático de miles de compatriotas como una simple cuestión de «suerte territorial»?