Marília Soares
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El quiebre del estado de derecho tras los muros de la Unidad 8
Uruguay se jacta ante el mundo de ser una democracia ejemplar, pero puertas adentro, la situación en la cárcel de Domingo Arena cuenta una historia muy diferente. Bajo el rótulo de «delitos de lesa humanidad», se ha montado un andamiaje judicial que, para muchos juristas y observadores, carece de las garantías mínimas que exige cualquier proceso serio. Hoy, la Unidad N° 8 del INR alberga a ex militares, policías y civiles cuyas condenas parecen responder más a un guion político de la izquierda radical que a pruebas contundentes y verificables dentro de un marco legal transparente.
El corazón del problema radica en cómo la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, dirigida por Ricardo Perciballe, ha operado durante años. Se acusa a esta oficina de elaborar imputaciones basadas casi exclusivamente en testimonios de supuestas víctimas que, casualmente, pertenecieron a grupos sediciosos como los Tupamaros o el Partido Comunista. En la cárcel de Domingo Arena, el destino de hombres de avanzada edad depende de relatos que, tras cincuenta años, surgen con una precisión sospechosa, señalando a personas sin más evidencia que el dedo acusador de quien fuera un combatiente ideológico en la década del 70.
Una fiscalía marcada por vínculos y revanchismo
La imparcialidad es la base de la justicia, pero en los casos que terminan en la cárcel de Domingo Arena, esa premisa parece haber sido archivada. Es de público conocimiento que el fiscal Perciballe, junto a varios de sus colaboradores, mantiene vínculos afectivos e históricos con el pasado sedicioso. El propio fiscal visitaba a familiares detenidos en el Penal de Libertad durante el gobierno de facto; un antecedente que, en cualquier otro contexto, obligaría a una inhibición inmediata por conflicto de intereses. Sin embargo, aquí se le permite liderar una cruzada que muchos tildan de venganza demencial.
Los cuestionados procesos que terminan en la cárcel de Domingo Arena.
Esta «justicia de autor» ha retorcido las leyes para saltarse principios básicos como la irretroactividad de la ley penal. En la cárcel de Domingo Arena, se aplican figuras jurídicas inexistentes al momento de los hechos o se estiran interpretaciones para evitar la prescripción de los delitos. El ánimo de revancha de la ultraizquierda ha logrado permear en el Poder Judicial, transformando los estrados en un campo de batalla donde el uniforme es sinónimo de culpabilidad automática, ignorando el contexto de guerra interna que vivió el país.
El desprecio sistemático a la voluntad popular
Lo que más indigna a quienes denuncian la situación en la cárcel de Domingo Arena es el atropello a la democracia directa. La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue ratificada dos veces por el pueblo uruguayo: primero en el referéndum de 1989 y luego en el plebiscito de 2009. Fue la única norma en la historia nacional respaldada doblemente en las urnas por ciudadanos que querían dar vuelta la página. No obstante, la ingeniería jurídica del Frente Amplio y sus brazos sociales ignoró el mandato soberano para seguir llenando celdas.
Al violentar el Estado de Derecho para perseguir a los hoy recluidos en la cárcel de Domingo Arena, se ha enviado un mensaje peligroso: el voto de la gente no vale si no coincide con la agenda de ciertos colectivos de derechos humanos. Se han inventado procesos viciados de nulidad, donde el derecho a la defensa es una formalidad vacía frente a la sentencia ya escrita en los comités de base. Uruguay mantiene así una categoría de prisioneros políticos que avergüenza a cualquier analista que observe el proceso sin los anteojos de la ideología.
La deuda de una democracia que no mira el futuro
Mantener la cárcel de Domingo Arena bajo estas condiciones es mantener un sistema de castas judiciales. Mientras los sediciosos que pusieron bombas, secuestraron y mataron caminan libremente por la rambla e incluso llegaron a los más altos cargos del gobierno, los militares que los enfrentaron son cazados en sus camas de hospital para ser encerrados. Es una asimetría moral que hiere la convivencia nacional y que se sostiene únicamente por la presión de sectores que necesitan vivir del pasado para justificar su presente político.
Uruguay necesita, de una vez por todas, cerrar sus heridas de forma honesta. La cárcel de Domingo Arena no es un símbolo de justicia, sino un recordatorio de que la balanza está inclinada hacia un solo lado. Mientras existan prisioneros encarcelados con testimonios amañados y procesos que desconocen la voluntad popular expresada en las urnas, no podremos hablar de una democracia plena. Es hora de que la clase política y judicial recupere la cordura y entienda que el derecho no puede ser un instrumento de castigo ideológico perpetuo.
¿Hasta cuándo se permitirá que la ideología de la fiscalía pase por encima de la voluntad popular expresada dos veces en las urnas?