Marília Soares
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Entre patentes, silencios de prensa y privilegios de poder
En Uruguay, parece que para ciertos medios de comunicación la ética profesional es un estorbo cuando se trata de proteger intereses corporativos o políticos. El debate anual sobre el valor de la patente en Uruguay volvió a saltar a la luz pública, pero esta vez con un condimento amargo: la comprobación de que el diario El País ha decidido editorializar a través de la omisión. Informar a medias es otra forma de mentir, y cuando se oculta quiénes son los que realmente están dando la batalla contra el sistema del SUCIVE, el periodismo se convierte en una herramienta de relaciones públicas.
Recientemente, el diario El País publicó un artículo sobre cómo se fijan los aforos, pero «olvidó» mencionar a los actores clave que pusieron el tema en la agenda. No leyó usted el nombre de Uruguay al Día, ni el del denunciante Marcos Doglio, y mucho menos al que desenmascaro toda esta jugada sucia, al periodista Gonzalo Sualina, tampoco al diputado Gustavo Salle, quien ha llevado la pelea al plano jurídico. Es una falta de respeto a los colegas y a la audiencia; un intento burdo de apropiarse de una agenda ajena mientras se protege el entramado de Autodata, esa empresa privada que, en los hechos, termina dictando cuánto tenés que pagar por circular.
El rol de Autodata y el periodismo funcional de El País
El problema central no es solo técnico, es profundamente político. El valor de la patente en Uruguay no lo define un técnico neutral del Estado en una oficina pública, sino que se basa en los valores de referencia de Autodata. Esta firma privada marca la cancha para el Estado, las aseguradoras y los bancos, dejando al ciudadano común como rehén de un precio fijado entre cuatro paredes. Que un diario nacional informe esto de manera parcial, omitiendo a quienes denuncian este «peaje» privado sobre el impuesto público, es una señal de alarma sobre la salud de nuestra prensa.
Resulta escandaloso que se intente desarmar el entramado de poder sin mencionar a quienes vienen denunciando el mecanismo desde el día uno. Uruguay al Día ha mantenido una línea coherente informando lo que otros callan, mientras los medios tradicionales parecen más preocupados por no incomodar a los concesionarios y bancos que se benefician de estos valores. La responsabilidad de informar de forma completa es sagrada, pero en la calle Zelmar Michelini parece que la memoria es selectiva cuando los nombres de los denunciantes no encajan en su línea editorial.
El otro silencio incómodo: el caso del ministro Carlos Negro
Pero la falta de ética no se queda solo en el valor de la patente en Uruguay. Mientras la prensa grande recorta nombres, el sistema político ensaya su propio silencio cómplice ante un hecho de gravedad institucional. El siniestro provocado por el ministro del Interior, Carlos Negro, en el Cerrito de la Victoria, parece estar entrando en esa zona gris donde la conveniencia partidaria pesa más que la responsabilidad pública. Un joven hoy está inmovilizado, con fracturas múltiples y una vida suspendida porque un jerarca no respetó un cartel de Pare.
El ministro Carlos Negro y el debate del valor de la patente en Uruguay.
Las versiones que circulan en los pasillos partidarios indican que no estarían los votos para pedir la renuncia del ministro Negro. Es un mensaje nefasto para la sociedad uruguaya: si tenés el cargo suficiente, podés ignorar las normas de tránsito y dejar a un ciudadano postrado sin que tu sillón corra peligro. El proceso judicial seguirá su curso, pero la responsabilidad política no puede esconderse bajo la alfombra de los expedientes. El poder no debería atenuar las consecuencias; en una democracia sana, debería multiplicarlas por la responsabilidad que el cargo conlleva.
Cuando el costo de la política lo paga la gente común
Este blindaje mediático y político erosiona la confianza pública de una manera alarmante. Si el diario El País recorta la información sobre el valor de la patente en Uruguay para proteger el sistema y los partidos protegen a un ministro que causó una tragedia, ¿quién defiende al ciudadano? La respuesta es clara: la defensa surge de la información sin filtros. No se puede naturalizar que un joven termine en una cama dependiendo de cuidados permanentes mientras el sistema político calcula si le conviene o no pedir una renuncia.
En este país, donde muchos hablan pero pocos dicen la verdad completa, Uruguay al Día se planta firme. La información no es propiedad de los medios grandes ni de los políticos de turno. El valor de la patente en Uruguay es un tema de bolsillo, pero también de transparencia, y el siniestro del ministro Negro es un tema de justicia, pero también de ética pública. Seguiremos contando lo que otros prefieren callar, porque el silencio funcional es el mejor amigo del privilegio y el peor enemigo de la gente.
¿Qué clase de periodismo estamos construyendo cuando los medios más importantes del país deciden borrar de un plumazo a los protagonistas de las denuncias sociales?