Marília Soares
En Uruguay, la salud mental en el INAU ha dejado de ser un derecho humano básico para convertirse en un presupuesto «enquistado» que drena recursos públicos hacia manos privadas sin un retorno real en bienestar para los gurises. Dos informes de auditoría interna elaborados en 2025, a los que accedió el semanario Brecha, pintan un panorama desolador que debería avergonzar a todo el sistema político: servicios en nivel de «riesgo extremo», dormitorios ciegos, falta de ventilación y una vulneración de derechos que hiela la sangre. Lo que se presenta ante la opinión pública como una red de contención es, en realidad, un sistema de depósitos humanos donde los niños y adolescentes son poco más que un número de cama facturable al Estado.
La estructura del Bienestar emocional adolescentes se sostiene sobre una tercerización crónica que ninguna administración ha querido o podido desmantelar, prefiriendo pagar por el silencio de las instituciones privadas. El Instituto compra «cupos» en clínicas que, en muchos casos, ni siquiera calificaron en licitaciones públicas pero terminan recibiendo derivaciones mediante compras directas observadas sistemáticamente por el Tribunal de Cuentas. Es una tragedia cotidiana que ocurre lejos de los flashes, donde la marginación social y el abandono son el combustible de un conglomerado de empresas que lucran con el dolor de los más chicos bajo la mirada distraída de la burocracia estatal.
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Hallazgos de terror en la salud mental en el INAU
Los auditores no anduvieron con vueltas al calificar la situación: de nueve centros relevados, cuatro no se adaptan ni mínimamente a las necesidades de los pacientes. En pleno siglo XXI, el Estado uruguayo paga por internaciones en lugares con dormitorios sin ventanas, escaleras peligrosas que ya han provocado accidentes graves y un mobiliario totalmente deteriorado en más de la mitad de los centros. En estos establecimientos, la salud mental INAU Uruguay se «gestiona» en espacios que carecen de áreas recreativas, condenando a los menores a un encierro que, lejos de curar, profundiza el trauma del abandono original.
Niños y adolescentes sufren la desidia de la salud mental en el INAU. Imagen ilustrativa
Pero el horror no es solo edilicio, sino también farmacológico. Los testimonios de los gurises internados revelan una práctica sistemática de sobremedicación que roza lo criminal. Muchos adolescentes declararon sentirse «muy somnolientos» o tener dificultades para hablar sin que ningún profesional les explique qué les están administrando. «Tomo una medicación porque se me dan vuelta los ojos, pero nadie me explicó por qué», confesó uno de los entrevistados a los auditores. En el sistema de programas psicológicos INAU, la farmacología parece usarse como un chaleco de fuerza químico para mantener a los chicos «quietos» en lugar de buscar un tratamiento terapéutico serio.
Permanecer a pesar del alta: la cárcel de la burocracia
Uno de los puntos más críticos señalados por el equipo auditor es el estancamiento de los egresos en las clínicas de agudos. El informe revela que el 11% de los niños en estas clínicas permanecen internados a pesar de tener el alta médica, simplemente porque el sistema de protección no tiene un lugar adecuado a donde enviarlos. Esta situación, que constituye una privación de libertad ilegítima, es la prueba más clara de que la salud mental en el INAU está colapsada. Hay gurises que han pasado hasta cinco años en centros de «medio camino» que por definición deberían ser transitorios, perdiendo toda posibilidad de autonomía progresiva.
La falta de cupos y la lista de espera de más de 80 personas obligan al organismo a seguir alimentando a centros privados que fallan en todos los parámetros de calidad. Los auditores calificaron el riesgo como «extremo» en cuatro niveles: legal, operativo, financiero y reputacional. Es una calificación lapidaria que obliga a la administración actual de Claudia Romero y Mauricio Fuentes a tomar medidas urgentes. Sin embargo, la inacción del organismo denota una gestión ineficiente de los fondos institucionales y una falta de sensibilidad política alarmante frente a una población que está bajo su tutela directa.
Violencia y falta de control en el sistema privatizado
El relato de los adolescentes sobre el trato diario que reciben en estos centros es estremecedor y digno de una película de terror institucional. Denuncian golpes de los funcionarios y frases despectivas que buscan humillarlos y recordarles que «no son nada» por estar institucionalizados. En la salud mental en el INAU, las medidas de contención física se perciben como castigos y el sentimiento de soledad es la norma absoluta. Se van solos a llorar», dice el documento, reflejando el abandono emocional de quienes deberían estar siendo cuidados por personal especializado en trauma y salud mental.
Resulta curioso que, bajo distintas administraciones, estos informes hayan sido declarados confidenciales para «no favorecer a competidores», protegiendo los intereses empresariales por encima de la vida de los niños. La salud mental en el INAU no puede seguir siendo un coto cerrado de negocios privados a la sombra del Estado uruguayo. La auditoría deja claro que existe una carencia de respuesta institucional que favorece las recaídas y las reinternaciones constantes, creando un círculo vicioso de institucionalización que destruye cualquier futuro posible para estos jóvenes que el Estado dice proteger.
¿Es ético que el Estado uruguayo siga financiando con dinero de todos un sistema de salud mental que, en lugar de restituir derechos, termina siendo una maquinaria de castigo y somnolencia para los gurises más vulnerables?