Federica Conti
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Una diferencia de ochenta y ocho millones bajo la lupa
La discusión sobre las tarifas públicas en Uruguay ha sumado un nuevo capítulo de alta tensión técnica y política. El Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) puso sobre la mesa un dato que sacudió la modorra del verano: entre marzo y diciembre del año pasado, los consumidores habrían enfrentado un sobreprecio de combustibles cercano a los 88 millones de dólares. Según el primer informe del Barómetro Energético, esta cifra surge de comparar el precio de importación de la nafta Súper 95 y el gasoil 50S con lo que efectivamente se terminó cobrando en los surtidores locales.
La base del conflicto radica en el cambio de reglas de juego para la fijación de precios. El Poder Ejecutivo decidió alejarse de la referencia mensual del Precio de Paridad de Importación (PPI) para implementar un mecanismo bimestral que incluye el llamado «factor de estabilización». Este aditivo, que suma 1,5 pesos por litro, es visto por el organismo técnico como una carga adicional que distorsiona el mercado y genera una recaudación que, a su juicio, no debería recaer sobre el contribuyente de a pie.
La defensa de los ministerios y el factor del flete
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y llegó a través de un comunicado conjunto de los ministerios de Economía e Industria. Para las carteras oficiales, el informe del CEPP incurre en un error de sobreestimación al comparar peras con manzanas. El Ejecutivo sostiene que la recaudación asociada al factor de ajuste se ubica en realidad en los 52 millones de dólares, una cifra significativamente menor a la reportada por el organismo independiente. La discrepancia radica, según el Gobierno, en el costo del flete secundario, que ronda el peso por litro y que no estaría contemplado correctamente en las comparaciones de paridad de importación de la Ursea.
Desde la Torre Ejecutiva se enfatiza que el Precio de Planta de distribución de Ancap incluye costos logísticos que la metodología del Barómetro Energético parece haber pasado por alto. Sin embargo, este argumento técnico lejos de apagar el incendio, generó una réplica inmediata. El debate sobre el sobreprecio de combustibles en nuestro país parece haber entrado en un terreno donde la interpretación de los costos logísticos define quién tiene la razón en una cuenta millonaria que termina pagando el usuario final cada vez que carga el tanque.
Una renta monopólica en el centro de la escena
La réplica del CEPP fue tajante al defender su metodología, asegurando que la información utilizada es pública, oficial y no admite discusiones desde el punto de vista técnico. Para la fundación, la diferencia entre el precio decretado por el Ejecutivo y lo que dictaría un mercado en competencia según la Ursea constituye una «captura de renta monopólica». El punto de quiebre aquí es la gestión de los fletes: el organismo sostiene que este costo debería ser un asunto entre distribuidores y estaciones de servicio, y no una variable que Ancap use para justificar el costo final de las tarifas.
Esta situación pone de manifiesto la complejidad de desregular o transparentar un mercado históricamente centralizado como el energético en Uruguay. Mientras la Ursea intenta fijar precios de referencia competitivos, la realidad de los decretos ministeriales suele moverse por otros carriles, a menudo influenciados por las necesidades fiscales del momento. La sociedad uruguaya asiste así a una batalla de planillas Excel donde lo que se discute, en última instancia, es la eficiencia de una empresa estatal frente a los precios internacionales de la energía.
Perspectivas para el futuro de las tarifas
El escenario para 2026 se presenta desafiante, ya que la metodología actual seguirá bajo la lupa de analistas y sectores productivos. El gasoil, motor de la producción agroindustrial, cargó con unos 50 millones de dólares de ese sobreprecio de combustibles, lo que impacta directamente en la competitividad de las exportaciones uruguayas. En un país con costos fijos ya de por sí elevados, cualquier desviación de los precios de paridad internacional genera ruido y malestar en las gremiales empresariales y en el consumidor final que ve cómo la promesa de bajar los costos energéticos parece quedar postergada.
La transparencia en la gestión de Ancap y la rigurosidad de la Ursea serán fundamentales para que estas polémicas no se vuelvan crónicas. El acceso a energía a precios competitivos es una política de Estado que trasciende a cualquier gobierno de turno, y la claridad en cómo se compone cada peso del litro de nafta es un derecho ciudadano. La pregunta que queda flotando es si el «factor de estabilización» es una herramienta necesaria para evitar la volatilidad o si se ha convertido en un impuesto encubierto que castiga a quienes mueven la economía nacional.
¿Será posible alcanzar alguna vez un sistema de fijación de precios que conforme tanto a los técnicos como a los consumidores sin que el Estado dependa de esa renta adicional?