Marília Soares
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El impacto político tras el choque de Carlos Negro
La política uruguaya se vio sacudida este viernes tras conocerse los detalles del siniestro de tránsito que protagonizó el ministro del Interior, Carlos Negro, en las inmediaciones del barrio Cerrito de la Victoria. El jerarca, que viajaba en su vehículo particular, omitió una señal de Pare en el cruce de León Pérez y Capitán Basilio Araujo, impactando contra un motociclista de 21 años. Lo que podría haber sido un accidente urbano más, escaló rápidamente a una crisis institucional cuando se constató que el secretario de Estado circulaba con la licencia de conducir vencida, un hecho que lo deja en una posición de extrema vulnerabilidad política.
Las voces de la oposición no tardaron en hacerse oír, cuestionando la idoneidad moral de quien debe velar por el cumplimiento de las leyes y, sin embargo, las infringe en la vía pública. En filas del oficialismo, el clima es de cautela, aunque algunos legisladores han intentado matizar el hecho apelando a la «humanidad» del error cotidiano. No obstante, la gravedad de la omisión reglamentaria en una figura de su investidura ha dejado al Poder Ejecutivo en una situación sumamente incómoda frente a una ciudadanía que exige ejemplaridad.
Reacciones encontradas tras el incidente de Carlos Negro
El senador nacionalista Sebastián Da Silva fue uno de los primeros en romper el silencio, aunque con un tono que buscó desviar parte de la crítica hacia la gestión de la Unasev. Según Da Silva, en «las mejores familias» ocurren estos episodios, aunque lanzó un dardo directo al sugerir que el ministro debería circular siempre con chofer y custodia para evitar estos riesgos. El legislador blanco aprovechó para criticar a la «manada de izquierda» mientras confirmaba, con su habitual estilo directo, que él mismo revisaría el vencimiento de sus documentos para no caer en la misma falta.
Por otro lado, la dureza llegó desde sectores que habitualmente mantienen una línea más institucional y técnica. El senador Rodrigo Blás calificó la situación como «inexcusable», señalando una contradicción fundamental: quien vigila el cumplimiento de la norma no puede ser el primero en ignorarla de forma flagrante. Este cruce de declaraciones evidencia una fractura en la interna coalicionista sobre cómo blindar al Gobierno ante un error que muchos consideran de principiante pero con un costo político que no para de subir.
La exigencia de renuncia de Carlos Negro
Desde el Partido Colorado, el diputado Felipe Schipani fue tajante al afirmar que el titular de la cartera debe dar un paso al costado de forma inmediata. Schipani comparó el episodio con casos anteriores de la oposición en situaciones similares, argumentando que la vara ética no puede ser flexible según el color del partido. Para el diputado, la falta de ejemplaridad de Carlos Negro es un golpe directo a la credibilidad de la cartera que dirige la seguridad pública y el control vial en todo el territorio nacional.
En el plano judicial, la fiscal Viviana Maqueira ya tomó cartas en el asunto, ordenando las pericias pertinentes a Policía Científica para determinar las responsabilidades mecánicas del siniestro. Si bien la espirometría resultó negativa, el hecho de que el motociclista terminara con una lesión de cadera agrava la situación procesal del ministro. La investigación deberá determinar si la imprudencia al ignorar el cartel de Pare, sumada a la carencia de documentación vigente, configura un delito de lesiones culposas bajo la normativa vigente.
Las consecuencias para la imagen de Carlos Negro
La interna del Ministerio del Interior vive horas de total incertidumbre mientras se espera una resolución de la Torre Ejecutiva sobre su permanencia. No es la primera vez que un jerarca queda expuesto por asuntos de tránsito, pero la combinación de un cartel de Pare desobedecido y la falta de documentación vigente resulta letal para el relato oficial. La presión en las redes sociales y en los despachos oficiales no para de crecer, alimentada por la indignación de quienes enfrentan multas severas por infracciones menores.
El descargo del jerarca, quien alegó no haberse percatado del vencimiento de su libreta, parece no ser suficiente para calmar las aguas de una oposición que ya prepara pedidos de informes. En un año donde la seguridad y el respeto estricto a la ley son ejes centrales del debate electoral, este traspié personal se transforma en un lastre político difícil de soltar. La pregunta en los pasillos gubernamentales es cuánto tiempo más puede sostenerse la figura del ministro sin que el costo político afecte la imagen del propio Presidente.
¿Es posible sostener la autoridad de un Ministerio si su máxima figura admite desconocer el estado de sus propios documentos legales?