El embate de Unasev contra la postura de Sebastián Da Silva y el derecho a la rebeldía fiscal

En una nueva vuelta de tuerca a la interna política nacional, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) puso la mira sobre el senador nacionalista, disparando una polémica que escala minuto a minuto. El foco del conflicto radica en la reciente postura de Sebastián Da Silva, quien de forma frontal y sin vueltas recomendó a los contribuyentes no abonar las multas de tránsito hasta que se implementen los descuentos anunciados. Esta actitud, que para muchos es un acto de defensa al bolsillo del ciudadano, fue catalogada por Marcelo Metediera, director de la Unasev, como una «incitación al incumplimiento de las leyes».

La pulseada tiene como trasfondo la decisión del Congreso de Intendentes de dar marcha atrás con la flexibilización aplicada durante el gobierno de Lacalle Pou. Aquella medida, impulsada por el propio Da Silva, permitía pagar la patente de rodados sin necesidad de cancelar las multas pendientes. Sin embargo, con el nuevo esquema que lidera Mario Bergara desde la intendencia capitalina, se busca volver al viejo sistema de vinculación obligatoria. Ante este escenario, de lo que dijo Sebastián Da Silva surgió como un grito de guerra contra lo que él denomina un «avasallamiento estatal» que busca meterle la mano en la lata a la gente.

La postura de Sebastián Da Silva frente al sistema de multas

Marcelo Metediera, exintendente de Canelones y actual titular de la Unasev, no se quedó callado y utilizó sus redes sociales para marcar la cancha. Para el jerarca, la postura del senador es sumamente grave, considerando que se trata de un legislador nacional que juró respetar la Constitución. Metediera anunció que el departamento jurídico de la Unasev ya está estudiando qué tipo de responsabilidad le cabe al senador por instar a los ciudadanos a ignorar sus obligaciones tributarias en un Estado de derecho.

No obstante, desde filas blancas y sectores afines, se percibe la movida de Metediera como un intento de amordazar a quien solo está exponiendo una «joda» administrativa. La opinión que lanzó Da Silva se basa en que el Sucive anunció, casi de forma desesperada, una rebaja del 50% en las multas recién para marzo, lo que para el senador confirma que el cobro actual es puramente recaudatorio y abusivo. Para Da Silva, esperar a marzo no es un delito, sino una medida de sentido común ante un sistema que «limpia su culpa» con descuentos de último momento.

Entre el avasallamiento estatal y el cumplimiento de la norma

El núcleo del debate es si un representante del pueblo puede o no llamar a la desobediencia civil cuando entiende que el Estado está abusando de su poder. El mensaje del legislador es clara: pararse firme frente a un Congreso de Intendentes que parece más preocupado por la caja que por la seguridad vial. Mientras tanto, los defensores de la legalidad a rajatabla sostienen que este tipo de consejos debilitan las instituciones y fomentan un caos donde cada uno paga cuando le parece.

La realidad es que el contribuyente se encuentra en medio de un tiroteo político. Por un lado, la amenaza de sanciones y la pérdida de beneficios por no estar al día; por el otro, la seductora postura de Sebastián Da Silva que invita a no ser el «gil» que paga el 100% hoy cuando en dos meses le cobran la mitad. Esta dicotomía pone en evidencia la falta de criterios unificados en un sistema que cambia las reglas de juego según el gobierno de turno, dejando al ciudadano en una incertidumbre constante respecto a sus deudas vehiculares.

El enfrentamiento entre Metediera y Da Silva promete sumar nuevos capítulos en la Justicia, pero la discusión de fondo sobre la presión fiscal y las multas de tránsito ya está instalada en la calle. En los boliches y en las paradas de ómnibus, la gente comenta que, más allá de las formas, lo que dice el senador tiene un trasfondo de verdad que duele en el bolsillo. La Unasev podrá analizar denuncias, pero la batalla cultural sobre el «derecho a protestar contra el fisco» ya la ganó la audacia de la postura de Sebastián Da Silva.

¿Es el llamado a la desobediencia fiscal una herramienta válida de un legislador para frenar lo que considera un abuso del Estado o es un peligroso precedente que rompe el pacto social?