Escándalo en el norte: funcionario de la Intendencia de Rivera guardaba droga en su cocina

La tranquilidad de la frontera se vio sacudida este miércoles por un caso que mezcla la función pública con el submundo del microtráfico. Un hombre de 52 años, con una trayectoria de «toda la vida» como empleado en la Intendencia de Rivera, terminó formalizado por la Justicia luego de que un allanamiento en su domicilio revelara un escondite digno de una serie policial. En el interior de su horno a gas, los efectivos de la Dirección de Investigaciones encontraron un morral cargado con dosis de cocaína, marihuana y un revólver calibre 32 con la numeración limada.

La caída del trabajador del gobierno departamental de Rivera no fue producto del azar, sino de la colaboración ciudadana. Tres llamados anónimos pusieron a los sabuesos de la Regional Norte tras la pista de una vivienda donde, supuestamente, se acopiaba droga y armas. Los informantes fueron precisos: dieron el nombre, el alias y hasta el lugar exacto donde se ocultaba la mercadería. Con esta información, la Fiscalía de Tercer Turno obtuvo la orden de allanamiento que terminó confirmando las sospechas más graves.

A pesar de que el imputado alegó desconocer que el morral estaba dentro de su electrodoméstico, los ministros del Tribunal de Apelaciones fueron tajantes. Para los magistrados, resulta «plausible y razonable» que el dueño de casa supiera qué había en su cocina, un lugar de uso diario en cualquier hogar uruguayo. El funcionario de la administración municipal de Rivera ahora deberá cumplir arresto domiciliario total mientras la investigación avanza hacia el juicio oral, enfrentando cargos por depósito de sustancias prohibidas y tenencia no autorizada de armas.

La modalidad del delivery nocturno y los vínculos con la Intendencia de Rivera

Lo que comenzó como una denuncia por acopio derivó en una trama mucho más compleja que involucra el suministro de estupefacientes. Según los datos aportados por los denunciantes, el funcionario de la autoridad departamental de Rivera no solo guardaba la mercadería, sino que por las noches se subía a una moto roja para repartirla bajo la modalidad de delivery. Este «doble rol» entre el trabajo municipal y la comercialización ilegal es lo que más impacto generó en la comunidad local, donde el hombre era conocido como un vecino trabajador.

La defensa, por su parte, intentó desvincular al empleado del ejecutivo departamental de Rivera asegurando que fue «víctima de intrusos» que habrían plantado los elementos en su casa. Hicieron énfasis en que el imputado tiene hijos con vidas vinculadas al delito, sugiriendo que ellos podrían ser los verdaderos responsables. Sin embargo, la Fiscalía presentó evidencias de una «vigilancia discreta» realizada en las inmediaciones de la vivienda, donde se detuvo a consumidores que salían con dosis recién compradas, lo que debilita la teoría de la ajenidad del dueño de casa.

Un entorno familiar complicado bajo la lupa judicial

El caso no termina con el funcionario municipal. Un hijo del trabajador de la Intendencia de Rivera ya fue condenado mediante un proceso abreviado por suministro de estupefacientes, confirmando que la vivienda era un punto caliente para la Policía de Rivera. Además, una segunda persona fue imputada por ser la propietaria de otra finca que funcionaba como boca de venta vinculada a esta misma red. La investigación logró hilvanar los cabos sueltos gracias a las declaraciones de los compradores interceptados durante las tareas de vigilancia.

A pesar de los esfuerzos de sus abogados por revocar la formalización apelando a la honradez de su carrera en la Intendencia de Rivera, el Tribunal de Apelaciones confirmó la medida. El argumento de los ministros fue claro: en esta etapa procesal sobran los indicios de apariencia delictiva. La discusión sobre si el funcionario fue engañado por su propia familia o si era el cerebro de la operación quedará para la instancia del juicio oral, donde se analizarán las pruebas de las comunicaciones y los movimientos de la moto roja.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las instituciones frente al avance del narcotráfico en las zonas fronterizas. En Rivera, donde el intercambio es constante, que un funcionario de la Intendencia de Rivera se vea envuelto en un caso de esta magnitud genera una alarma que va más allá de lo policial. ¿Es posible que una estructura de venta por delivery pase desapercibida tanto tiempo para el entorno laboral de un organismo público de tal relevancia?