Marília Soares
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El retorno de la caja política a través de las tarifas
El sobreprecio de los combustibles ha vuelto a ser la norma en la economía uruguaya, dejando atrás la transparencia del sistema anterior para dar paso a un mecanismo de recaudación encubierta. Según el reciente Barómetro Energético del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP), entre marzo y diciembre de 2025, los uruguayos pagaron un excedente de US$ 88 millones por encima del Precio de Paridad de Importación (PPI). Esta cifra no es casualidad, sino el resultado directo de una decisión política de abandonar la fijación mensual técnica para adoptar un opaco «factor de estabilización».
Bajo este nuevo esquema, el Poder Ejecutivo le metió la mano en el bolsillo a la producción y a las familias uruguayas, adicionando $ 1,5 por litro de forma arbitraria. Este excesivo de los combustibles líquidos, que se repartió en US$ 39 millones para la nafta Súper 95 y US$ 50 millones para el gasoil, marca un retroceso preocupante. Lo que antes era un ahorro para la sociedad de US$ 450 millones, hoy se ha transformado en una herramienta de financiamiento fiscal que erosiona la competitividad de las empresas y encarece el costo de vida de todos.
Una renta monopólica que asfixia a la producción
La brecha entre lo que debería costar el gasoil y lo que efectivamente se paga en el surtidor refleja una «falla evidente» en el sistema. El informe del CEPP es demoledor: el costo elevado de los combustibles promedió los $2,40 por litro en la nafta y los$ 2,16 en el gasoil durante el último año. En los hechos, el PPI pasó de ser un ancla para los precios a ser una simple referencia decorativa que el gobierno ignora sistemáticamente para alimentar las arcas de Ancap y el presupuesto público.
Esta captura de renta monopólica neta se da en un contexto donde el 61% de lo que pagamos por un litro de nafta son impuestos y costos ajenos a la refinación. El valor inflado de los combustibles actúa como un lastre para el sector agropecuario y logístico, que ve cómo sus costos fijos aumentan mientras el Estado utiliza el combustible como una «herramienta de financiamiento». Es la vieja receta de usar las tarifas públicas para tapar agujeros fiscales, pero esta vez disfrazada de una nueva metodología que solo beneficia a la burocracia estatal.
Falta de transparencia y subsidios cruzados en el supergás
El análisis del CEPP también pone la lupa sobre el mercado del supergás, donde la opacidad es la regla. Existe un subsidio implícito de US$ 44 millones que no fue aprobado por el Parlamento ni aparece de forma directa en el presupuesto nacional. Este mecanismo se sostiene mediante la tarifa desmedida de los combustibles líquidos, lo que significa que quien carga nafta para ir a trabajar está subsidiando, sin saberlo y sin transparencia, una política social que debería financiarse con Rentas Generales y no con distorsiones de precios.
Esta distorsión no solo llega al consumidor final, sino que termina beneficiando a la cadena de distribución y envasado privada bajo un régimen de precios administrados. El sobreprecio de los combustibles se desvía así hacia un esquema de subsidios cruzados que, según las buenas prácticas internacionales, resulta ineficiente y poco ético. La falta de transparencia en cómo se manejan estos millones de dólares es una señal de alerta sobre la calidad democrática de la gestión energética actual.
La ineficiencia de un sistema que no compite
Finalmente, el Barómetro Energético denuncia una falla estructural en las estaciones de servicio: a pesar de que el Ejecutivo fija un precio máximo, no existe competencia real en el surtidor. Todas las estaciones cobran el máximo permitido, lo que indica que el mercado está cartelizado o simplemente no tiene incentivos para bajar los costos al usuario. El encarecimiento de los combustibles se mantiene así inalterado, sin que el beneficio de una posible eficiencia operativa llegue jamás al bolsillo de los uruguayos.
A esto se le suma el peso del Fideicomiso del Transporte, que le quitó otros US$ 67 millones a los consumidores de gasoil para sostener a las empresas de transporte de pasajeros. En definitiva, el sobreprecio de los combustibles es el síntoma de un sistema agotado que prefiere la recaudación fácil antes que la reforma estructural. Mientras la economía uruguaya inicia el 2026 desacelerada, el costo de la energía sigue siendo el freno de mano que impide cualquier señal clara de crecimiento sostenible para el país.
¿Es aceptable que el gobierno siga utilizando el sobreprecio de los combustibles como un impuesto encubierto para financiar un presupuesto que el Parlamento nunca votó de forma transparente?