Federica Conti
La sombra de la sospecha sobre la estancia María Dolores no parece disiparse con el calor del verano. Por el contrario, el tablero político uruguayo sumó una nueva pieza de tensión este miércoles, cuando Cabildo Abierto decidió elevar la apuesta en las negociaciones parlamentarias. El partido liderado por Guido Manini Ríos condicionó su apoyo a la creación de una comisión investigadora sobre la adquisición de este predio a un compromiso público por parte del sector colorado Vamos Uruguay: asegurar la comparecencia de Nicolás Chiesa, exdirector de la Granja y figura clave en la intermediación del negocio.
El proceso de compra de la estancia María Dolores, concretado por el Instituto Nacional de Colonización (INC) por una cifra cercana a los US$ 32,5 millones, ha sido tildado por diversos sectores de la oposición como un «negocio maldito» debido a las múltiples irregularidades señaladas por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, para los diputados cabildantes Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, la transparencia no puede ser parcial. Para este sector, Chiesa posee información vital sobre la vendedora del inmueble, una empresaria peruana con la que mantenía vínculos profesionales previos, lo que lo sitúa en el centro del ojo de la tormenta.
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El nexo de Nicolás Chiesa con la estancia María Dolores
La exigencia de Cabildo Abierto no cayó bien en filas coloradas. Walter Cervini, referente de Vamos Uruguay en Canelones, calificó de «absurdo» el planteo de poner nombres propios antes de que la comisión siquiera esté conformada. No obstante, Perrone insiste en que, dado que nadie está legalmente obligado a asistir a una investigadora parlamentaria, es necesario un compromiso político previo. Según el diputado, si se busca clarificar todo lo ocurrido con la estancia María Dolores, no se puede dejar afuera a quien operó como apoderado de la empresa vendedora en el pasado.
Nicolás Chiesa, quien hoy se desempeña como director en la Intendencia de Canelones bajo la administración de Francisco Legnani, ya había sido cuestionado años atrás por su doble rol entre lo público y lo privado. En el caso de la hacienda, su intervención es vista por Cabildo Abierto como el hilo conductor que debe explicar cómo se llegó a un acuerdo directo por un monto tan elevado, saltándose incluso la necesidad de contar con el quórum reglamentario en el directorio del Instituto Nacional de Colonización.
Observaciones técnicas sobre la estancia María Dolores
Más allá de los nombres propios, el sustento de la investigadora radica en las severas advertencias técnicas que rodearon la operación. La finca fue adquirida a pesar de cuatro observaciones fundamentales del Tribunal de Cuentas. Entre ellas, se destaca el incumplimiento del artículo 15 del TOCAF, ya que el INC no contaba con la disponibilidad presupuestal necesaria para un gasto de tal magnitud. Además, la compra se ratificó por Presidencia a pesar de haber obtenido solo tres de los cinco votos requeridos por la ley orgánica del instituto.
El diputado colorado Juan Martín Jorge, uno de los impulsores de la medida, ha señalado que el expediente que el establecimiento rural presenta un desorden administrativo preocupante, con cambios de fechas en informes jurídicos y ocultamiento de información relevante para los directores. Para la coalición de gobierno —o lo que queda de su coordinación legislativa—, este tema se ha vuelto una piedra en el zapato que amenaza con desgastar las relaciones internas antes del inicio del ciclo electoral más intenso.
El incierto escenario de febrero para la estancia María Dolores
El calendario legislativo marca el 23 de febrero como la fecha límite para que los diputados levanten el receso y enfrenten finalmente la votación. Hasta el momento, los 50 votos necesarios para aprobar la investigadora sobre el terreno de explotación ganadera no están asegurados. Identidad Soberana, el partido de Gustavo Salle, también mantiene una postura ambivalente, cuestionando si una investigación parlamentaria tiene sentido cuando el caso ya está siendo analizado en la órbita de la Justicia penal tras una denuncia presentada por el propio Salle.
Perrone, por su parte, ha intentado bajar el tono a la discusión sobre el precio, asegurando que tiene argumentos para demostrar que no hubo sobreprecio en las 4.000 hectáreas de el campo de producción . Sin embargo, su insistencia en la comparecencia de Chiesa sugiere que la preocupación de su partido va por el lado de los procedimientos y los posibles conflictos de interés. Para Cabildo Abierto, una investigación que no incluya a todos los actores involucrados sería una «investigación a medias» que solo serviría para fines electorales de corto plazo.
La estancia María Dolores y el futuro de Colonización
El proyecto lechero que el INC pretende desarrollar en las tierras de la estancia María Dolores ha quedado en segundo plano frente al escándalo político. La ratificación del gasto por parte del Poder Ejecutivo, a pesar de las observaciones del Tribunal de Cuentas por 4 votos a 3, pone en entredicho la rigurosidad con la que se manejan los fondos públicos destinados a la reforma agraria. Mientras los legisladores se tiran con «excusas» y «condiciones», la opinión pública observa con recelo un negocio que nació bajo el signo de la polémica y que parece destinado a terminar en los tribunales.
La pregunta que queda flotando en el ambiente legislativo es si los partidos tradicionales están dispuestos a abrir las puertas de una investigación que podría salpicar a sus propios cuadros técnicos. La estancia María Dolores es hoy mucho más que una extensión de campo; es el símbolo de una forma de gestionar que hoy está bajo la lupa de todo el espectro político nacional. La resolución de este conflicto determinará, en gran medida, la credibilidad del control parlamentario en este último tramo de la legislatura.
¿Estará dispuesta la coalición de gobierno a sacrificar a uno de sus hombres para salvar la transparencia en el caso de la estancia María Dolores?