Giuseppe Rinaldi
La investigación sobre el atentado a Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del pasado 28 de setiembre, ha tomado un rumbo definitivo que confirma los peores temores de las autoridades uruguayas. A medida que la Dirección de Inteligencia avanza en la recolección de pruebas, la figura de Sebastián Marset emerge con nitidez como el autor intelectual de la agresión. Los investigadores ya no tienen dudas de que el narco uruguayo, actualmente prófugo de la justicia internacional, fue quien dio la orden directa de atacar el domicilio de la fiscal de Corte, utilizando una estructura logística local liderada por un expolicía.
Este policía retirado de 55 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva por disposición judicial pero cuya vinculación con Marset es estrecha, recibió recientemente una extensión de su prisión preventiva por 60 días adicionales. Según fuentes cercanas al caso, este hombre fue el nexo fundamental para ejecutar el atentado a la magistrada uruguaya, coordinando no solo los movimientos de inteligencia previos en el barrio Jacinto Vera, sino también el armamento utilizado. Su hijo, Daniel Garaza, de 28 años, fue el encargado de viajar personalmente a Bolivia para traer la granada que detonó en el patio de la fiscal.
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La logística criminal detrás del atentado a Mónica Ferrero
La precisión con la que se planificó el golpe demuestra un nivel de profesionalismo delictivo alarmante. Antes de concretar el atentado a la fiscal Ferrero, los delincuentes realizaron tareas de vigilancia durante al menos 20 días utilizando una camioneta Great Wall y un Volkswagen Bora. Estos vehículos fueron captados por las cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió a la Policía reconstruir el trayecto de los implicados. La banda utilizó un tablón para acceder a las azoteas linderas y llegar al patio de la vivienda, donde efectuaron disparos y lanzaron el artefacto explosivo.
En su comparecencia ante el Parlamento, la fiscal Ferrero fue contundente sobre la gravedad de lo sucedido: «Estuve a 15 centímetros de que me mataran». La esquirla de la granada que impactó cerca de su posición pudo haber tenido consecuencias fatales, lo que transforma este hecho en el ataque más directo contra la cúpula del Ministerio Público en la historia reciente de Uruguay. El ataque a la procuradora General Mónica Ferrero no fue solo un acto de intimidación, sino un intento de magnicidio frustrado por escasos centímetros, lo que obligó a blindar las instituciones y reforzar la custodia de todos los fiscales.
Un prófugo identificado y los nexos con el narcotráfico internacional
A pesar de que ya hay siete personas imputadas por su participación en la agresión a Ferrero, la Policía todavía busca a un octavo integrante de la banda que permanece prófugo. Este individuo ha sido identificado y se sabe que ha realizado varios viajes a Argentina en los últimos meses para evadir los controles nacionales. Su captura es considerada clave para terminar de desarticular la célula operativa que Marset mantiene activa en Montevideo, la cual se nutre de delincuentes locales y, como en este caso, de exintegrantes de las fuerzas de seguridad con conocimiento táctico.
La fiscalía de Estupefacientes, liderada por un equipo que trabaja bajo estrictas medidas de seguridad, ha logrado confirmar que el arma disparada en la casa de Ferrero pertenecía al inventario policial uruguayo. Este dato agrava la situación del expolicía imputado por tráfico interno de armas y receptación. La redada posterior al atentado a Mónica Ferrero permitió también el hallazgo de documentos falsificados y celulares que los delincuentes intentaron destruir durante las persecuciones, evidenciando la orden de «no dejar rastros» que habían recibido de sus superiores en la jerarquía narco.
El miedo en el sistema judicial tras el atentado a Mónica Ferrero
La reacción del sistema político y judicial ha sido de unánime repudio, pero también de profunda preocupación por la vulnerabilidad de los operadores. Tras la acción violenta, se ha hecho evidente que el narcotráfico ya no se limita a las disputas territoriales en los barrios periféricos, sino que ha decidido confrontar directamente con el Estado en sus niveles más altos. El uso de granadas y armas reglamentarias robadas eleva la apuesta en una guerra asimétrica donde los fiscales se sienten, en palabras de la propia Ferrero, con un «temor» justificado que requiere respuestas presupuestales y de seguridad urgentes.
La Justicia continuará analizando las comunicaciones recapturadas de los celulares de los imputados, lo que podría derivar en nuevas detenciones en las próximas semanas. El atentado a Mónica Ferrero sigue siendo una causa abierta que expone la porosidad de las fronteras regionales —como lo demuestra el viaje de Garaza a Bolivia— y la facilidad con la que el crimen organizado logra corromper a quienes alguna vez juraron proteger la ley. La sociedad uruguaya asiste, con asombro y alarma, a un proceso judicial que determinará si el Estado tiene la fuerza necesaria para repeler este avance criminal.